Introducción

Bolivia atraviesa una de las coyunturas más complejas desde el golpe de Estado del año 2019. En menos de siete meses de gestión, el gobierno de Ro

drigo Paz Pereira, a través de políticas neoliberales que buscan reformar el sistema político, económico y social del país, ha logrado lo que pocos hubieran imaginado posible: reunificar, en la indignación, a sectores sociales que hasta hace poco tenían agendas y horizontes políticos distintos. Comunidades indígenas y campesinas, así como distintos sectores del pueblo trabajador, hoy están en las calles con una certeza compartida: el gobierno que llegó al poder “capitalismo para todos” gobierna —sin sorpresas para nadie— para unos pocos.

El presente artículo busca analizar el proceso político que llevó al binomio Paz–Lara a la presidencia y vicepresidencia del Estado, las medidas adoptadas durante sus primeros meses de gestión, los casos de corrupción que han marcado su imagen pública y las respuestas organizadas que los movimientos sociales han construido frente a este escenario. Lejos de tratarse de una crisis coyuntural o de una simple disputa entre actores políticos, lo que Bolivia vive hoy es la expresión de una contradicción estructural y profunda: la de un Estado que, una vez más, ha optado por los intereses del capital por encima de los derechos de las mayorías.

Desde Revuelta Malcriada, entendemos que analizar este proceso no es un ejercicio neutral. Es, ante todo, un acto político. Por eso, este texto no pretende una objetividad imposible, sino una honestidad necesaria: nombrar lo que ocurre, identificar a quiénes beneficia y a quiénes perjudica, y aportar elementos para la comprensión colectiva de una lucha que, como veremos, está lejos de terminar.

La configuración política nacional que llevó a Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara al poder

Antes de la primera vuelta de las últimas elecciones en Bolivia, el país inició un proceso de crisis económica y social derivado de la mala administración y la corrupción del expresidente Luis Arce Catacora y su equipo. En un contexto en el que el gobierno de Arce, al provenir del Movimiento al Socialismo (MAS), era interpretado como de “izquierda” —aunque, en la práctica, abrazó lógicas liberales y neoliberales—, una parte importante de la población empezó a identificarse ideológicamente con corrientes socialdemócratas, liberales y libertarias. A esta situación se sumó el hecho de que no existían candidatos o candidatas que representaran una alternativa real a la izquierda que ya había estado en el poder. Todo ello influyó en gran medida en la elección del binomio Rodrigo Paz–Edman Lara.

Es preciso resaltar que, al inicio de la campaña electoral, Rodrigo Paz no contaba con más del 5 % de apoyo en las encuestas. Sin embargo, luego de la adhesión de Lara al binomio, los números cambiaron radicalmente. Lara representaba aquel producto del proceso de cambio: alguien que había dejado atrás la pobreza, pero que no dejaba de pertenecer —por su condición de clase— al sector popular boliviano. Además, durante la campaña, el ahora vicepresidente prometió acabar con la corrupción y fomentar reformas que favorecieran a los sectores más desprotegidos. La identificación de clase con Lara y sus promesas fueron determinantes para que un sector importante que antes apoyaba al MAS, terminara votando por el binomio Paz-Lara en primera vuelta, que consolidó un 32,08 % de los votos, un 5,14 % más que Jorge Tuto Quiroga Ramírez. Es decir, el apoyo fue para Lara, no para Paz.

Sin embargo, es necesario mencionar que, en primera vuelta, los votos blancos y nulos sumaron un 21,92 %, una cifra elevadísima considerando que, en anteriores elecciones, la sumatoria de ambos llegaba, si acaso, al 5 %. En otras palabras, los candidatos plasmados en las papeletas electorales no eran una opción para aquella porción de la población que, en anteriores ocasiones, había votado por el MAS. Durante la segunda vuelta, las cosas cambiaron: los votos nulos y blancos bajaron a los niveles registrados en anteriores procesos electorales y el binomio ganador de la primera vuelta obtuvo una victoria arrolladora al alcanzar el 66,03 % del electorado boliviano.

Ahora bien, ¿por qué Rodrigo Paz Pereira obtuvo una victoria contundente en la segunda vuelta? La respuesta es simple: porque no se quería que Jorge Tuto Quiroga volviera a ser presidente del Estado. Es preciso recordar que Tuto Quiroga fue vicepresidente durante el gobierno de Hugo Banzer —dictador de Bolivia en los años 70, en el contexto del Plan Cóndor, y luego elegido democráticamente a través de un pacto de coalición de partidos en 1997, permaneciendo en el poder hasta 2001— y que, posteriormente, debido al estado de salud de Banzer, fue investido como presidente por sucesión constitucional. Durante su gestión como vicepresidente y presidente, se impulsaron intenciones privatizadoras que derivaron en la famosa “guerra del agua” del año 2000. Además, el país alcanzó niveles de desigualdad y pobreza no vistos en más de 20 años. Tomando dicho historial en cuenta, se vio a Paz Pereira como la única opción posible para tomar el poder. Como se diría popularmente: “Se eligió al menos peor”.

La asunción del poder y el giro inmediato hacia el neoliberalismo

A simple vista, se podría decir que los primeros meses del gobierno de Rodrigo Paz Pereira han demostrado que el Ejecutivo es incapaz de resolver la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, las políticas adoptadas por el presidente y su gabinete van más allá de una simple incapacidad: siguen el libreto del neoliberalismo que ha ido tomando fuerza en Latinoamérica con el fin de favorecer los intereses de las oligarquías regionales y de los Estados Unidos.

Durante la campaña electoral, Paz Pereira prometía el “capitalismo para todos”, una propuesta respaldada también por Edman Lara. Sin embargo, sus primeras acciones demostraron que la verdadera oferta era el clientelismo —es decir, estrechar lazos con quienes siempre han ostentado el poder económico y político— y profundizar —para todos y todas— las relaciones desiguales inherentes al capitalismo. Al inicio de su gobierno, Paz Pereira, junto con su gabinete ministerial, desplazó a Edman Lara de la toma de decisiones gubernamentales. Aquello provocó que el respaldo popular que tenía el gobierno —escaso y circunstancial— se posicionara en contra del Ejecutivo. Por si fuera poco, el Estado tuvo un importante acercamiento con el gobierno de Donald Trump y retomó relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.

Bolivia, durante décadas, sufrió la intervención de Estados Unidos en su economía y su política, atentando también contra los sistemas de vida de los pueblos indígenas y campesinos. Por lo tanto, las nuevas alianzas entre ambas naciones, así como el retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA), son consideradas por muchos una amenaza para la soberanía y la estabilidad interna boliviana. Con respecto a Israel, en un contexto en el que dicho Estado comanda un genocidio en Palestina y territorios aledaños, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con ese país generó alarma y rechazo en los sectores populares.

Por otra parte, una vez iniciada su gestión, el gobierno empezó una campaña para solicitar préstamos a diferentes entidades bancarias con el fin de —según ellos— solventar la crisis económica, entre las que se encuentran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante su campaña electoral, Paz expresaba que no acudiría a ningún tipo de préstamo porque el dinero estaba ahí, y que solo se debía acabar con la corrupción y “ordenar la casa” para lograr salir de la crisis. Por lo tanto, la contradicción entre su discurso y sus acciones aumentó la desconfianza hacia su administración.

Sumado a los préstamos solicitados, la administración de Paz eliminó distintos impuestos para favorecer al empresariado privado. Asimismo, eliminó el impuesto a las grandes riquezas para “atraer inversionistas”. Es a través de estas acciones que el gobierno hizo evidente el sector al que responde: aquel sector que no votó por él, pero al que le rinde cuentas de sus acciones. Además, mediante la firma del Decreto Supremo (DS) N.º 5503, el gobierno intentó eliminar la subvención a los hidrocarburos y cambiar radicalmente la política económica nacional, liberalizando las exportaciones de carne y granos, otorgando amnistía fiscal para capitales evadidos y creando contratos blindados para corporaciones internacionales con el fin de explotar los recursos estratégicos del país.

Ante esta situación, los movimientos sociales se movilizaron de manera masiva con el fin de que el DS mencionado fuera abrogado. Aquello sucedió luego de varios días de protestas y bloqueos de vías, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Sin embargo, tiempo después, mediante la promulgación de un nuevo DS, el gobierno logró reducir la subvención a los hidrocarburos sin que se produjeran protestas y, para evitar los efectos inflacionarios de dicha medida sobre la población, incrementó el salario mínimo nacional en un 20%. El problema fue que ese porcentaje de incremento salarial no satisfacía las necesidades de la población asalariada, que sufría los efectos de una inflación aún mayor. Además, considerando que más del 83% de la población boliviana vive en la informalidad, dicho incremento benefició a una escasa cantidad de personas. Por lo tanto, aquellas medidas generaron un desgaste acelerado de la imagen del gobierno de Paz.

Corrupción, corrupción y más corrupción

La imagen estatal se terminó de desplomar con los casos de corrupción habidos. Durante los seis meses de gestión, el gobierno de Rodrigo Paz estuvo vinculado a hechos, como, por ejemplo:

• El tráfico de marihuana líquida que era traída en aviones de carga de las fuerzas armadas bolivianas.

• La desaparición de artículos que se encontraban en cajas fuertes confiscadas al narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset.

• El ingreso de 32 maletas provenientes de Estados Unidos —cuyo contenido aún se desconoce, ya que no se sabe si contenían dólares o estupefacientes— al aeropuerto de Viru Viru sin control aduanero. Dichas maletas desaparecieron y, hasta el momento, no se cuenta con información sobre su localización.

• El asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, por parte de sicarios.

• El accidente aéreo de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en el aeropuerto de El Alto, que cargaba con lotes de billetes destinados al Banco Central de Bolivia (BCB). Las razones del siniestro aún no han sido esclarecidas y tampoco se sabe la cantidad exacta de dinero que traía la aeronave ni cuánto fue rescatado por el BCB.

• La cobertura por parte de la Policía Nacional de 42 vuelos realizados en Beni en avionetas, presuntamente vinculadas al narcotráfico, cobrando 10.000,00 dólares americanos por avioneta.

• La importación al país de gasolina de pésima calidad y comprada a sobreprecio.

Con respecto a la importación de la gasolina “basura”, el uso de dicho hidrocarburo ocasionó daños masivos en vehículos de todo el país, provocando así que varios sectores del transporte público realizaran distintas movilizaciones, las cuales tomaron aún más fuerza en abril y mayo. Esta situación, junto con las anteriormente mencionadas, generó que, en menos de seis meses, la población en general —que ya tenía bajas expectativas al inicio de la gestión de Paz— quedara totalmente decepcionada e indignada.

Demandas realizadas a partir de la decepción e indignación hacia el Estado

En estos momentos son diversos los sectores que se encuentran en distintas protestas en el país. En un inicio, comunidades indígenas y campesinas de Pando, encabezadas por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), realizaron una marcha hasta la ciudad de La Paz. En los días de caminata se unieron distintas organizaciones indígenas de Beni -incluida la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B).

Durante la marcha, que duró 28 días, las y los marchistas demandaron la anulación de la Ley N.º 1720. Esta norma —aprobada sin la realización de una consulta previa a comunidades indígenas y campesinas, tal como lo establece la Constitución Política del Estado (CPE)— permitía la conversión voluntaria de pequeñas propiedades en propiedades medianas y la suspensión del control de la Función Económica Social (FES) de los predios convertidos por un plazo de 10 años. De esta manera, se eliminaba el carácter “inembargable” de las pequeñas propiedades convertidas y se daba paso a un despojo directo e indirecto de estos territorios. Además, la norma facilitaba el acaparamiento y el blanqueamiento de tierras obtenidas de manera irregular por parte del sector agroindustrial.

Previo al arribo de la marcha indígena y campesina de Pando y Beni, el 1º de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) realizó un cabildo en la ciudad de El Alto con más de 80 organizaciones pertenecientes a esta central. En el cabildo se aprobó un pliego petitorio dirigido al gobierno, el cual contenía distintas demandas. Además, se decidió llevar a cabo movilizaciones permanentes hasta que el Poder Ejecutivo respondiera al documento acordado. La resolución de la COB fue la siguiente:

• Exigir el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE) y la independencia total de los poderes gubernamentales.

• Exigir la abrogación de la Ley N.º 1720.

• La convocatoria y realización inmediata de elecciones judiciales.

• Defender las empresas estatales estratégicas y prohibir cualquier intento de privatización, tercerización o recorte presupuestario que afecte el patrimonio nacional.

• Establecer la obligatoriedad de que el 100 % de las divisas provenientes de las exportaciones sean entregadas al Banco Central de Bolivia.

• La implementación de políticas destinadas a restituir el poder adquisitivo de la moneda nacional.

• Ratificar la defensa de la normativa nacional vigente.

• Rechazar una reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo y cualquier carga impositiva que afecte a los pequeños comerciantes.

• Exigir una jubilación del 100 % y prohibir que la Gestora Pública —encargada de administrar el fondo de pensiones— utilice los ahorros de las y los trabajadores para cubrir el déficit fiscal.

• Prohibir la exportación de alimentos esenciales mientras no se garantice el abastecimiento interno.

• Exigir la realización de inversiones directas para comunidades indígenas, campesinas e interculturales.

• Demandar la realización de investigaciones sobre casos de narcotráfico que implican a personas del gobierno, irregularidades en accidentes aéreos y la comercialización de gasolina de baja calidad con sobreprecio.

• Rechazar la descentralización de la salud y la educación.

• Repudiar los proyectos de ley “antibloqueo” por constituir un intento de criminalización de la protesta social.

Una vez que la marcha indígena y campesina de Pando y Beni llegó a La Paz, el 4 de mayo las dirigencias entregaron un pliego petitorio al gobierno central. Dicho pliego contenía algunas demandas ya plasmadas en el documento escrito por la COB, como, por ejemplo, la abrogación de la Ley N.º 1720 y de los proyectos de ley antibloqueo, así como el respeto a la CPE. Sin embargo, también exigieron la atención de problemáticas relacionadas con la titulación y compensación de territorios indígenas en el Beni; la paralización del Proyecto de Ley N.º 060 sobre mercados de carbono y la aprobación de la ley de bosques y sistemas de vida; la dotación de ítems de salud y educación para comunidades rurales; mejoras camineras; la erradicación progresiva de cultivos de coca en zonas no autorizadas; y la anulación de la renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes.

El día 6 de mayo, las organizaciones sociales de la marcha indígena, la COB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), así como distintas organizaciones indígena originario campesinas de La Paz, firmaron el Pacto de Unidad por la Dignidad, la Soberanía Nacional, la Defensa de la Tierra y el Territorio para el Movimiento Indígena Originario Campesino. En este pacto, además de recoger distintas demandas plasmadas en los pliegos petitorios mencionados anteriormente, se exigió la aprobación de la Ley de la Amazonía Bruno Racua, la Ley de Bosques y Otros Sistemas de Vida y la Ley de Gestión Pública para las Autonomías Indígenas; así como la participación en el proceso de construcción de un nuevo paquete de leyes anunciado por el gobierno central para tratar temas de minería, hidrocarburos e inversiones.

Por otra parte, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) demandó al gobierno que resolviera el abastecimiento irregular de diésel y gasolina, así como la inestabilidad cambiaria. Además, pidió liberar el mercado de explosivos eliminando trabas burocráticas para la compra de dinamita y agentes de voladura, así como garantizar seguridad jurídica sobre sus concesiones ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), agilizar los trámites para nuevas áreas mineras y fortalecer económicamente al sector mediante el acceso a créditos estatales e incentivos.

En el caso de los magisterios urbano y rural, ambos exigieron un incremento salarial real frente al costo de vida, el pago de la “deuda histórica” por horas trabajadas de forma gratuita, el respeto absoluto al Reglamento del Escalafón Nacional para evitar la vulneración de sus derechos laborales y la defensa irrestricta de la educación fiscal y gratuita. Además, el magisterio rural demandó la protección de sus beneficios específicos —como el salario diferenciado (Bono de Zona), la inamovilidad en colegios rurales y un nuevo bono por riesgo de vida—, además de exigir mejoras sociales concretas como posgrados gratuitos, la agilización del pago de suplencias por maternidad, la dotación de laptops y auditorías a la Gestora y a la Caja Nacional de Salud (CNS).

Acuerdos, desmovilización y levantamiento popular

Con respecto a las demandas realizadas por las comunidades indígenas y campesinas de Beni y Pando, durante los días de la marcha, el gobierno central se reunió con un sector de los manifestantes, lo que resultó en la aprobación del DS N.º 5613. Este DS establece lineamientos para la dotación y titulación de tierras en las regiones amazónicas de Pando y Beni, priorizando a comunidades campesinas e indígenas que hayan solicitado formalmente acceso a tierras fiscales disponibles y no disponibles. La promulgación de la norma provocó que unos cuantos sectores marchistas se retiraran de la caminata y volvieran a sus departamentos.

Más allá de los intentos del Ejecutivo de desmovilizar la marcha, una gran cantidad de marchistas arribaron a La Paz y establecieron un punto de vigilia a las afueras de la Asamblea Legislativa. Esto generó que la Cámara de Senadores abrogara la Ley N.º 1720 mediante la promulgación de la Ley N.º 1731. Cabe mencionar que la nueva norma establece que la asamblea debe consensuar, en un plazo de 60 días, una nueva ley que trate la conversión de pequeñas propiedades. Si bien se determina, además, que esta norma sea previamente dialogada con los sectores sociales, aquello no significa que exista una garantía real para la protección de las tierras pertenecientes a pequeños productores indígenas y campesinos. Asimismo, las demás demandas exigidas por las y los marchistas no fueron atendidas. Aun así, debido a las condiciones de salud y a la situación precaria en la que se encontraban, las y los marchistas decidieron desmovilizarse y mantenerse en vigilia permanente desde sus territorios hasta que la nueva norma sea aprobada y sus demás demandas sean atendidas.

En el caso de la FENCOMIN, el gobierno llegó a un acuerdo con dicha organización. En este acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a impulsar una ley corta para agilizar la aprobación de contratos mineros y acelerar el tratamiento de aquellos que permanecen paralizados en la Asamblea Legislativa. Asimismo, se acordó restituir el Reglamento para la emisión del Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo en áreas protegidas, facilitando nuevamente la otorgación de derechos mineros. El Gobierno también aceptó abrogar el Decreto N.º 5615, que declaraba reserva fiscal minera de determinadas áreas de Potosí, además de liberar nuevas áreas de trabajo para las cooperativas. El acuerdo incluye el incremento autorizado de volúmenes de explosivos, modificaciones en los costos de escolta militar, la incorporación de representantes cooperativistas en instancias estatales como Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la Caja Nacional de Salud, y el reconocimiento de FENCOMIN como la única federación del sector cooperativista minero.

Este acuerdo resulta preocupante porque profundiza un modelo extractivista que prioriza los intereses del sector cooperativista minero por encima de consideraciones ambientales, territoriales e incluso democráticas. La agilización de contratos mineros y la restitución del Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo en áreas protegidas pueden facilitar la expansión de actividades extractivas en territorios ecológicamente frágiles y habitados por comunidades indígenas y campesinas, debilitando los mecanismos de control y consulta social. Asimismo, la liberación de nuevas áreas de explotación y la abrogación de reservas fiscales mineras amplían el avance de la minería sobre territorios estratégicos, incrementando potenciales conflictos socioambientales. Por otro lado, el incremento autorizado de explosivos y las concesiones institucionales otorgadas a la FENCOMIN evidencian un fortalecimiento político y corporativo del sector cooperativista minero dentro del aparato estatal, lo que podría traducirse en una mayor capacidad de presión sobre las decisiones públicas y en una reducción de la capacidad reguladora del Estado frente a los impactos ambientales y sociales de la actividad minera.

Además de los acuerdos ya mencionados, el gobierno, a través de la promulgación del DS N.º 5618, condonó posibles deudas y fiscalizaciones que sectores de la FENCOMIN tienen con la Caja Nacional de Salud (CNS). Esto, por supuesto, generó rechazo por parte de los dirigentes de la CNS. En ese sentido, el pasado 18 de mayo, la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines se declaró en estado de emergencia y exigió al gobierno detener la reglamentación de dicha norma, ya que pone en riesgo los recursos destinados al sector salud.

Otros acuerdos fueron realizados con los magisterios rurales y urbanos. Entre los acuerdos más relevantes, el Ejecutivo se comprometió a destinar mayor presupuesto para educación, incluyendo horas docentes, ítems administrativos, infraestructura, conectividad y equipamiento tecnológico. Asimismo, se acordó la creación de un Bono de Bs 2.400 para estos sectores, el cual será pagado anualmente. El Gobierno también se comprometió a garantizar la plena vigencia del Reglamento del Escalafón Nacional sin modificaciones, además de consensuar con dichos sectores los procesos de ascenso de categoría y la revisión de cargas horarias y planes de estudio mediante mesas técnicas. Finalmente, se acordó trabajar en una nueva ley educativa con participación de los magisterios, fortalecer el Bachillerato Técnico Humanístico y suspender las medidas de optimización de ítems durante la presente gestión. Por último, se reafirmó la defensa de la educación pública y gratuita.

El Gobierno también llegó a un acuerdo con la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia (CSCB). De esta manera, el Ejecutivo se comprometió a mejorar la calidad de la gasolina distribuida en el país, agilizar los procesos de resarcimiento para los vehículos afectados por combustible defectuoso y crear mecanismos más rápidos y accesibles para la recepción y validación de reclamos. Asimismo, se acordó la verificación técnica de la calidad de los combustibles mediante instancias consideradas neutrales, además de avanzar en proyectos de refacción y mantenimiento de carreteras.

Cabe mencionar que los acuerdos establecidos con el Ejecutivo fueron desconocidos por algunos sectores pertenecientes a las organizaciones firmantes. Tal es el caso del magisterio rural de La Paz. Según los dirigentes de este sector, las dirigencias que negociaron el acuerdo con el Ministerio de Educación son autoprorrogadas, lo cual le quita legitimidad al pacto. En ese sentido, declararon que continuarían en pie de lucha. Asimismo, el transporte público de la ciudad de El Alto, así como también la Asociación de Transporte Libre (ATL) de Cochabamba y las bases del transporte pesado desconocieron los acuerdos alcanzados por sus dirigencias y reanudaron las medidas de bloqueo.

Por supuesto, los sectores que mantuvieron el acuerdo con el gobierno central abandonaron la marcha. Sin embargo, aquellos que continúan en protesta, luego de semanas de amedrentamiento, abuso policial, arrestos y muertos, y sin que se haya llegado a un acuerdo con el gobierno central, decidieron anular los pedidos realizados en los distintos pliegos petitorios, iniciar un levantamiento y exigir la renuncia inmediata del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira. A dicha acción se sumaron la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de la ciudad de El Alto, los Ponchos Rojos, el sector afín al expresidente Evo Morales, entre otros.

Mirada hacia el futuro del conflicto

La situación actual permite suponer que el escenario escalará hacia enfrentamientos de mayor violencia y una represión agudizada por parte del gobierno; un panorama que, con seguridad, no solo será avalado por una porción de las clases medias urbanas, sino también asistido por dicho sector con el fin de arremeter contra las luchas indígenas y campesinas.

Uno de los factores determinantes para la escalada de las protestas y represión que hoy sacuden al país es que, desde el inicio de las manifestaciones, el Ejecutivo ha evitado resolver las demandas de algunos sectores con prontitud, generando que los movimientos sociales “pierdan la paciencia”. Además, si bien algunos acuerdos logrados son beneficiosos para sectores específicos, estos significan una amenaza para la estabilidad social y económica de otros, lo cual termina por agravar el clima de conflictividad.

Sumado a esto, el gobierno —en clara colaboración con los medios de comunicación hegemónicos— ha intentado deslegitimar las distintas acciones tomadas por los movimientos sociales. En primer lugar, vinculan a todos los sectores sociales movilizados con el expresidente Evo Morales, en un afán de hacerlos parecer personas sin agencia, simples títeres políticos o radicales rezagados del antiguo gobierno. Además, en distintas ocasiones, las mismas autoridades los han tildado de “salvajes”, “narcotraficantes”, “delincuentes” o “vándalos”, entre otros adjetivos peyorativos, racistas y clasistas. Por tal motivo, es difícil —o hasta imposible— que, luego de haber sido insultados, los sectores estigmatizados encuentren canales de reconciliación con el Estado, lo que termina por fracturar aún más el tejido social.

Por otra parte, a partir del pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, hubo una radicalización de las protestas en la ciudad de La Paz. En ese contexto, el pasado 16 de mayo, el gobierno, a través de su aparato represor, inició distintos operativos para contrarrestar los puntos de bloqueo existentes en el país, los cuales dejaron como saldo cientos de heridos y detenidos, así como también casi una decena de muertos. Por supuesto, lejos de reducir la fuerza de las protestas, esto provocó que algunos de los sectores movilizados respondieran de manera violenta a la represión. A esta situación se suman actos delincuenciales aislados, cometidos por individuos no identificados, que fueron asociados convenientemente a las y los protestantes.

Lo anteriormente mencionado desencadenó —con el apoyo del gobierno— la organización de movilizaciones ciudadanas, pertenecientes a algunos sectores de la clase media boliviana, que piden el cese de la “violencia” por parte del sector movilizado, el desbloqueo de calles a nivel nacional, estado de sitio y la intervención militar, además de la rearticulación de grupos categorizados como parapoliciales por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Ahora, dichos grupos, con la excusa de defender a la “ciudadanía” de aquellos a quienes consideran “salvajes”, buscan arremeter contra los movimientos sociales. Esto es particularmente peligroso porque abre las puertas a un escenario de enfrentamiento civil de consecuencias impredecibles, donde la violencia ya no solo proviene del aparato estatal, sino también de ciudadanos organizados a favor del Estado contra sectores sociales históricamente marginados y profundamente afectados por la crisis económica que vive el país.

Cabe mencionar que la reacción de sectores urbanos, así como del gobierno de Rodrigo Paz, hacia los sectores movilizados corresponde, en gran parte, a una lucha de clases que, en el territorio nacional, ha sido configurada a través de la etnicidad de sus habitantes desde tiempos coloniales. El pensador boliviano Fausto Reinaga mencionaba las “dos Bolivias” para referirse a la división existente entre la población mestiza/europeizada y la población indígena y/o racializada. Es esta misma división o fractura la que genera que el gobierno actual, así como las clases medias urbanas, orienten el discurso mediático para cuestionar la “violencia generada” por los movimientos indígena originario campesinos, sin tomar en cuenta las acciones policiales que dejaron muertos y heridos, la estigmatización hacia los movimientos sociales y otros tipos de violencia que han sido ejercidos —tanto histórica como actualmente.

Es evidente que la lucha de clases en el país no es nueva. No obstante, esta nueva etapa del conflicto tiene un factor determinante en su continuidad y escalamiento: el riesgo de que los sectores campesinos e indígenas pierdan los derechos conquistados en los últimos 20 años, al verse afectados por las políticas excluyentes y neoliberales del presidente Rodrigo Paz. Aquello, por supuesto, no nos permite saber si Rodrigo Paz Pereira saldrá del sillón presidencial a causa de este levantamiento popular, pero sí nos da la posibilidad de asegurar que, cualquiera que sea el destino del presidente, la lucha continuará hasta que los movimientos sociales logren sus demandas, sin importar el costo que para ellos represente. Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre.

En este punto no es ninguna novedad evidenciar el viraje hacia una reestructuración estatal de corte neoliberal desde que Rodrigo Paz asumió la presidencia. Ya venimos denunciando que se trata de una contraofensiva de clase plenamente consolidada que utiliza el aparato estatal para restaurar las tasas de ganancia del gran capital. Bajo la bandera discursiva de desmontar el “Estado tranca” y promover un supuesto “capitalismo para todos”, el gobierno ha operado una captura corporativa de las instituciones públicas, integrando en su gabinete a las élites empresariales que hoy dictan la política económica del país. La presencia de figuras como Oscar Mario Justiniano Pinto el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, un empresario cruceño presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la institución que impulsó la deforestación de más de 1.170 millones de hectáreas entre 2021 y 2023, es la expresión superestructural de la necesidad del capital de disciplinar la fuerza de trabajo y redirigir el excedente hacia la renta diferencial de la tierra y la especulación financiera. Todo mientras se descarga el peso de la crisis de balanza de pagos sobre las espaldas de la clase trabajadora. Justiniano, con activos declarados por más de Bs. 18 millones y vínculos con la maderera Exomad, personifica la fusión orgánica entre el poder estatal y la fracción más depredadora del capital agroextractivista. Bajo el liderazgo gremial que él encabezó, Bolivia alcanzó en 2024 un récord histórico de destrucción ecológica: 623.383 hectáreas de ecosistemas naturales convertidas, de las cuales el 72,5% se concentraron en el departamento de Santa Cruz, expandiendo la frontera agrícola sobre tierras fiscales y territorios indígenas a favor del agronegocio. Justiniano constituye la prueba viviente de que el actual gabinete no busca “ordenar la casa”, sino disciplinar a la fuerza de trabajo y transferir el costo de la crisis fiscal a las espaldas del proletariado, mientras se blindan las tasas de ganancia del 1% más rico del país.

En este texto en vísperas del día internacional de lxs trabajadorxs, queremos enfocarnos en el entrelazamiento entre el proyecto de austeridad estatal y la precariedad laboral que se está empujando desde el Estado boliviano, y cómo se está consolidando un ajuste estructural que se encuentra en oposición total al bienestar de las mayorías. Sostenemos que los despidos masivos de trabajadores en el sector público se conectan con el desmantelamiento institucional de las mediaciones sindicales y que la profundización de la informalidad no son “efectos colaterales” de una gestión ineficiente, sino mecanismos deliberados de valorización del capital en un contexto de dependencia, crisis de balanza de pagos y aceleración del extractivismo agrario. Hablamos de la consolidación de un proyecto de precarización laboral que favorece únicamente a la clase capitalista. Además, los ajustes estatales que están llevándose a cabo bajo el lema de “detener al estado tranca” en realidad podrían estar cumpliendo una función precisa: generar las condiciones fiscales y políticas para un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La reducción de la masa salarial del sector público y el desmantelamiento de las mediaciones sindicales son, en este esquema, la condición de posibilidad para que el FMI otorgue su aval político a una nueva ronda de endeudamiento externo. De consolidarse esa orientación, las políticas de ajuste recaerían nuevamente sobre la clase trabajadora mediante mayor precarización, debilitamiento del empleo público y presión sobre los servicios sociales. En este contexto, el gobierno despliega un aparato de legitimación ideológica. Además, queremos hacer hincapié en sus operadoras pseudofeministas que tiñen de rosa los ataques a la clase obrera boliviana, reproduciendo ellas mismas las estructuras de precarización y discriminación laboral tanto dentro del estado como por fuera de él. Esto se da en un contexto en que más de un tercio de los hogares bolivianos dependen económicamente de una mujer que, en la mayoría de los casos, debe enfrentar sola la doble o triple jornada del trabajo productivo y reproductivo sin acceso a protección social. La maternidad para estas mujeres no es una “elección” que “impide cumplir sueños”, como sugiere el feminismo liberal de gabinete; es una realidad impuesta por la precariedad estructural que el Estado se niega a transformar.

Finalmente, denunciamos que a través de la popularización de la ideología del emprendedurismo en el discurso oficial y empresarial se esconde un sistema de precarización y explotación laboral que afecta de manera desproporcionada sobre todo a los sectores más jóvenes y populares expulsados del empleo asalariado.

La figura del “emprendedor” no es sino la forma mistificada que adopta el trabajo precario en la era del capitalismo de plataformas y la tercerización: sin vacaciones, sin aguinaldo, sin seguro de salud y sin jubilación, pero con la carga completa del riesgo empresarial transferida al trabajador individual.

“Masacres blancas” para la consolidación del plan de austeridad: Los despidos masivos a trabajadores públicxs por el gobierno de Rodrigo Paz

El término “masacre blanca” comenzó a resonar en medios de comunicación y declaraciones políticas desde los movimientos de trabajadores en los últimos dos meses. El mismo surge del seno del movimiento sindical boliviano y hace alusión a despidos masivos e injustificados desde el Estado o con cooperación del mismo, motivados a su vez por una reestructuración de carácter político-ideológica, con el fin de abaratar gastos salariales. Su potencia simbólica no es casual: remite a un episodio fundacional de la memoria obrera nacional: La “Masacre blanca de Catavi” de 1942, cuando la corporación Patiño Mines –emblema del superestado minero-feudal– decidió despedir a 400 mineros, la medida fue avalada y ampliada posteriormente por el propio Ministro del Trabajo pidiendo el desahucio de todo el personal de las minas de Catavi y Siglo XX para recontratar a los obreros bajo regímenes de mayor precariedad y desventaja contractual. Esto no solo buscaba abaratar los costos salariales, sino desarticular la organización obrera para recontratar mano de obra en condiciones de mayor precariedad y desventaja. Aquel episodio —inmediatamente anterior a la masacre física de diciembre de 1942— reveló la función estructural del despido masivo en el capitalismo dependiente boliviano: no se trata meramente de “ahorrar gastos”, sino de recomponer la correlación de fuerzas en el punto de producción y despojar a la clase trabajadora de sus conquistas organizativas.

Ahora 8 décadas después, a inicios de marzo del presente año la Central Obrera Boliviana (COB) se refirió a que se está dando una “masacre blanca” en referencia al despido masivo de 410 trabajadores técnicos y administrativos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El gobierno de Rodrigo Paz sostiene que esto se da “con el objetivo de optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la transparencia y responsabilidad institucional”, siendo una justificación que reproduce la retórica gerencial del new public management que acompañó las privatizaciones de los años noventa. No es casualidad que en medio de la crisis del combustible contaminado intenten culpar a los trabajadores del supuesto “sabotaje”, y que lo utilicen como justificación de los desahucios en masa. Sin embargo, la falacia de la “responsabilidad institucional” y “transparencia” se cae al momento en que se observa la tendencia de despidos en muchas otras áreas de la administración y servicios públicos que indica que nos encontramos ante un ajuste estructural de austeridad.

Otro grupo sindicalizado que está utilizando el término de «masacre blanca» para denunciar despidos masivos de funcionarixs es la Confederación Nacional de Trabajadores Municipales de Bolivia, que se declaró en lucha a mediados de abril por la defensa de la estabilidad laboral de sus afiliadxs ante los cambios de gobiernos municipales. Además, estxs trabajadores están visibilizando la normalización de una cultura de “revanchismo político”, que se impone sobre trabajadores que en su mayoría cumplen funciones netamente técnicas y de mantenimiento de infraestructura social y pública en los municipios. Sin embargo, queremos dejar en evidencia que esto no se da únicamente en el marco del revanchismo político ante el cambio de autoridades departamentales y municipales, sino que denunciamos que esto es parte de una estrategia de austeridad estatal para pavimentar el camino a reformas estructurales neoliberales más importantes.

Uno de los ejemplos centrales que devela el carácter de los despidos masivos que están ocurriendo en este momento es en el ámbito del personal de salud a nivel nacional. Por más que el Estado sigue intentando justificarlo a través del argumento de que tomaron lugar “evaluaciones técnicas que indican deficiencias en el cumplimiento de horarios y baja productividad”, el sector de trabajadores de la salud a nivel nacional se está movilizando con medidas drásticas, denunciando que les deben salarios de dos meses, que no se han desembolsado sus aportes a la Caja Nacional de Salud y a la Gestora, que están tomando lugar muchos despidos injustificados. Por lo mismo, el día 9 de abril lxs trabajadores del servicio sanitario de los diferentes departamentos, incluidos los médicos y especialistas de los hospitales públicos, convocaron a un paro nacional de 24 horas. En respuesta a estas movilizaciones, el Ejecutivo argumentó que se encuentra en un necesario “proceso de evaluación y reordenamiento del sistema sanitario”, obviando que estas acciones dejan al descubierto que están desfinanciando y precarizando aún más a un sector que ofrece una atención totalmente imprescindible para la población boliviana, como es el acceso a la salud pública.

Casi al simultáneo del proceso de neoliberalización de los servicios municipales, el gobierno de Rodrigo Paz anunció el día 15 de abril el Decreto Supremo 5604, que redefine por completo la estructura del mismo Ministerio de Trabajo. La medida elimina los viceministerios y los fusiona en una sola instancia: el nuevo Viceministerio de Trabajo, Empleo, Servicio Civil y Previsión Social. Lo que por supuesto también implica una ola de cesantías de trabajadorxs estatales bajo el argumento de “eliminar el estado tranca” y de “eficiencia administrativa”, además, el Ejecutivo reduciría de seis a tres las direcciones generales. Dentro de esa medida se encuentra la eliminación de la Dirección de Asuntos Sindicales del Ministerio de Trabajo. El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, denunció que esta es una “provocación clara” y que afectará directamente la vida orgánica del movimiento sindical. Ya que remueve a una de las figuras clave cuyo cargo es mediar entre el movimiento sindical y el Estado. Un intersticio que a pesar de no implicar una transformación del aparato estatal en función de los intereses de la clase obrera podría interpretarse –bajo el lente de Poulantzas– como uno de los espacios relativamente autónomos del bloque en el poder, que puede servir para administrar las contradicciones entre el Estado y el proletariado.

Por más que todo el aparataje ideológico de la burguesía —incluida la prensa hegemónica y lxs «intelectuales» liberales— se empeñe en desprestigiar al sindicalismo, como el burdo ejemplo en el que Unitel le da espacio al presidente de la CAINCO para decir que “la COB está desconectada de los trabajadores”, con toda la ironía que conlleva que la patronal de la burguesía cruceña opine al respecto de las demandas del sindicato central. Nosotrxs, en vísperas del primero de este primero de mayo, queremos denunciar que el claro desmantelamiento de las partes del Estado que velan por los derechos laborales de la clase trabajadora es una parte fundamental para terminar de consolidar un Estado que opere únicamente por los intereses de la clase propietaria. Además, que bajo la justificación de “deshacerse del estado tranca” en realidad se están deshaciendo de trabajadorxs esenciales que sostienen infraestructura estatal crítica no sólo en temas de derechos laborales, sino también en la salud, la seguridad ciudadana, la limpieza y muchas áreas de vital importancia.

Es imprescindible señalar que los recortes de gasto público, como ser sueldos y reducción de personal, no son medidas aisladas ni neutras. Responden a una lógica más amplia de reconfiguración económica orientada a generar las condiciones necesarias para acceder a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este tipo de acuerdos, lejos de ser meramente técnicos, suelen implicar compromisos de receta que restringen el margen de acción del Estado y trasladan los costos del ajuste hacia la población, profundizando las brechas sociales ya existentes. Sostenemos que esta movida no se trata de optimizar el gasto público, ahorrando en supuestos “gastos innecesarios” con el fin de invertir en los sectores estratégicos como la salud, educación y el desarrollo. Por el contrario, evidencia un cambio de paradigma en el que el Estado se retrae y cede protagonismo al sector privado, aun cuando este no garantiza ni históricamente ha garantizado la protección de derechos de la clase trabajadora. El achicamiento del Estado no es una medida de eficiencia, sino un paso previo para instalar un modelo económico que profundiza la precarización laboral, amparado en la promesa de una supuesta eficiencia y en el mito del “efecto derrame”, cuyos beneficios nunca alcanzan a la mayoría.

La clase importa: La trampa del feminismo liberal y burgués del “Viceministerio de Igualdad de Oportunidades”

Por otro lado, cabe resaltar que los procesos de política de austeridad estatal están a su vez estrechamente entrelazados con formas de opresión de género. Un ejemplo de esto es la manera en la que desde el aparataje mediático burgués del Estado se están movilizando discursos misóginos en los que acusan a mujeres en cargos públicos de “embarazarse por conveniencia para evitar despidos”, ridiculizando a las mujeres que desean maternar y haciendo ver esa decisión como una forma de oportunismo para “robarle al Estado”. El canciller Fernando Aramayo emitió unas declaraciones —que por lo mínimo deberían provocar una sanción por discriminación de género— al aseverar que en las embajadas se están manteniendo con un personal mínimo, pero que por “viveza criolla” surgieron “embarazos por doquier” con el fin de que el personal público pueda “atornillarse” en sus puestos. Parece que el canciller se olvidó de que el trabajo en las misiones diplomáticas no es precisamente el más rentable ni conveniente en este momento, ya que desde que Rodrigo Paz asumió la presidencia dejaron a muchxs trabajadores en embajadas sin recibir su sueldo por más de 5 meses seguidos. Cabe mencionar que la lucha de lxs trabajadorxs organizadxs fue la que conquistó la inamovilidad laboral para las mujeres embarazadas, y que estos intentos de desprestigiar este derecho son parte de un andamiaje capitalista y patriarcal para crear las bases ideológicas que legitimen cualquier intento de regresión.

Asimismo, a la hora de hablar sobre cómo las mujeres con hijxs —especialmente las mujeres indígenas y empobrecidas—se encuentran en una posición laboral más volátil y vulnerable dentro del Estado, necesitamos retomar el caso denunciado por la socióloga guaraní Mónica Guzmán. Quien fue invitada por la viceministra Jessica Echeverría a prestar servicios profesionales en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en La Paz sin haber obtenido un contrato formal. Ya de por sí la situación de trabajo irregular sería suficiente base para denunciar al viceministerio por faltar a los derechos laborales básicos. Sin embargo, con toda la ironía que conlleva, Mónica perdió su posibilidad de trabajo ya que fue sancionada por haber llevado consigo a su hijo de 11 meses a un evento oficial orientado a infantes realizado el 24 de febrero en el Palacio de Gobierno.

Esta situación se suma además a las declaraciones emitidas por la Directora de Igualdad de Oportunidades Durby Blanco, quien con el feminismo burgués y liberal que la caracteriza dejó en evidencia que no entiende que la mayoría de las mujeres en Bolivia no están pensando en romper los techos de cristal en sus carreras profesionales y decidiendo si quieren maternar desde la falacia de la meritocracia liberal, sino que se enfrentan a que la pobreza y la informalidad laboral se encuentran feminizadas y racializadas; el 83,2% de las mujeres bolivianas trabajan en la economía informal. Asimismo, la mayoría de las mujeres bolivianas se confronta con los altísimos niveles de explotación y precarización laboral en los que deben cumplir dobles o triples jornadas, de las cuales el trabajo reproductivo no se encuentra remunerado, y siendo que en Bolivia el 35,4% de las cabezas de familia son mujeres solteras. Finalmente, también se enfrentan a que el ínfimo salario mínimo no les alcanza para sobrevivir y alimentar a sus familias, ya que según datos del BID alrededor de 50% de las mujeres presentan ingresos laborales mensuales menores al salario mínimo nacional.

Con esto queda claro que las operadoras “feministas” y “progres” de este gobierno tienen la tarea de teñir de rosado los ataques a la clase obrera boliviana, reproduciendo ellas mismas las estructuras de precarización y discriminación laboral tanto dentro del estado como por fuera del mismo. Además de que dejan en claro que no tienen la voluntad política ni las perspectivas necesarias para construir una política de género que realmente beneficie a las mayorías trabajadoras. ¡Por eso este primero de mayo llamamos a forjar un feminismo de clase que desmantele las falacias del feminismo liberal y burgués!

La precarización latente del trabajo:¿Por qué luchar este primero de mayo?

Este primero de mayo del 2026 encuentra a nuestro país en una encrucijada histórica, se trata del primer 1º de mayo en décadas en el que un gobierno debe enfrentar a la clase trabajadora no solo desde una agenda de austeridad económica, sino desde un realineamiento geopolítico. La subordinación geopolítica activa del gobierno de Rodrigo Paz al eje imperialista anglosajón-israelí en un contexto de guerra abierta y la manera en que esta subordinación se traduce internamente en una política de administración diferencial de la muerte. No se trata únicamente de un giro diplomático pragmático; se trata, en términos de Mbembe, del ejercicio de un necropoder que decide, desde el Estado, qué vidas merecen ser protegidas y cuáles pueden ser abandonadas a la muerte social y biológica.

El alineamiento del gobierno es la inscripción del Estado boliviano en una necropolítica global que decide activamente qué poblaciones merecen vivir y cuáles pueden ser aniquiladas. Al votar contra las resoluciones que condenan el genocidio en Gaza, el gobierno de Rodrigo Paz no solo legitima la destrucción material del pueblo palestino; está performando, en el plano simbólico y geopolítico, el mismo principio que aplica internamente sobre la clase trabajadora boliviana, que la vida de ciertos cuerpos —los cuerpos racializados, los cuerpos empobrecidos, los cuerpos de las periferias— son prescindibles. En ese sentido, las “políticas económicas” que ha promulgado a lo largo de estos meses no sólo confirman su intención de desplazar al trabajador como núcleo de la economía, sino que exacerban y normalizan la precarización laboral. La precarización laboral no es simplemente una condición laboral, sino una forma de disciplinamiento social que redefine los límites de lo vivible y lo soportable.

En este marco, el impulso de Paz por profundizar la precarización no debe entenderse como un efecto colateral de políticas económicas fallidas ni como una respuesta técnica a la crisis fiscal, sino como un dispositivo central de gobierno orientado a producir activamente sujetos fragmentados y dóciles, permanentemente expuestos a la incertidumbre, cuya capacidad de organización es sistemáticamente erosionada por la fragmentación, la competencia y el miedo constante a la exclusión y la competencia despiadada entre pares igualmente vulnerables. Así, el trabajador deja de ser un sujeto político para convertirse en un individuo aislado, gestionando su propia supervivencia en condiciones cada vez más adversas sin más horizonte que la inmediatez del ingreso diario. En términos concretos, medidas como el aumento del salario mínimo a 3.350 Bs. no solo resultan insuficientes ante la compleja crisis económica por la que atraviesa Bolivia, sino que también resultan insultantes para un país que cuenta con una tasa de economía informal de 82,3%. Lejos de revertir la precarización, estas medidas terminan por consolidar un escenario en el que amplios sectores quedan estructuralmente excluidos de cualquier horizonte de estabilidad.

Aquí emerge una operación ideológica fundamental del neoliberalismo: disolver la figura del capitalista en el mito del emprendedor. ¿Quién es el capitalista? No quien se autoexplota para sobrevivir en un mercado saturado, ni quien convierte su necesidad en “emprendimiento”. El capitalista no es simplemente el que emprende para sobrevivir en un mercado saturado, sino quien detenta los medios de producción, concentra las ganancias y organiza la explotación del trabajo ajeno bajo la apariencia de libertad económica. En el caso boliviano, la informalidad está lejos de ser un espacio de autonomía económica, se configura como el terreno privilegiado donde la precarización se intensifica sin mediaciones ni garantías.

La retórica del “propio jefe” cumple así una función profundamente desmovilizadora. Presenta como emancipación lo que en realidad es abandono; nombra como autonomía lo que no es más que desprotección estructural. En un contexto donde millones de trabajadores deben inventarse diariamente una fuente de ingreso —desde el comercio ambulante hasta el trabajo por cuenta propia altamente inestable— la figura del emprendedor opera como una narrativa que invisibiliza la ausencia de derechos, la falta de seguridad social y la transferencia total del riesgo hacia el individuo.

Bajo este paradigma, el trabajador precarizado ya no debe reconocerse como parte de una clase, sino imaginarse como una microempresa en competencia permanente con otros igualmente precarizados. La explotación no desaparece: se descentraliza, se fragmenta y se vuelve más difícil de identificar, precisamente porque ya no adopta la forma clásica de la relación salarial estable, sino la de una multiplicidad de relaciones difusas; desreguladas y altamente desiguales.

Es precisamente en este punto donde la precarización deja de ser únicamente un fenómeno económico y para operar también en el plano de la subjetividad. Como advierte Mark Fisher, el capitalismo contemporáneo no solo organiza las condiciones materiales de existencia, sino también los límites de lo pensable. La inseguridad permanente, lejos de generar una ruptura, tiende a interiorizarse como una condición natural, produciendo sujetos que ya ni esperan estabilidad, sino que aprenden a gestionar su propia incertidumbre como norma. Es la subjetividad del trabajador despedido de YPFB que asume que su única opción es “reinventarse” como consultor precario; es la enfermera que, sin cobrar su salario durante meses, agradece que al menos “no la han echado todavía”.

De este modo, la precarización no sólo fragmenta la capacidad de acción colectiva, sino que también desactiva la imaginación política: si no hay alternativa concebible, tampoco hay posibilidad de resistencia efectiva. La ansiedad, el agotamiento y la autoexplotación dejan de ser efectos secundarios para convertirse en mecanismos funcionales a la reproducción del sistema. Desde una lectura cercana a Achille Mbembe, esta dinámica puede entenderse en clave necropolítica: no estamos únicamente ante un sistema que explota la vida sino ante uno que administra activamente su desgaste, empujando a amplios sectores a formas de existencia marcadas por la vulnerabilidad permanente.

Nombrar la precariedad como excepción, como “desajuste temporal” o como “sacrificio necesario” constituye ya una forma de complicidad con el orden existente. La precarización no es una anomalía del capitalismo boliviano; es un dispositivo central de gobierno mediante el cual el capitalismo organiza, desgasta y gobierna la vida. Y sin embargo, se insiste en presentarla como coyuntura, como desajuste temporal o como sacrificio necesario. Esa insistencia no es ingenua: es el mecanismo mediante el cual se legitima un orden que necesita de la inestabilidad para sostenerse. En este contexto, el Primero de Mayo no puede reducirse a una fecha simbólica ni a un gesto ritualizado; es, o debería ser, una irrupción política que rechace el programa de austeridad, denuncie la necropolítica del gobierno de Paz y desenmascare la ideología del emprendedurismo como coartada de la explotación.

Contexto

El pasado 10 de abril de 2026, el gobierno actual, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, promulgó la Ley N.º 1720, que permite al Instituto Nacional de Reforma Agraria convertir pequeñas propiedades agrarias en medianas en un plazo máximo de 10 días, una vez que la o el propietario del predio haya presentado una solicitud voluntaria y por escrito (Art. 3; Art. 4. I.). Asimismo, la norma establece un plazo de 10 años desde la conversión del predio para realizar la verificación de la Función Económica y Social (FES) (Art. 4. III).

Esta ley fue sancionada en un inicio por la cámara de diputados en 2024, para luego ser impulsada por el senador Branko Marinkovic y aprobada en el nuevo ciclo legislativo (Céspedes Quiroz, 2026). Cabe mencionar que Marinkovic es un magnate latifundista de ascendencia croata, cuyo pasado está marcado por denuncias y procesos relacionados con la manipulación de redes gubernamentales para la obtención fraudulenta de más de 33.000 hectáreas en la Chiquitanía boliviana. Según Marinkovic, esta ley ayudaría a las comunidades indígenas del país a acceder a créditos y, con ello, a desarrollar sus capacidades productivas. En ese sentido, con un tono paternalista, el senador defendió la ley diciendo: “…Yo quiero que sea libre el campesino, yo no quiero que sea pobre, quiero que crezca…” y “…Si un campesino dice ‘¿sabes qué? Media parcela la vendí y me la voy a gastar en putas y en tragos’, que lo haga: [la tierra] es de él…”.

Las declaraciones de Marinkovic no sólo revelan una percepción colonial sobre el posicionamiento de las comunidades indígenas y campesinas respecto a sus territorios, reproduciendo las mismas relaciones de subordinación racial y territorial que estructuraron el orden colonial, sino que también se articulan con las relaciones capitalistas de producción. Esto desenmascara los intereses que él y el sector agroempresarial —su sector— tienen sobre dichas tierras: la mercantilización y el acaparamiento de tierras que no les pertenecen para enriquecerse aún más a costa de sectores históricamente marginados. Pretenden destruir la base material —la pequeña propiedad inembargable— sobre la cual descansa la soberanía de las comunidades. El despojo, entonces, es simultáneamente colonial y capitalista.

Por supuesto, ante dicha situación, diversas organizaciones indígenas y campesinas se declararon en emergencia e iniciaron movilizaciones con el fin de eliminar la Ley N.º 1720. Es así que, bajo el liderazgo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), las comunidades indígenas y campesinas iniciaron una marcha desde ese departamento, la cual pretende llegar hasta la ciudad de La Paz. Esta marcha, hasta la fecha, ya ha recibido el apoyo y acompañamiento de distintas comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de todo el país.

Según el ejecutivo de la FSUTCP, Yeri Galindo, la ley promulgada no fue consultada a las bases, lo cual hizo saltar las alarmas y las movilizaciones. Asimismo, Gerardo Montaño, secretario de comunicación de la federación, sostuvo que: “Es un atentado contra el régimen agrario y debilita el carácter de protección social de los territorios indígenas originarios campesinos (…) [la ley] abre paso a la mercantilización y concentración de tierras en el país”.

En este contexto, más allá de las declaraciones y de la narrativa oficial que presenta la Ley N.º 1720 como un instrumento para dinamizar la economía rural y facilitar el acceso al crédito, desde Revuelta Malcriada nos posicionamos en defensa de las demandas planteadas por las organizaciones campesinas e indígenas que hoy se encuentran en pie de lucha. En ese sentido, este artículo busca examinar las implicaciones estructurales que la aplicación de esta ley tiene sobre la tenencia de la tierra en dichos sectores y sobre los mecanismos de protección colectiva, con el fin de comprender por qué su vigencia no solo resulta cuestionable, sino que justifica su abrogación.

¿Qué son la pequeña propiedad y la propiedad mediana?

Para entender las trampas dentro de los discursos por parte de las autoridades, así como las consecuencias de esta ley sobre las comunidades indígenas y campesinas, y la población en su conjunto, primero es necesario comprender qué son la pequeña propiedad y la propiedad mediana, y cuáles son sus propósitos según las normas que rigen en Bolivia.

La pequeña propiedad es aquella que constituye el patrimonio familiar; es indivisible y goza de protección constitucional que la hace inembargable, además de estar exenta del pago de impuestos a la propiedad agraria (Ley N° 1715, 1996, art. 41, num. I, inc. 2). Su producción está destinada primordialmente al sustento de la familia. Por el contrario, la propiedad mediana hace referencia a aquella cuya producción se destina al mercado, se explota mayormente a través de trabajadores asalariados y emplea medios técnico-mecánicos. Debido a su carácter comercial, esta figura sí está sujeta a embargo en caso de deudas financieras y, a diferencia de la pequeña propiedad, está sujeta a reversión si se comprueba el incumplimiento de la FES (Ley N° 1715, 1996, art. 41, num. I, inc. 3).

Argumentos de las autoridades bolivianas para la aplicación de la ley y las mentirillas detrás de ellos

Es imperativo desmentir la narrativa que sostiene que el pequeño productor no puede acceder a financiamiento. Este discurso omite deliberadamente que el sistema financiero boliviano ya contempla mecanismos de crédito para este sector sin necesidad de arriesgar el patrimonio familiar. Instituciones de financiamiento privadas y públicas, como el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), operan históricamente con garantías prendarias o garantías comunales basadas en el control social, reconociendo que la pequeña propiedad es inembargable.

El problema de dichos créditos es su dificultad de acceso. En consecuencia, el conflicto no radica en la inexistencia de líneas de crédito para las pequeñas propiedades agrícolas, sino en las barreras de entrada, causadas por la ausencia de políticas públicas que dinamicen el financiamiento agrario. Resulta imperativo, entonces, contar con normas que faciliten este acceso a los pequeños productores sin obligarlos a arriesgar su patrimonio; una protección que la Ley N.º 1720 no solo no garantiza, sino que, por el contrario, vulnera al fomentar la embargabilidad.

Por otro lado, el carácter “voluntario” de la aplicación de la ley —argumento que Paz Pereira y Marinkovic utilizan como escudo— es una falacia. En un contexto de abandono estatal a la población rural, donde el 50% de este sector vive en condiciones de pobreza, es muy probable que una gran cantidad de pequeños productores elija convertir sus tierras en la categoría de mediana propiedad. Esta decisión no nacería de la libertad, sino de la desesperación por acceder fácilmente a créditos de entidades financieras privadas —una opción que las autoridades presentan como su única salvación para salir de la pobreza— para salir de la necesidad.

En este escenario, la retórica de Marinkovic sobre la "libertad" de vender la tierra para gastar el dinero en “putas” y “trago” no es una defensa de la autonomía, sino un desprecio colonial. Esta narrativa busca romper el vínculo social con el territorio, otorgando al campesino la "libertad" de autodestruirse y enajenar su patrimonio. No es una apuesta por el progreso, sino un mecanismo de despojo disfrazado de libre albedrío para concentrar la tierra. Es la mercantilización de la vulnerabilidad campesina e indígena que podría tener consecuencias devastadoras si la aplicación de la ley se vuelve masiva.

Consecuencias de la ley sobre la seguridad y soberanía alimentaria

En Bolivia, la agricultura familiar —que se practica mayormente en pequeñas propiedades— aporta al 87.6% de la producción de cultivos destinados a la canasta básica familiar. En ese sentido, el cambio masivo de categoría de la pequeña propiedad a mediana puede alterar profundamente la lógica productiva del campo, ya que el enfoque de la tierra deja de ser la subsistencia para volcarse principalmente en satisfacer las demandas del mercado. Es decir, se corre el riesgo de dejar de priorizar la producción orientada al autoconsumo y la venta de excedentes, para dar paso a la producción de commodities que prioricen la acumulación de capital.

De darse tal situación, la seguridad y soberanía alimentaria en el país se verían altamente afectadas, ya que, a menor abastecimiento interno de alimentos, mayor será la dependencia de las importaciones. Esto supone que los productos aumentarían de precio y, por lo tanto, habría menor disponibilidad para las y los consumidores de escasos recursos. Asimismo, el incremento de la dependencia de la importación de productos alimentarios lleva a las y los consumidores a no tener control sobre la calidad de los alimentos que se ingieren ni sobre las condiciones en las que estos fueron producidos, procesados y transportados, lo que puede implicar mayores riesgos para la salud, así como una pérdida de soberanía sobre los sistemas alimentarios nacionales.

Otra consecuencia crítica que la aplicación de la Ley No. 1720 podría provocar es la pérdida de saberes ancestrales que definen la memoria colectiva, la autonomía alimentaria y la estabilidad ecológica regional. A esta erosión de conocimiento colectivo se suma el posible desplazamiento de semillas nativas por variedades industriales controladas por corporaciones, generando una dependencia estructural. Asimismo, la orientación comercial de la propiedad mediana impone el uso intensivo de agrotóxicos en un contexto nacional donde el control estatal es inexistente. Este incremento de pesticidas bioacumulables no solo degrada el entorno, sino que representa un riesgo sanitario directo para productores y consumidores.

Consecuencias de la ley sobre las fuentes de empleo y el flujo migratorio campo-ciudad

La agricultura familiar, además de contribuir a la alimentación de las y los bolivianos, es también el motor que genera el 89% de las fuentes laborales en el área rural. En consecuencia, el cambio de categoría de pequeñas a medianas propiedades para incentivar el acceso a créditos y, por lo tanto, la mecanización intensiva, resulta en un proceso que, lejos de beneficiar a los sectores rurales, desplaza la mano de obra tradicional. En otras palabras, en caso de que exista una conversión masiva de propiedades, la tecnificación del campo provocaría una pérdida masiva de los empleos que hoy sostienen a las comunidades rurales, fracturando el tejido social y forzando nuevos flujos migratorios hacia las ciudades.

Otro factor que sin dudas impulsa la posible migración campo-ciudad es el debilitamiento de la indivisibilidad de los predios tras el cambio de categoría impulsado por la Ley N.º 1720. Si bien el Artículo 27 de la Ley N.º 3545 (que modifica el Artículo 48 de la Ley No. 1715) establece que las propiedades agrícolas no pueden ser divididas en áreas menores a las establecidas para la pequeña propiedad, el tránsito hacia la propiedad mediana vulnera este principio de protección. Al disponer de la propiedad para fines comerciales y no de sustento, el predio queda expuesto a presiones externas y chicanas jurídicas que abren paso a la fragmentación del territorio. De suceder aquello, se generarían unidades productivas inviables que debilitarían la base material de las familias rurales, empujándolas a migrar hacia las ciudades ante la imposibilidad de sostener sus medios de vida.

A los problemas anteriormente descritos se suma la pérdida de la figura de inembargabilidad. Si una familia agricultora decide convertir su predio en propiedad mediana para acceder a crédito, podría endeudarse con el fin de adquirir maquinaria e insumos para producir. Sin embargo, ante una eventual plaga o fenómeno natural (sequía, inundación, heladas o granizo) que destruya la cosecha, se vería imposibilitada de pagar la deuda. En este escenario, la familia enfrentaría el embargo de su predio o se vería obligada a venderlo o arrendarlo para cubrir sus obligaciones. Esto, en última instancia, puede forzar su migración en busca de nuevos ingresos y desencadenar ciclos de pobreza.

Por supuesto, no toda la población desplazada tendrá los medios para lograr migrar. Una parte podría permanecer en el área rural, pero ya no como productora, sino como mano de obra disponible para el trabajo estacional en unidades agroindustriales. Este proceso implicaría una transformación profunda de las relaciones sociales de producción, en la que antiguos pequeños productores pasan a depender de ingresos salariales inestables y, en muchos casos, en condiciones más precarias. Lejos de constituir un proceso de modernización inclusiva, esto podría derivar en formas de proletarización rural que reproducen y profundizan las desigualdades existentes.

El abandono de la ruralidad y la pérdida de resistencia popular en el país

En Bolivia, desde tiempos coloniales, los sectores indígenas y campesinos han sido los principales actores de la resistencia contra las fuerzas externas que, alimentadas por la sed del capital, han buscado —y siguen buscando— adueñarse de territorios ajenos. Esta resistencia está basada en la defensa de sus formas de vida y de sus territorios; entendiéndolos no como el espacio geográfico del cual se saca provecho para generar riquezas, sino como el espacio vital donde se reproduce la cultura, la memoria comunitaria y el tejido social que sostiene la soberanía de todo el país.

Por lo tanto, la migración del campo a la ciudad que puede desencadenarse a través de la aplicación de la Ley N.º 1720 no solo representa un despojo material, sino una desarticulación política estratégica: al vaciar los territorios, se extingue la primera línea de resistencia popular frente al avance extractivista. Sin comunidades enraizadas en sus parcelas, la tierra queda desprotegida, facilitando que el capital transnacional y la élite latifundista consoliden un dominio absoluto sobre los recursos estratégicos de la nación, eliminando el único contrapeso territorial capaz de oponerse a la reconfiguración de la estructura agraria en favor de intereses corporativos.

Peligros sobre los ecosistemas locales

Más allá de los posibles efectos que tendrá la Ley N.º 1720 sobre los poseedores de pequeñas propiedades, existe también la posibilidad de enfrentar graves consecuencias sobre los distintos ecosistemas que comprenden Bolivia. Como se expresó en capítulos anteriores, la mediana propiedad está orientada a la producción comercial de productos agrícolas; es decir, el modelo productivo pasa a ser de carácter convencional con el fin de maximizar ganancias. En otras palabras, el cambio de figura de pequeña propiedad a propiedad mediana puede incentivar la producción de monocultivos con un mayor uso de semillas híbridas y/o transgénicas, pesticidas, fertilizantes sintéticos y técnicas de arado semiprofundo y profundo.

En caso de que aquello sucediese, se amenazaría el equilibrio de los ecosistemas locales. En primer lugar, la soberanía genética de Bolivia se vería comprometida al promoverse el uso de semillas transgénicas e híbridas que generan un riesgo crítico de contaminación biológica por flujo génico —como ocurre actualmente con el maíz transgénico en el país— subordinando nuestro patrimonio fitogenético a patentes corporativas. A esta amenaza se suma la degradación de la tierra: el uso excesivo de fertilizantes sintéticos y el arado profundo alteran el suelo, provocando su salinización y erosión acelerada, respectivamente, lo que conduce a su desertificación. Finalmente, el arrastre de fertilizantes y pesticidas bioacumulables contamina los acuíferos, desencadenando la degradación de los ecosistemas hídricos y afectando gravemente a la flora y fauna silvestre.

Además de lo descrito con anterioridad, el cambio de pequeña a mediana propiedad para facilitar créditos bancarios e intensificar la agricultura amenaza con recrudecer la deforestación e incendios en las tierras bajas. Al convertirse la tierra en garantía hipotecaria, la presión por cumplir la Función Económica Social (FES) y asegurar el retorno de la inversión empuja a la habilitación acelerada de nuevas superficies. En este esquema financiero, el bosque en pie es relegado a "activo improductivo", incentivando el desmonte y el uso del fuego como el método más económico para la adecuación de suelos. Así, la Ley N.º 1720 institucionaliza una lógica en la que la cobertura boscosa se sacrifica para acceder al financiamiento, exacerbando la vulnerabilidad regional ante incendios descontrolados que comprometen la estabilidad climática y la biodiversidad nacional.

Más allá de los impactos reales, ¡están las trampas!

Como se ha podido observar en los capítulos anteriores, las consecuencias derivadas de la aplicación de la Ley N.º 1720 no son escasas. A estas se suman las trampas introducidas en la norma —tanto de manera implícita como explícita— y la retórica de autoridades estatales como Paz Pereira y Marinkovic, las cuales están pensadas para ocultar el verdadero fin de la ley: favorecer a las élites agroempresariales bolivianas a costa de los sectores populares.

Por ejemplo, con respecto a la postergación de la verificación de la FES por diez años, la norma no establece ninguna justificación para la ejecución de dicha acción. Entonces, ¿qué se puede deducir al respecto? Pues, en un principio, no tiene ningún beneficio para las y los propietarios que deciden realizar la conversión de sus predios de pequeñas a medianas. Dicho razonamiento se basa en que, si se pide un préstamo luego de la modificación catastral, lo más razonable sería darle un uso productivo lo más prontamente posible para poder evitar el embargo.

Por supuesto, durante la década de gracia, el propietario podría rentar el predio o cambiar su actividad original, en vez de pedir un préstamo bancario para producir. No obstante, el arrendamiento conlleva el riesgo de desertificación, impidiendo que el dueño cumpla con la FES al finalizar la prórroga; esto lo expone a la reversión o a malvender su tierra degradada a las élites. Asimismo, implementar actividades ajenas a la FES original constituye un incumplimiento técnico. Tras los diez años, el propietario carecerá de argumentos legales para defender su posesión, facilitando que los sectores agroempresariales, con mayor estructura para regularizar su situación, consoliden su control sobre la tierra frente a la indefensión del pequeño productor.

En ambos casos, el propietario pierde y el empresariado gana. Sin embargo, existe un tercer escenario: el dueño original mantiene el predio ocioso para especular y venderlo tras nueve años al sector agroempresarial. Aunque el vendedor recibe un beneficio, esto pone en riesgo a las parcelas colindantes. El nuevo propietario podría aplicar prácticas insostenibles que degraden suelos, contaminen aguas o propaguen plagas en cultivos vecinos. Ante la caída de su productividad, estos pequeños productores se verían empujados a una quiebra técnica y obligados a vender sus tierras, profundizando un ciclo de expansión latifundista que desarticula la estructura agraria local. Como se ve en esta última situación, el verdadero ganador es el sector agroindustrial.

Ahora, algunos defensores de la norma podrían decir que aquellos que convierten sus predios a la categoría mediana pueden pedir un préstamo bancario y luego tener una producción exitosa, lo que permitiría que el productor evada el embargo de su propiedad. Si bien esto puede ser cierto, es altamente improbable, ya que, sin una política estatal de acompañamiento técnico, acceso a mercados justos y provisión de insumos, es muy probable que el productor se vea atrapado en una competencia desigual frente al gran empresariado. Al final, cualquier fluctuación climática o caída en los precios de mercado lo deja vulnerable, transformando el préstamo en una trampa de endeudamiento que acelera la ejecución del embargo y la transferencia de la tierra al sector financiero o agroindustrial.

Bajo el último cuadro planteado, el sector agroempresarial obtiene, una vez más, un beneficio. Sin embargo, este no solo proviene de la obtención de la tierra —que, por supuesto, adquiriría a precio de remate—, sino también del periodo de gracia para la verificación de la FES, el cual permitiría al nuevo acreedor mantener las tierras blindadas contra la reversión administrativa por una década. Este vacío de fiscalización permite acumular tierras como activos financieros, a la espera de que la plusvalía aumente para su reventa. Así, la ley institucionaliza un mercado de tierras que fomenta el acaparamiento, priorizando el lucro corporativo en desmedro de las comunidades locales y la soberanía territorial.

Finalmente, a las trampas sobre la FES se suma el blanqueamiento de tierras para consolidar el latifundio. Según Gustavo Colque, de Fundación Tierra, existen predios registrados fraudulentamente como pequeñas propiedades por testaferros que, con la Ley N.º 1720, pueden ser legalizados. Además, la norma permite que propiedades que fueron fraccionadas y registradas como pequeñas propiedades para evitar su reversión puedan convertirse en medianas propiedades sin fiscalización. Este saneamiento viciado premia el tráfico de tierras y la ocupación ilegal, cerrando un círculo de despojo que favorece a las élites agroempresariales. Así, el Estado institucionaliza el acaparamiento, profundizando el conflicto ambiental y la desigualdad agraria en Bolivia a costa del pequeño productor.

¿Los territorios indígenas y las propiedades colectivas son afectados por esta ley?

Con respecto a las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y otras propiedades colectivas, la retórica oficial de Paz Pereira y Marinkovic sostiene que la Ley N.º 1720 no las afecta, calificando la marcha indígena de injustificada. Sin embargo, esta postura ignora deliberadamente la geografía de la resistencia: las pequeñas propiedades actúan hoy como cinturones de seguridad y barreras biológicas que protegen los territorios indígenas del avance voraz de la frontera agrícola. Al incentivar la conversión de estas parcelas en medianas propiedades destinadas al extractivismo agroempresarial, la ley elimina la última zona de amortiguamiento, dejando a las comunidades expuestas a las externalidades negativas del modelo agroindustrial.

La experiencia en la Chiquitanía ya ha demostrado que el asedio de la agroindustria no necesita ser legal para ser efectivo; la deriva de agrotóxicos, la invasión de plagas y la alteración de los microclimas locales —producto de la deforestación colindante— destruyen la viabilidad de los cultivos de subsistencia dentro de los territorios indígenas. En este escenario de degradación ambiental forzada, las comunidades se ven empujadas a una "quiebra ecológica" que las obliga a rentar sus propias tierras a los mismos sectores soyeros y ganaderos que causaron el daño. Así, la Ley N.º 1720 no necesita atacar directamente a las TCO para desarticularlas; le basta con asfixiar su entorno para forzar su integración al mercado de tierras por la vía del despojo indirecto.

Cabe mencionar que la Constitución Política del Estado (2009) estipula que se debe realizar una consulta previa a los pueblos indígenas antes de tomar medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus territorios (Art. 30. II. Inc. 15). Por lo tanto, por los riesgos que dicha ley representa para este sector, su promulgación sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas del país constituye una flagrante violación constitucional, lo cual hace que dicha norma esté viciada de nulidad. Es por ese motivo que los discursos emitidos por las autoridades de las organizaciones indígenas y campesinas no sólo son legítimos, sino que también son la única respuesta posible ante un Estado que ignora sus propias leyes para favorecer al capital.

Conclusión: ¡Ni un centímetro más para el latifundio, ni un derecho menos para quien trabaja la tierra!

Como se ha analizado, la Ley N.º 1720 no es un instrumento de progreso, sino un mecanismo de desposesión diseñado con precisión quirúrgica. Bajo el disfraz de la "modernización" y el "acceso al crédito", se esconde una estrategia para desmantelar la protección constitucional de la pequeña propiedad, asfixiar la autonomía de los territorios indígenas y expandir el dominio del latifundio extractivista. La norma ignora que la tierra, para las mayorías plurinacionales, no es un activo financiero negociable en el mercado de la especulación, sino la base material de la soberanía alimentaria y la resistencia popular.

Frente a este modelo que mercantiliza la vida, las alternativas deben ser contundentes: no necesitamos la bancarización de la tierra, sino una reforma agraria integral y popular. Esto implica fortalecer la propiedad comunitaria, garantizar precios justos para la agricultura familiar, invertir en la capacitación de productores agrícolas y en la infraestructura agrícola, así como también fomentar una transición agroecológica que nos libere de la dependencia de los agrotóxicos y las semillas transnacionales controladas por las élites.

Hoy, la dignidad camina por las carreteras del país. La marcha liderada por las y los compañeros de Pando y las organizaciones en emergencia no solo busca la abrogación de una ley nefasta; busca defender el futuro de nuestra mesa y la integridad de nuestros ecosistemas. Ante su inminente arribo a la ciudad de La Paz, es un imperativo ético y político que la población en su conjunto acompañe este reclamo. Que la llegada de la marcha sea el inicio de una resistencia inquebrantable: ¡Ni un centímetro más para el latifundio, ni un derecho menos para quien trabaja la tierra!

El episodio desencadenó la solidaridad inmediata de otros motociclistas de delivery, que acudieron a respaldar a su colega, y también la aparición oportunista del candidato a la gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien aprovechó la situación para tomar la palabra y capitalizar políticamente el suceso. Dada su vinculación como Gerente General de la plataforma Yango en Bolivia, su hipocresía resulta inaceptable.

La aparición de Velasco no fue casual. Este empresario no solo fue el creador de la primera gran plataforma de delivery local —luego absorbida por PedidosYa—, sino que, como apoderado de esta y posterior Gerente General de Yango en Bolivia, perfeccionó los algoritmos de scoring que fuerzan al repartidor a una autoexplotación constante.

Lejos de ser un hecho aislado y centrarse en las particularidades individuales de la familia agresora, este suceso debe ser leído como la continuación de una cadena de injusticias que inicia cuando se despoja al trabajador de su condición convirtiéndolo en un “socio” indefenso que asume todos los riesgos del capital.

El algoritmo como “patrón invisible”: subsunción real y externalización del capital constante

Para entender este vínculo, se debe aplicar la distinción de Marx entre el capital constante (herramientas y equipo) y el capital variable (salarios). En el modelo tradicional, el capitalista paga por ambos, obteniendo su beneficio o plusvalor únicamente del trabajo de los empleados. Sin embargo, en las plataformas de reparto ocurre una inversión perversa: el repartidor pone sus propios medios de trabajo —como su vehículo, combustible y teléfono—, pero la ganancia que genera se la queda la empresa. De esta manera, la plataforma captura el valor del esfuerzo del trabajador sin hacerse cargo de los gastos necesarios para que este pueda seguir operando, como su seguridad social o el mantenimiento de sus herramientas.

La subsunción formal ocurre cuando el capitalista supervisa el trabajo sin alterar su técnica, mientras que la subsunción real sucede cuando transforma el proceso con tecnología para producir más. En las aplicaciones de delivery el mando no depende de ser dueño de las herramientas físicas (que las pone el repartidor), sino de poseer el algoritmo, el cual actúa como un “patrón invisible” que dirige y vigila cada paso del trabajador.

Como documenta el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), cerca del 87% de los repartidores en Bolivia perciben ingresos por debajo del salario mínimo nacional, y la mayoría carece de acceso a seguridad social, aguinaldo o vacaciones (CEDLA, 2024). Esta estructura constituye la forma contemporánea de lo que Marx denominó subsunción real del trabajo bajo el capital, pero mediada por dispositivos digitales.

Empresas como PedidosYa (propiedad de Delivery Hero) y Yango han evolucionado hacia “plataformas austeras” que maximizan la extracción de plusvalía mediante una gestión algorítmica total. Este modelo se sostiene sobre el gerenciamiento algorítmico: un panóptico digital que supervisa cada segundo del repartidor vía GPS, penaliza el rechazo de pedidos y utiliza sistemas de ranking (scoring) para forzar jornadas de hasta catorce horas diarias. Los trabajadores se ven obligados a aceptar pedidos no rentables para no ser penalizados, lo que convierte la “autonomía” publicitada en una falacia.

La Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) en Bolivia ya ha sancionado a PedidosYa por imponer cláusulas de exclusividad que distorsionan el mercado y profundizan la dependencia del trabajador (AEMP, 2021). Sin embargo, las sanciones aisladas no modifican la estructura de explotación.

Cuando la familia de Marisol Negrete arrebató la moto al repartidor, no solo le quitaron un bien privado; le arrebataron su medio de subsistencia en un sistema que lo ha desposeído de todo derecho laboral. La reacción de los compañeros repartidores, que acudieron en masa a protestar frente al domicilio de los agresores, es un ejercicio de poder asociativo y resistencia frente a la atomización que impone la plataforma. Mientras la empresa se desentiende bajo la figura del “contratista independiente”, los trabajadores reconstruyen la solidaridad de clase en la calle para suplir la ausencia de protección de sus derechos.

Contra el oportunismo burgués y el seguidismo: La urgencia de una organización política de clase

Resulta hilarante y cínico el intento de Juan Pablo Velasco por capitalizar políticamente la tragedia del trabajador de la Avenida Beni. Velasco, quien hoy compite por la Gobernación de Santa Cruz y se encamina a una segunda vuelta contra Otto Ritter, no es un observador ajeno a la tragedia de la Avenida Beni, sino el arquitecto del modelo que la hizo posible.

No se puede prometer soluciones de seguridad para un sector al que, desde la gestión empresarial propia, se le ha despojado sistemáticamente de sus derechos laborales y se le ha forzado a asumir, en soledad y con su propio cuerpo, los peligros de la vía pública en beneficio de la acumulación de capital.

JP Velasco fue el creador de la primera gran plataforma de delivery local, la cual fue adquirida por la transnacional PedidosYa (propiedad de la alemana Delivery Hero) en abril de 2018. Tras la adquisición, asumió el cargo de Apoderado de la empresa entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Bajo su mando, la empresa consolidó su hegemonía en el mercado boliviano. Posteriormente, se desempeñó como Gerente General de la multinacional Yango en Bolivia, liderando su entrada agresiva al mercado mediante una estrategia de tarifas bajas para desplazar a la competencia tradicional. Como líder de estas empresas, Velasco implementó un modelo basado en la externalización total del riesgo, lo que significa que el trabajador es obligado a proveer sus propios medios de distribución: moto, celular,etc.

Estamos hablando de que bajo su dirección se perfeccionó el uso de algoritmos de scoring o ranking. Estos sistemas fuerzan al trabajador a una autoexplotación constante. El trabajador agredido en la Avenida Beni carecía de una red de protección institucional precisamente porque el modelo empresarial de Velasco se basa en categorizar falsamente al repartidor como “socio independiente” para no pagar aportes a la seguridad social. Como ese cabrón. JP en plena campaña política es el lobo vestido de oveja, esperando obtener simpatía de la clase trabajadora, aquellas personas cuyo bienestar realmente no le interesa y sus intereses son totalmente ajenos a su realidad, pero que pretende direccionarlo a su favor porque solo con el voto de la burguesía cruceña sabe que no puede coronarse como gobernador.

Entre la resistencia espontánea y la urgencia de la organización política

Queremos evidenciar cómo la explotación algorítmica y la cooptación política se entrelazan para profundizar la precarización de los trabajadores de delivery en Bolivia. Existen campañas como #Rights4Riders impulsada a nivel global por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), que exige cuatro derechos fundamentales: a) pago justo, un salario vital que cubra cada minuto de la jornada; 2) trabajo más seguro, con responsabilidad patronal total por las lesiones sufridas en el lugar de trabajo —como el caso en Santa Cruz— y protección real contra la violencia y el acoso cotidianos; 3) transparencia algorítmica, mediante la consulta y negociación con los trabajadores sobre los criterios con que los algoritmos asignan tareas, evalúan desempeño y fijan pagos, desmantelando así la “caja negra” del gerenciamiento digital, y; 4) derechos laborales básicos, es decir, el respeto a la sindicalización y a la negociación colectiva, herramientas esenciales para que el infoproletariado enfrente el poder monopólico de la plataforma. Sin embargo, todas estas demandas—por necesarias que sean— no bastan por sí mismas. Sin una organización política consciente que articule las demandas inmediatas con un programa que enfrente la estructura de acumulación —el control del algoritmo—, la propiedad de la plataforma, la relación de dependencia encubierta, las conquistas obtenidas serán siempre parciales y reversibles. La experiencia nos muestra que las empresas conceden mejoras cuando la presión es fuerte, pero en cuanto cede la movilización, recuperan terreno mediante nuevas cláusulas, ajustes algorítmicos o simplemente esperando a que los trabajadores se cansen.

La movilización espontánea de los repartidores en la Avenida Benifue fue la manifestación de una capacidad de organización cimentada en la solidaridad de clase de trabajadores que reconocen su condición común de explotación. Es una muestra de organización creciente no menor. Sin embargo, estas luchas corren el riesgo de ser absorbidas por figuras políticas que, bajo el discurso de la defensa de los “emprendedores”, buscan en realidad profundizar la desregulación.

Neri y Arze (2024) concluyen su estudio señalando que “la precarización del trabajo y la informalización de la economía son dos fenómenos que van de la mano y en detrimento de los medios de vida de las poblaciones trabajadoras”. Advierten además que este modelo de negocio retoma “elementos de formas precapitalistas, como el peonaje por deuda” ya que los trabajadores terminan endeudándose para cubrir los gastos que la empresa les transfiere. Plantean la necesidad de “retomar una mirada crítica sobre la cuestión del trabajo, la estructura y las relaciones de clase, evitando conceptos y nociones que tiendan a relativizar estos fenómenos o, peor, a fetichizarlos”. La lección que deja el episodio de Santa Cruz es clara: los trabajadores deben tomar su propia representación; es el primer paso para romper con esta lógica de explotación que los condena a la vulnerabilidad absoluta.

Limitarse a denunciar la violencia física de los Negrete y aceptar la “solidaridad” interesada y oportunista de un personaje como Velasco sería un error. Porque no basta con resistir los abusos más visibles: sin organización política capaz de articular un programa económico revolucionario que enfrente la estructura de acumulación, cualquier conquista será efímera y la precarización terminará imponiéndose de nuevo. El verdadero enemigo es esa estructura institucionalizada por corporaciones como PedidosYa y Yango, que vende el cuento de que el repartidor es su “propio jefe” para ocultar la trampa de fondo.

Se debería apuntar, entonces, a construir una organización que no solo negocie con la patronal, sino que dispute el poder de decisión sobre la tecnología, los costos y las reglas del trabajo. En esta “subsunción virtual”, el algoritmo actúa como un patrón invisible que captura el tiempo y cuerpo del repartidor para generar plusvalor que la empresa absorbe sin costo.

Como advierte la teoría crítica, la resistencia espontánea es insuficiente ante un capital monopolista que utiliza el control técnico para profundizar la precarización; se requiere una acción política organizada y global para recuperar la soberanía sobre el trabajo

En este modelo, el algoritmo se convierte en un “patrón invisible” que se adueña del tiempo, del cuerpo y de la seguridad del repartidor, obligándolo a poner su propia moto y su propio celular para así acumular ganancias mientras el repartidor ni siquiera alcanza a ganar el salario mínimo. El momento en que la aplicación deja de ser una herramienta de trabajo para convertirse en la dueña de tu vida, reduciéndote a un objeto desechable que la empresa abandona a su suerte en la calle cuando algo sale mal, es lo que llamamos subsunción.

Por eso, la solución no vendrá de los mismos empresarios que crearon esta precariedad, sino de la solidaridad y la organización política de los trabajadores en las calles que dispute el control del algoritmo, de la moto y, finalmente, de la vida del trabajador.

En el afán de analizar el primer mes del gobierno de Rodrigo Paz y Edmand Lara en Bolivia, identificamos el arranque de un proyecto de restauración hegemónica que busca, con varios tropiezos, redefinir la noción de estado-nación en Bolivia, tras un ciclo de veinte años de gobiernos del MAS-IPSP de corte nacional-popular. Observamos el dispositivo ideológico de la trinidad “Dios, Patria y Familia” como un mecanismo de naturalización de las relaciones de poder existentes en la composición de un gabinete frágil, así como la materialización del bloque en el poder, y las medidas económicas iniciales, en particular, la eliminación de impuestos a las grandes fortunas como la ejecución de un programa de shock a favor de quien pueda pagarlas.

El sábado 8 de noviembre, la toma de posesión de Rodrigo Paz y Edmand Lara inauguró no sólo un nuevo gobierno en el Estado Plurinacional de Bolivia, sino un proyecto político deliberadamente orientado al retorno del orden patrimonialista históricamente desplazado por el ciclo del gobierno progresista del MAS-IPSP, por las élites blanco-mestizas urbanas.

En el siguiente texto exploramos el andamiaje ideológico que caracterizó su primer mes de gobierno y cómo se concreta el alejamiento del supuesto “centro”, aquel que durante la campaña electoral estuvo revestido de opción “popular” y resultó develando una estrategia que nos remite a sucesos históricos de restauraciones oligárquicas dictaminadas por potencias imperiales anteriores. Analizamos la composición del gabinete, sus operadores más relevantes y las decisiones programáticas tomadas, sobre todo en materia de medioambiente, territorio, justicia y relaciones exteriores. Finalmente, elaboramos una lectura de su programa económico y sobre las medidas antipopulares que están tomando, concluyendo que estas acentúan los patrones de desigualdad preexistentes mientras fortalecen la posición estructural de las élites representadas claramente en el gabinete de Paz, que gobiernan para beneficio de sí mismos y de su clase.

1. EL ANDAMIAJE IDEOLÓGICO

El acto de posesión del 8 de noviembre de 2025 no fue un simple acto protocolar, sino un ritual de poder meticulosamente orquestado cuyo objetivo era la producción de un nuevo sentido común pseudo hegemónico que busca reconfigurar la noción misma de lo nacional, tras dos décadas de un gobierno del MAS-IPSP que - con todas sus desviaciones y contradicciones - se autoidentificaba con un proyecto nacional-popular, plurinacional y de descolonización del Estado. Se trata de un ejercicio de restauración simbólica ocultando las contradicciones materiales del capitalismo bajo un manto de tradición, fe, familia y unidad nacional.

Los elementos religiosos, como la Biblia y la cruz, que se instauraron días antes de la toma de posesión, constituyen una violación del principio de laicidad estatal, previsto en la vigente Constitución Política del Estado. Cabe resaltar que la laicidad es un pilar del liberalismo clásico, no un invento “socialista”. Estos elementos desenmascaran la verdadera naturaleza del gobierno: no son “liberales”, sino reaccionarios y conservadores, que utilizan el aparato estatal para consagrar una moral particularista. La exhibición de una edición antigua de Los cuatro Evangelios de Saturnino Calleja, misma que usó Jeanine Añez en 2019, no es un detalle menor; denota una continuidad política de quienes pretendieron gobernar forzosamente con la Biblia en la mano durante el 2019-2020, y que hoy lograron retornar al Estado.

Como continuación de las revelaciones constantes del nuevo gobierno, el día de la posesión oficial Rodrigo Paz jura, como nuevo presidente del Estado, con la célebre frase: “Dios, Patria y Familia”, declarando así sus verdaderas intenciones. Esta frase se entronca directamente con los regímenes fascistas y corporativistas del siglo XX, desde el Portugal de Salazar hasta Mussolini en Italia y la España de Franco. En la actualidad, dicha frase se utiliza como estrategia transnacional de movilización sociopolítica ante la crisis orgánica del capital, lo cual se evidencia en su uso durante las campañas de Meloni, Bolsonaro y Milei. En este sentido, es importante hacer una precisión para evitar confusiones: su uso actual NO propone el retorno a la forma-Estado fascista clásica, sino que se utilizan los significantes de la tradición, la religión y la nación para construir una “comunidad imaginada” que niega el conflicto de clases. El discurso de Paz es elocuente; retoma la frase, que en este mes fue tomando forma, y declara ante el país y el mundo su hoja de ruta.

Paz también hizo una referencia al Éxodo del pueblo de Israel, en el que Moisés busca construir un relato de “pueblo elegido” que debe ser redimido de la “desgracia” del pasado progresista. Esto va más allá de una simple e inocente metáfora; es teología política al servicio de la restauración conservadora, cuya dirección está siendo dictada por el think-tank de extrema derecha, The Heritage Foundation, en los Estados Unidos. Esta organización está fungiendo como la espina dorsal ideológica del trumpismo, e inserta la lectura evangélica neopentecostal del “pueblo elegido” con el fin de destruir y criminalizar a los movimientos progresistas anticoloniales tanto dentro del país como en sus influencias a nivel internacional.

Llama la atención que Paz afirme: “Nadie está por encima de la patria” o “transformamos el Estado para que sirva a la patria, no la patria al Estado”, identificando la “patria” con los intereses del capital. Estas frases apelan a un sentido de pertenencia emotivo conveniente, lo que, para el sociólogo marxista boliviano René Zavaleta Mercado, sería una formación aparente de la nación, una operación ideológica que enmascara las relaciones reales de poder. La “unidad” que predica es, en realidad, la anulación de las demandas de los sectores trabajadores y su disolución en una identidad nacional abstracta y subordinada al proyecto burgués. Zavaleta lo contrastaría con la nación fáctica, que es la existencia concreta, dispersa, pero persistente, de las clases populares que, a través de su cultura, su resistencia y su lucha, constituyen el sustrato material de la nacionalidad, hoy con características particulares. La “patria” de Paz parece existir por encima de la sociedad y sus conflictos reales; la “nación” de Zavaleta nace precisamente de ese conflicto. Cuando Paz afirma que “Nadie está por encima de la patria”, está instaurando un fetiche, un símbolo unificador que exige lealtad incondicional y sirve para interpelar a los individuos por fuera de su ubicación de clase, negando así la existencia de clases antinacionales (capital agroindustrial y financiero aliado al imperialismo) que, para Zavaleta, han históricamente obstaculizado la realización plena de la nación.

El gobierno de Paz busca erradicar la narrativa nacional-popular y plurinacional de las últimas décadas para instalar una nueva “verdad” oficial. Esta verdad proclama el fin de la “Bolivia aislada” y el “Bolivia vuelva al mundo”, equivaldría a renunciar a cualquier aspiración de autodeterminación frente a los centros de poder global y someterse a una inserción subordinada en el orden capitalista internacional. Así, la promesa de “capitalismo para todos” es la fórmula concreta de esta nueva verdad, un intento de presentar como sentido común universal un proyecto que beneficia fundamentalmente a las clases propietarias, algo materializado en la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF).

De la mano de la obra de Zavaleta Mercado también podemos trazar ciertas continuidades históricas a lo que sucede actualmente. Este pensador analizó cómo, desde centros de poder como Estados Unidos, se quisieron implementar modelos políticos homogéneos en América Latina. Un primer ciclo (1963-1965) disolvió gobiernos populistas y representativos mediante golpes de Estado. Un segundo ciclo, en los años 70, impuso regímenes autoritarios. Estos modelos, recibidos y aplicados por élites locales, no buscaban construir un consenso genuino en la sociedad, sino imponerlo desde arriba combinando la represión con la manipulación de los miedos y prejuicios más arraigados, para rehacer a la fuerza la realidad social en función de su proyecto económico.

Hoy, esa lógica de importación de modelos sigue vigente, pero mutó en sus formas. Rodrigo Paz encarna la versión contemporánea, técnica y austera de ese modelo. Su gobierno, avalado por las burguesías agroindustriales y financieras, aspira a un “óptimo estatal” de gestión racional y previsibilidad, en sintonía con el capital transnacional. Sin embargo, como advirtió Zavaleta, este ideal choca con la ‘forma primordial’ boliviana: una sociedad dependiente, heterogénea y movilizada, donde la relación entre el Estado y la sociedad es por naturaleza intermitente y problemática. La imposición de este ‘óptimo’ no es, por tanto, una mera administración, sino un proyecto político que busca dominar la compleja realidad nacional.

En contraste, Edmand Lara representa una mutación contemporánea de la misma lógica de dominación importada, pero convertida en puro espectáculo. Su figura se entiende como una versión actualizada, interna y personal, del mismo tipo de proyecto político que antes imponían las dictaduras. Aquellos regímenes buscaban rehacer la sociedad a la fuerza, usando la represión y manipulando los miedos más profundos de la gente para imponer un orden económico favorable a unos pocos. Lara muta este mecanismo: ya no es el Estado militarizado el que ejecuta este proyecto, sino un ‘influencer’ político que, desde las redes sociales, produce esa misma distorsión de la realidad. Genera un relato sustituto del mundo donde la complejidad política se reduce a un melodrama personal, los conflictos de clase a rivalidades espectaculares y los prejuicios a contenido viral. Así, el poder ya no necesita tanques; le funciona un personaje que coloniza la subjetividad con una narrativa emotiva y simplificadora.

Ahora bien, Lara no es un instrumento pasivo; su éxito se debe a que su performance logra conectar, de manera distorsionada, con elementos profundos de la sociedad boliviana, lo que Zavaleta llama ‘forma primordial’, esa mezcla contradictoria de historias, culturas y luchas. Se conecta con la movilización cargada de emotividad, el anti-elitismo popular, pero vaciados de su contenido de clase y de su horizonte emancipatorio, convirtiéndolo en un espectáculo. El drama ya no es el de la huelga general o la asamblea popular, sino el de su vida personal; la emotividad ya no es solidaria, sino de resentimiento digital movilizado en redes; el anti-elitismo ya no apunta a la burguesía minera o terrateniente, sino a una “casta política” abstracta. Esta conexión distorsionada es lo que le da un aura de autenticidad y le permite presentarse como la voz de la ‘nación real’, mientras su práctica concreta desactiva la capacidad de esa nación para organizarse de manera autónoma alrededor de un proyecto de clase.

Otro concepto central en Zavaleta para entender las coyunturas de cambio es el de “disponibilidad”, definido como un momento de vacancia o gratuidad ideológica, donde se produce un consentimiento a un relevo de creencias y lealtades, a menudo generado por catástrofes sociales, crisis nacionales que allanan el camino para nuevas interpelaciones. La fractura inminente entre Paz y Lara es síntoma de que, aunque les haya funcionado bien durante la campaña electoral, el bloque dominante no ha podido consolidar una hegemonía estable, es decir, no ha logrado llenar de manera duradera esa disponibilidad con un proyecto orgánico.

El modelo económico compartido por Paz y Lara niega precisamente esa posibilidad. Por ello, su conflicto es una “contradicción secundaria” que no pone en duda el programa económico, pero que revela la debilidad del consenso y abre una grieta que cuestiona la legitimidad de uno sin el otro. En esta grieta, la lógica espectacular de Lara intenta ofrecer un sustituto irracional de unidad, una “interpelación” desde arriba que canalice el malestar hacia un enemigo interno (la vieja política, las élites corruptas) mientras se preserva el estatus quo económico. No obstante, como señala Zavaleta, un proyecto que no emana de un movimiento de masas auténtico y que es extrínseco a la resolución de la cuestión nacional está condenado a no lograr una legitimación ideológica profunda.

2. RECONFIGURACIÓN ESTATAL: LA CONFIGURACIÓN DEL GABINETE COMO ANATOMÍA DE UNA CLASE EN EL PODER

La arquitectura ministerial del nuevo gobierno revela con claridad su carácter de clase. La fusión y eliminación de ministerios, reduciéndolos de 17 a 14 bajo la justificación de “eliminar el Estado tranca”, constituyen, en realidad, un rediseño institucional para servir más eficientemente a los intereses del capital. La designación de representantes directos del empresariado agroexportador, como Óscar Mario Justiniano (expresidente de la FEPSC) y Fernando Romero (ex-ANAPO), evidencia esta fusión orgánica. Se trata de la materialización burocrática de un círculo de poder clandestino y antinacional que ahora se instala en el corazón del aparato estatal y se hace llamar patriota.

Óscar Mario Justiniano quien fungió como presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) hasta su posesión como ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Productivo, Rural y Agua, y de Fernando Romero expresidente de ANAPO, organización representante del complejo soya-industria, posesionado como ministro de Planificación para el Desarrollo, evidencia la fusión orgánica entre el aparato estatal y los intereses del agronegocio. Que estos dos personajes se repartieran el Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico y el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión Forestal no deja dudas sobre la subordinación de la política ambiental a los imperativos de la acumulación depredadora capitalista en el sector agroexportador.

Esta fusión orgánica entre el aparato de gobierno y la cúpula del agronegocio revela la esencia del proyecto que es la subordinación total de las políticas ambientales, hídricas y de desarrollo rural a la lógica depredadora de la acumulación capitalista Como advierte Zavaleta, en las formaciones dependientes el Estado tiende a actuar como un instrumento directo para la “organización final de la dependencia”, y estos nombramientos son su manifestación palmaria. El reparto de los viceministerios estratégicos de Recursos Hídricos y de Medio Ambiente entre estas carteras confirma que la gestión de los bienes comunes naturales será dirigida por los representantes de los mismos actores que los explotan, consolidando un circuito cerrado de decisión que blinda los intereses del capital frente a cualquier demanda social o ambiental.

La designación de José Luis Lupo como ministro de la Presidencia (e interino de Desarrollo Rural y Tierras) quien fue candidato a la vicepresidencia por Samuel Doria Medina, procedió a la conformación de su equipo dando inicio a la reestructuración interna de este ministerio que coloca al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) bajo la tuición del Viceministerio de Autonomías, representa una vulneración del marco normativo agrario y constituye un episodio grave en la ofensiva general del gobierno de Paz por reconfigurar el Estado en función de los intereses de una clase.

El caso emblemático de esta ofensiva es la intervención política del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Como denuncia Fundación TIERRA, el Decreto Supremo 5488 coloca al INRA bajo la tutela del Viceministerio de Autonomías, dependiente del Ministerio de la Presidencia, José Luis Lupo, que junto con la viceministra Andrea Barrientos está directamente vinculado a los circuitos empresariales representados por Doria Medina. Cabe resaltar que Andrea Barrientos ha utilizado la agenda de derechos de las mujeres para colocarse de manera conveniente como cuota de diversidad y de género, lo que ejemplifica la cooptación liberal y espectacular de la lucha feminista y termina operando como un mecanismo de legitimación funcional a la ofensiva reaccionaria del bloque en el poder. Su caso no es una paradoja, encarna la subordinación de las identidades de género y orientación sexual -bajo un supuesto feminismo- a los intereses de clase que convierten las demandas emancipatorias en instrumentos de dominación de las jerarquías existentes del poder y el mercado. Barrientos, al ascender a un cargo ministerial clave en un gobierno que ejecuta una reconfiguración estatal al servicio del agronegocio y el extractivismo, no representa un avance para las mujeres como clase oprimida, sino el éxito personal de una mujer que ha “hecho méritos” para incorporarse a la clase dominante. Su feminismo es, por tanto, un feminismo aspiracional y liberal que valida el mito de la movilidad individual dentro del capitalismo. Así como Lara espectaculariza el anti-elitismo vaciándolo de contenido de clase, Barrientos espectaculariza la “diversidad” vaciándola de contenido transformador, al priorizar los intereses de la clase empresarial a la que ahora sirve, en detrimento de los intereses históricos de las mujeres trabajadoras y empobrecidas.

Finalmente, su papel es funcional a lo que Zavaleta identificaría como la “hegemonía negativa” espectacular del régimen. El gobierno de Paz y Lara necesita mostrar una fachada de modernidad, diversidad y progresismo social para dotar de legitimidad consensual a su proyecto material. La presencia de una ministra que enarbola casos de defensa de mujeres opera como un ritual de distracción y legitimación. Mientras se desmantela el INRA y se entregan los bienes comunes al agro negocio, el gobierno puede señalar a Barrientos como prueba de su “compromiso con la igualdad”. Este feminismo liberal se convierte así en la cortina de humo ideológica que permite avanzar un proyecto profundamente reaccionario. No es una contradicción, sino una estrategia de poder contemporánea: usar las banderas de la justicia identitaria para encubrir y facilitar la injusticia de clase.

Por eso, estas maniobras no son administrativas, sino político-ideológicas: buscan quebrar la autonomía técnica y la naturaleza cuasi-judicial del saneamiento de tierras para someterlo a la lógica de la “política contingente” como bien señala Fundación TIERRA. La advertencia es grave: esta intervención “abre la puerta a una injerencia política” directa en procesos que deben ser “técnico-jurídicos especializados” y que exigen “independencia absoluta”. Al vulnerar la Ley INRA y la Constitución, el gobierno instrumentaliza el aparato estatal para producir una “inseguridad jurídica selectiva”: se desprotege el territorio indígena-campesino mientras se allana el camino para la titulación masiva a favor del agronegocio.

Esta reconfiguración evidencia una continuidad con las prácticas de los ciclos autoritarios previamente analizados por Zavaleta, en los que el Estado era reorganizado verticalmente para imponer un modelo funcional a la desposesión del capital. El precedente siniestro de la Resolución Suprema 26916, que, bajo el gobierno de Jeanine Áñez, intentó titular más de 34 mil hectáreas a favor de la familia Marinkovic, encuentra ahora una reedición institucional bajo Paz y Lara. Fundación TIERRA señala estas medidas como parte de un patrón de “resoluciones que buscaban anular las observaciones de fondo (…) con la única intención de favorecer a supuestos propietarios del sector empresarial”. La continuidad es evidente: se consolida un régimen de propiedad territorial al servicio de una clase, en desmedro de la función social y la pluralidad económica que manda la Constitución.

De igual manera, una de las aristas que develan la intención de desmantelar el estado de derecho, y que al mismo tiempo da cuenta de los intereses y rupturas internas dentro de la nueva estructura patrimonialista del estado, es la eliminación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Ya que 10 días después de que Freddy Alejandro Vidovic haya asumido como ministro de Justicia, este fue removido y reemplazado por Jorge Franz García, para que finalmente este órgano sea directamente eliminado.

La razón de la destitución de Vidovic estaría oficialmente ligada a que en 2015 estuvo condenado a tres años de prisión por el delito de favorecimiento a la evasión y cohecho en grado de complicidad a favor de un empresario peruano, Martín Belaúnde, quien también fungió como asesor del expresidente neoliberal peruano, Ollanta Humala. Sin embargo, esta destitución se dio en medio de la disputa interna, donde Vidovic era la única cuota que tuvo Lara en el gabinete. Rodrigo Paz intentó, en una primera instancia, calmar el oleaje, consecuencia de las declaraciones de Lara en redes sociales, con obvia repercusión política que golpea su legitimidad. Consecutivamente, Paz decidió asumir la promesa inicial, por conveniencia momentánea, de eliminar el Ministerio de Justicia para frenar a Lara a raíz de los antecedentes de Vidovic, a quien Lara continúa defendiendo, denunciando antecedentes de otros ministros en el actual ejercicio de sus funciones. Rodrigo Paz optó por otorgarle una impronta política al declarar que: “No habrá más persecución política en Bolivia; el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado”. Cuando, en realidad, este “desliz” nos revela nuevamente que los perfiles que ingresan al Estado bajo la administración del PDC son intrínsecamente administradores del desfalco.

Lamentablemente, el cierre del Ministerio de Justicia y Transparencia tiene directas implicaciones negativas para las poblaciones más vulnerables en búsqueda de justicia. En un pronunciamiento de la articulación “Alerta 348”, en la cual más de 200 organizaciones sociales y colectivas feministas que acompañan casos de violencia de género y trabajan en temáticas relacionadas con la justicia social, denunciaron el contundente retroceso que implica esta movida. En este comunicado se evidencia que el cierre del ministerio afectará de manera inmediata a instancias clave para garantizar los derechos, y la atención de víctimas que sufren casos de violencia, además, se eliminarían instancias que buscan asegurar acceso a la justicia y protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad en Bolivia. Ya que según este comunicado, el “Ministerio de Justicia es el ente rector de políticas públicas esenciales para garantizar derechos”. Finalmente, esta coordinación de organizaciones menciona que esta medida “vulnera principios constitucionales sobre derechos fundamentales y afecta la estructura institucional definida en las leyes 348 (En contra de la violencia de género), 548 (Código Niño, Niña, Adolescente) y 263 (Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas), entre otras”. Lo que se da, finalmente, en desmedro de convenios y compromisos internacionales de derechos humanos.

Si bien es cuestionable y discutible qué tanto se pueden garantizar derechos a las poblaciones más vulnerables a través de un órgano burocratizado y en el marco de un Estado burgués, la desmantelación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en su totalidad nos revela el enorme retroceso en los derechos conquistados a lo largo de estos años. Ya que se trata de conquistas sociales que se lograron en la gestión del MAS-IPSP, este gobierno es incapaz de entender la diferencia de algo tan elemental, porque no lo sufre, no lo necesita, por lo tanto, es algo descartable.

3. POLÍTICA EXTERIOR, CIPAYAJE Y COMPLICIDAD SIONISTA FRENTE AL GENOCIDIO

La designación de Fernando Aramayo Carrasco al frente de la Cancillería no representa un mero giro pragmático, sino la cristalización institucional de una fracción burguesa transnacionalizada que opera como correa de transmisión de los intereses del capital global. Su currículum, moldeado en organizaciones internacionales y agencias de cooperación, es el prototipo del tecnócrata neoliberal, un administrador que naturaliza la dependencia mediante el lenguaje despolitizado del “desarrollo sostenible”.

Más allá de la crítica a la falacia liberal que engloba a estos términos, nos gustaría subrayar que su primera tarea tras asumir la cartera, el 8 de noviembre de 2025, Aramayo tuvo una reunión personal con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.
La presencia de Landau tanto en reuniones privadas como en la ceremonia de investidura opera como un símbolo de supervisión imperial directa, confirmando que la “patria” fetichizada en el discurso se vacía de contenido.

En ese sentido, queremos ir un par de pasos atrás y rastrear que la política exterior del gobierno de Rodrigo Paz arranca marcada por una suerte de “pragmatismo político” y “desideologización” característicos de la manera de hacer política de la familia Paz, que en el fondo no son otra cosa que un método de búsqueda de consolidar poder con un viejo perfume familiar con olor a subordinación internacional.

El apurado restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos, tras 17 años de distanciamiento, constituye, en esencia, el reconocimiento ritual de vasallaje por parte de una burguesía compradora que canjea soberanía real por legitimidad política y acceso a crédito internacional. Tras ganar las elecciones, Paz recibió una declaración conjunta del Departamento de Estado de EE. UU. junto a los países afines a EE. UU. (Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago) felicitándolo por su victoria. Recordemos que poco después de las elecciones, a finales de octubre, el ya presidente electo, Rodrigo Paz, viajó a EE. UU. para reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio. Este no es un simple “retorno al mundo libre” como propaganda ideológica, sino la aceptación de un lugar funcional en la jerarquía imperial. La política exterior deja de ser un campo de disputa por la soberanía para convertirse en un ritual de lealtad que orbita a Estados Unidos.

Pero el viraje no termina ahí: Paz se apresuró también en restablecer relaciones con el Estado genocida e ilegítimo de Israel. Esto no es una decisión diplomática aislada; el sionismo, en su expresión estatal, Israel, opera como gendarme regional y socio tecnológico-militar clave del imperialismo estadounidense. Es la vanguardia militar y tecnológica de un capitalismo racializado y colonial, cuyo modelo de acumulación se basa en la expropiación violenta, el apartheid y el genocidio como herramientas de expansión territorial. Restablecer lazos en plena masacre en Gaza implica una doble complicidad: no solo con el crimen de lesa humanidad, sino con un paradigma de dominación neocolonial que Israel exporta y perfecciona.

La relación entre Bolivia e Israel inicia un año después de la Nakba, cuando el gobierno de Mamerto Urriolagoitia reconoce en 1949 la soberanía de Israel y posteriormente formaliza las relaciones diplomáticas en 1950. En enero de 2009, durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia rompe relaciones con Israel en protesta contra la ofensiva militar en Gaza. Bolivia acusó a Israel de “genocidio” y otros cargos y decidió suspender relaciones oficiales. Un año después, en 2010, Bolivia reconoce oficialmente al Estado de Palestina, reafirmando su postura crítica frente a Israel. Luego en noviembre del 2019, el Gobierno de facto de Añez anunció su intención de restablecer vínculos, que se concretaron en febrero del 2020 con la visita de una delegación israelí a La Paz. Sin embargo, en octubre de 2023, el gobierno de Luis Arce vuelve a cortar las relaciones diplomáticas, denunciando los crímenes de lesa humanidad perpetuados en Palestina y, particularmente, el genocidio en Gaza.

En este contexto, el presidente Rodrigo Paz decidió restaurar vínculos con Israel, cuyo gobierno envió a Eden Bar Tal, su director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la posesión presidencial. Eden Bar Ta se pronunció sobre “Una emocionante nueva era para Bolivia, para las relaciones entre Israel y Bolivia y para el mundo libre”. Claro, libre para algunxs.

El gobierno de Paz también decidió dejar de solicitar visas tanto a Estados Unidos como a Israel. La afirmación de que la eliminación del visado para ciudadanos estadounidenses e israelíes representa un estímulo significativo para el turismo y la economía nacional es un absurdo técnico y una falsedad propagandística que oculta el verdadero carácter simbólico y político de la medida.

En primer lugar, el impacto numérico es marginal e irrelevante para la macroeconomía turística. Bolivia no es un destino prioritario para el turismo de EE.UU. e Israel. Las llegadas de estos países siempre han sido bajas. Incluso si se duplicaran o triplicaran, un escenario improbable, representarían un porcentaje bajo respecto al total de visitantes, que históricamente provienen de países vecinos (Perú, Argentina, Brasil) y de Europa, cuyos ciudadanos ya ingresaban sin visa o con requisitos flexibles.

La propia cifra oficial del 2024 muestra que el total de visitantes extranjeros en 2024 fue de 991.184 personas. Para que el turismo desde EE.UU. e Israel tuviera un impacto macroeconómico significativo, tendría que representar una porción muy grande de este total, un escenario que los datos históricos y la lógica de los flujos turísticos regionales no respaldan.

La ministra de Turismo, Cinthia Yañez, declaró que la imposición de visas en el pasado hizo que Bolivia perdiera “aproximadamente 900 millones de dólares en gasto turístico” solo de ciudadanos de EE.UU. e Israel. Esta cifra es matemáticamente incongruente con los datos macro del sector. El gasto turístico total generado por todos los visitantes extranjeros en 2024 fue de 739,9 millones de dólares. Por lo tanto, la cifra de pérdida de 900 millones de dólares solo por dos nacionalidades supera el ingreso total anual actual de todo el sector.

El discurso del gobierno de Paz, que presenta su giro diplomático como un “retorno al mundo libre”, se basa en realidad en una falsa dicotomía que intenta instaurar en la narrativa oficial, en la que el periodo del MAS hubiese estado marcado por un supuesto aislacionismo que en realidad nunca existió. Bolivia simplemente reconfiguró sus relaciones exteriores (relaciones activas con más de 120 países), manteniendo una participación en instancias internacionales, creando alianzas sólidas. La ruptura con Israel y el distanciamiento con EE.UU. tuvieron un amplio respaldo en distintas instancias, lo que demuestra que no fueron decisiones “marginales” ni “extremas”. En ese sentido, la pseudo “apertura” al mundo que propone el gobierno de Paz se convierte, en realidad, en una estrategia comunicacional para justificar un alineamiento selectivo con las viejas potencias.

4. LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL RÉGIMEN DEL PDC

El martes 25 de noviembre, el ministro de Economía Gabriel Espinoza, junto al presidente Paz reveló la eliminación de cuatro impuestos. Esto constituye la materialización programática del discurso ideológico analizado anteriormente. Las medidas específicas incluyen:

• Eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF): Un tributo que afectaba apenas a 300 contribuyentes según los datos proporcionados por el usuario (el 0.01% más rico del país).

• Eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)

• Eliminación del impuesto a los juegos

• Eliminación del impuesto a las promociones empresariales

Según Espinoza, estos cuatro impuestos “no representan más del 1% de la recaudación fiscal”, para minimizar su significado. Sin embargo, el significado de estas medidas trasciende su impacto recaudatorio. La justificación teórica que sustenta las medidas de eliminación de impuestos a las grandes fortunas no solo en Bolivia, sino también en otros países, se enmarca en lo que se conoce como “teoría del derrame” (trickle-down economics), un conjunto de postulados teóricos que encuentran su fundamentación en las corrientes del supply-side economics desarrolladas durante la década de 1970. Esta perspectiva teórica sostiene que los beneficios económicos otorgados a los grupos de mayores ingresos eventualmente se filtrarán hacia los estratos sociales más bajos mediante mecanismos de mercado que operarían de manera automática y eficiente. Los supuestos centrales de esta teoría se articulan en torno a tres mecanismos principales que, en su formulación teórica original, prometían generar círculos virtuosos de crecimiento económico.

Primero, postulan que las reducciones impositivas marginales para los sectores de altos ingresos generarían fuertes incentivos para la oferta laboral (creación de empleo), incrementando las horas trabajadas, el esfuerzo productivo y la iniciativa empresarial entre los más capacitados y emprendedores de la sociedad. Además, aseguran que estos recortes tributarios aumentarían la tasa de ahorro agregado de la economía, dado que los grupos acomodados presentarían una mayor propensión marginal al ahorro, lo que, teóricamente, se traduciría en mayores volúmenes de inversión productiva y, en consecuencia, en un crecimiento sostenido del producto potencial. Finalmente, sugieren que una menor carga fiscal incentivaría la toma de riesgos y la innovación empresarial, generando externalidades positivas para el conjunto del aparato productivo. Se olvidan de que cuando estos postulados teóricos son sometidos a una verificación empírica rigurosa, mediante estudios como el realizado por Hope y Limberg (2020) sobre 18 economías de la OCDE durante cinco décadas, los resultados contradicen categóricamente las predicciones teóricas. En otras palabras está demostrado que esto no funciona para revitalizar la economía de ningún país, Hope y Limberg demuestran que eliminar de impuestos a los ricos no producen efectos estadísticamente significativos sobre el crecimiento económico o el desempleo, solo fortalecen su poder de negociación dentro de las firmas y mercados, permitiéndoles capturar una porción mayor del excedente económico en detrimento de las clases trabajadoras.

La eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas entonces revela más una estrategia de consolidación de poder de clase que una política técnica de estímulo económico, las benevolencias del “capitalismo para todos”. Liberar del pago de impuestos al grupo más rico mientras se evalúa un ajuste del gasto público del 30% es una señalización e intención claras de quitar el peso del ajuste fiscal a las élites económicas del país. Lejos de generar los beneficios repartidos prometidos, estas medidas acentúan los patrones de desigualdad preexistentes mientras fortalecen la posición estructural de las élites representadas claramente en el gabinete de Paz, que gobiernan para beneficio de sí mismas y de su clase.

Además, la magnitud de los recursos desmiente el intento de minimizar su relevancia. Según datos públicos del Ministerio de Economía y del Banco Central de Bolivia, en 2024 los impuestos a eliminar sumaron Bs 414 millones (Bs 169 millones del IGF, Bs 207 millones del ITF y Bs 39 millones del IJ-PE). Para ponerlo en perspectiva, este monto podría cubrir cerca del 88% del costo del Bono Juancito Pinto durante ese mismo año (Bs 468 millones), o incluso cubrir más de dos años y medio del costo del Bono Juana Azurduy (Bs 166 millones anuales). Afirmar que estas recaudaciones “no cubrían ni los costos administrativos” es una imprecisión deliberada para invisibilizar el posible impacto de quitar estos ingresos al país. En un escenario de crisis y ajuste fiscal, renunciar a ingresos resulta hasta contraintuitivo y representa negarle al país herramientas de redistribución claves para la reducción de pobreza y desigualdad.

Eliminar impuestos progresivos, como el de las grandes fortunas, no solo debilita la justicia fiscal, sino que plantea una pregunta urgente: ¿Quién va a cubrir los ingresos que se pierden? Si los más ricos dejan de contribuir, la evidencia demuestra que esa carga suele trasladarse a los hogares, mediante aumentos en impuestos como el consumo, que son mucho más regresivos (OXFAM, 2023). La persistencia de estas políticas, a pesar de la abrumadora evidencia en contra, solo puede comprenderse a través de los marcos analíticos de la economía política que, como señalan Hope y Limberg, destacan la capacidad de los grupos de interés organizados para influir en el diseño de políticas públicas que favorezcan sus intereses particulares, incluso cuando éstas contravienen el interés general y el conocimiento económico disponible. En última instancia, la teoría del derrame se revela más bien como un dispositivo de legitimación ideológica que oculta las verdaderas relaciones de poder y de distribución que subyacen a las decisiones de política económica.

5. CONCLUSIÓN

El primer mes de gobierno encabezado por Paz y Lara permite identificar una recomposición del poder orientada a revertir conquistas políticas, sociales y económicas del periodo de gobierno de carácter nacional–popular. Bajo un rearme ideológico que fetichiza consignas reaccionarias, se esconde una ingeniería estatal destinada a garantizar los intereses de las facciones de clase que han logrado hacerse del poder político por vía democrática, en especial el agronegocio y el capital financiero transnacionalizado.

La reconfiguración del aparato estatal –evidenciada en la fusión de ministerios, la desmantelación de carteras clave como Justicia y la subordinación de instituciones como el INRA a intereses particulares– constituye la materialización burocrática de estas facciones de clase en el poder. Este rediseño no busca eficiencia técnica, ni mejorar las condiciones de vida para todos en un contexto de crisis múltiple, como sugirió su propaganda electoral, sino lo que busca es garantizar un circuito cerrado de decisión que blinde los intereses de los sectores a quién responden, el capital agroexportador y financiero, por eso están subordinado políticas ambientales, hídricas y agrarias a una logica de acumulacion depredadora.

Las políticas económicas, centradas en la eliminación de impuestos que favorecen a un sector muy pequeño de la población, operan como un mecanismo de distribución regresiva del ingreso, consolidando la desigualdad estructural y abandonando cualquier pretensión de justicia fiscal, salvo claro “justicia” que favorezca a los suyos.

La incapacidad estructural para construir hegemonía orgánica del gobierno, la fractura latente entre sus principales figuras, la lógica espectacular que sustituye el proyecto político y las interpelaciones identitarias vaciadas de contenido de clase, son síntomas de un proyecto que no viene de un movimiento de masas real y que permanece ajeno a la resolución de la cuestión nacional, por lo tanto está condenado a una legitimidad superficial. Es dependiente de una manipulación mediática y de la coerción institucional. La restauración en curso, por tanto, lleva en su seno las contradicciones que anuncian su propia crisis, lejos de ser un gobierno de transición al renunciar a cualquier proyecto de soberanía popular y al profundizar las fracturas sociales, este gobierno no hace sino cavar su propia fosa histórica. La memoria larga de las luchas anticoloniales, que constituyen el verdadero sustrato de la nación, permanece como la barrera infranqueable ante la cual toda restauración termina por estrellarse. Su destino, como el de todos los proyectos que intentan gobernar contra el pueblo y para una minoría, está escrito en la historia de Bolivia: será un episodio de crisis, el nuevo ciclo de dominación que pretenden instaurar se encontrará con baches difíciles de superar.

La creciente desconexión de las masas con el proceso electoral es la expresión política de una contradicción material insoslayable, esto no es otra cosa que la incapacidad estructural del Estado burgués -pese a las reformas económicas y sociales que llevó adelante el gobierno progresista que dejaron intactos sus pilares fundamentales, los cuales constituyen la dominación de la burguesía- y de los aparatos ideológicos que lo sostienen, para garantizar las condiciones de vida básicas de las clases trabajadoras en medio de una crisis económica profunda. El voto obligatorio actúa así como un mecanismo de coerción legal que busca suplir el déficit de representación real, forzando la participación en un sistema cuya función última es la reproducción del orden capitalista.

La particularidad del balotaje radica en que la disputa electoral se reduce a una pugna intra-burguesa, es decir, entre dos facciones del mismo bloque de poder: Alianza Libre y el Partido Demócrata Cristiano. Esta aparente competencia no debe caer en confusiones al interpretarse como un “conflicto antagónico entre proyectos de clase irreconciliables”, sino como la expresión de la lucha interna de la burguesía para determinar quién será el administrador del Estado, dando paso a un fin de un ciclo político marcado por el Gobierno del MAS-IPSP. La diferencia entre las dos opciones es de método y énfasis táctico, no de objetivo estratégico de clase. La verdadera contradicción antagónica es la que enfrenta al bloque del capital en su conjunto con un proyecto histórico de las clases trabajadoras y populares, la cual queda eclipsada tras esta falsa disyuntiva electoral, evidenciando la profunda crisis de representación política dentro del sistema.

En este escenario, la supuesta “renovación” de la derecha se revela en su verdadera dimensión. Alianza Libre encarna la fracción burguesa más orgánicamente vinculada al capital transnacional y al imperialismo estadounidense, modernizando su aparato ideológico mediante una estrategia de lobby digital y la importación del relato neoconservador “Make America Great Again” (MAGA), adaptado a las particularidades bolivianas. Por otro lado, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) representa la fracción que combina los intereses de la burguesía nacional con ciertos sectores de las bases populares. En este sentido, ambas variantes buscan captar la juventud urbana y las masas populares conservadoras, con el fin de garantizar la continuidad de su dominación de clase. Su competencia no es por transformar las relaciones sociales de producción: están en una carrera para ver qué fracción administrará las esferas de poder estatal y aprovechará de forma más eficaz las manos de la clase obrera trabajadora para la acumulación de capital en favor de los círculos históricamente privilegiados.

La candidatura de Juan Pablo Velasco a vicepresidente por Alianza Libre es la encarnación política de una fracción específica de la burguesía, es un operador ideológico que vela por los intereses de su clase, situando la dominancia de su sector como sinónimo de “progreso” y “futuro” para todxs. Aquello permite que dicho sujeto oculte su profundo compromiso con la agenda de ajuste y privatización importada desde Washington. Su retórica de “conectar a Bolivia con el mundo” y su admiración por las políticas de Javier Milei son la fachada de un proyecto de clase que persigue la privatización y sostiene la exportación de materias primas como base de la economía bajo el mandato del capital global.

La apuesta por J.P. Velasco es una estrategia de la burguesía tradicional de adaptar su discurso con el fin de cooptar sectores sociales, los cuales han sido históricamente antagónicos a sus intereses, utilizando las plataformas digitales como un nuevo mecanismo ideológico. El objetivo último, sin embargo, no es novedoso: se trata de profundizar las relaciones sociales de producción capitalistas mediante una “liberal ownership revolution” que mercantiliza los recursos naturales, con el afán de reorientar la dependencia geopolítica de Bolivia hacia el imperialismo estadounidense, buscando un tratado de libre comercio con una eventual administración de Trump y un rescate crediticio con el FMI. Su estrategia usa la máscara de una “renovación” que, en esencia, es la actualización de la lucha de clases desde arriba, utilizando dispositivos que corresponden al momento histórico de innovación tecnológica para defender la propiedad privada de los dueños de los medios de producción y garantizar la dominación del capital sobre el trabajo.

J.P. Velasco no surge del campo político tradicional, sino del mundo empresarial y tecnológico. Su discurso aspira, así, a instaurar hegemonía que desplace el imaginario nacional-popular construido por el proyecto plurinacional y sus referentes. Esta ofensiva ideológica promueve los valores estructurales del capitalismo neoliberal: la meritocracia como velo que oculta la explotación, el emprendedurismo como forma de precarización laboral glorificada y el individualismo posesivo como principio rector de las relaciones sociales. Todo articulado con un moralismo conservador que funciona como aparato de control social, mientras que el discurso comunitario y sus reivindicaciones se asocian con el atraso y la ineficiencia. Este accionar no es nuevo: durante años, la derecha boliviana ha intentado reinstalar el rol del mérito y la virtud como pilares fundamentales de la vida política, propios de un discurso burgués que se reviste de heroicidad moral. En esta narrativa, la solución política proviene de una fuerza casi divina y no de un verdadero proyecto que reconozca la complejidad social, cultural y económica de un país profundamente fragmentado.

No obstante, esta visión hegemónica encierra un problema estructural: presupone una homogeneidad cultural que no existe. En consecuencia, la hegemonía que J.P. Velasco busca representar no es integradora, sino sustitutiva, orientada a reemplazar el imaginario plurinacional por uno homogéneo y urbano, asociado a las élites empresariales cruceñas. Este ideal se ve representado en la difusión de mensajes racistas y clasistas que el candidato publicó en su red social de X (antes Twitter). La falta de condena pública por parte de las clases altas y conservadoras demuestra una preocupante complicidad. Estos asocian al término “colla” con los sectores indígenas y populares, aquellos identificados como afines al MAS y, por lo tanto, son percibidos como un obstáculo para el progreso liberal.

Los tuits racistas como punta del iceberg del racismo de Velasco

En una entrevista publicada el 7 de septiembre de 2025, en el programa En La Mira, con Cecilia Bellido, Juan Pablo Velasco hace referencia a los mecanismos de verificación Bolivia Verifica y Chequea Bolivia como fuentes fiables ante la “guerra sucia” llevada a cabo en su contra durante la campaña. En otras palabras: El mismísimo J.P. Velasco nos invita a referirnos a dichas fuentes para verificar la información que circula en las redes.

A finales de ese mismo mes, un Youtuber argentino reveló unas publicaciones racistas y de incitación al odio, publicadas por Velasco en su cuenta de X (ex Twitter) @JPVel, cuenta que él mismo había declarado ante el Tribunal Supremo Electoral. Dos reportes independientes (Bolivia Verifica y Chequea Bolivia) confirmaron, por separado, la autenticidad de los tuits racistas publicados por JP Velasco. El 6 de noviembre del 2010 publicó: “¡A los collas hay que matarlos a todos!”. Luego, en el año 2011, volvió a destilar odio: “Hay que quemar la whipala, que se mueran todos los que la veneran, son animales”. Por último, en agosto del 2012 escribió: “No todos los bolivianos somos collas”. Es necesario mencionar que estos mensajes de odio son delitos penalizados por la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Seamos claras: ante semejante situación, es un insulto al pueblo boliviano que Velasco siga negando la veracidad de los tuits -confirmados por fuentes que él mismo había citado como fiables- y es una barbaridad que no sea sancionado al respecto.

Los tuits racistas de Velasco operan como la expresión superestructural visible de una base material racializada inherente al proyecto de clase al que representa. Lejos de ser un “desliz” individual, en realidad son la forma discursiva concentrada de la violencia estructural que el capital requiere para recomponer su hegemonía en crisis. El racismo no es una patología subjetiva, es un dispositivo de reproducción de las relaciones de producción capitalistas, que cumplen funciones como la naturalización de las jerarquías laborales que justifican la superexplotación de los cuerpos racializados o la legitimación del despojo de los bienes comunes mediante la construcción del “otro” comunitario como obstáculo al “progreso” liberal. Por eso, los tuits son la punta emergente del iceberg estructural del racismo, donde la estética aspiracional y el emprendedurismo operan como la cara “seductora” que complementa esta coerción simbólica racializada.

A partir de aquí, resulta imprescindible analizar cómo esta lógica se articula en el discurso, la estética y las estrategias comunicacionales del binomio Tuto Quiroga - J.P. Velasco, y cómo el aspiracionismo opera como puente entre el racismo estructural y la seducción política contemporánea.

Hegemonía y Habitus: La construcción de consenso para un proyecto neoliberal en la campaña de Alianza Libre

Es imposible analizar el binomio de Tuto Quiroga y J.P. Velasco sin hacer hincapié en el aparato mediático que construye, sostiene y alimenta el relato y la estética performativa que estos candidatos encarnan. Lo que por supuesto forma parte del complejo ensamblaje del proyecto hegemónico que sostiene y reproduce a la facción de la burguesía que estos representan. En ese sentido, queremos ahondar en uno de los muchos mecanismos que sirven para este sostenimiento del consenso burgués, que conceptualizamos como deseo aspiracional. Ese ‘aspiracionismo’ sería el anhelo de pertenecer a la clase burguesa, el deseo del blanqueamiento y de abandonar aquel habitus que denota que unx nació fuera de la clase que es su objeto de deseo. Alianza Libre, en esa línea, pretende manufacturar un consentimiento activo hacia un orden social que naturaliza la superioridad de un habitus de clase burgués, presentando el ‘blanqueamiento’ cultural y el abandono de las marcas de clase popular como un ideal de movilidad social.

El concepto de habitus fue acuñado por el sociólogo Pierre Bourdieu y resulta útil para entender cómo el condicionamiento de clase determina nuestro comportamiento y nuestra performatividad, nuestros gustos y maneras de ser que hacia afuera podrían parecer “naturales”. Es decir: no solo somos miembros de una clase, sino que (generalmente) nos comportamos como tales. Adquirimos el habitus sin darnos cuenta y lo expresamos inconscientemente, por ejemplo, a través de nuestro comportamiento. Por lo mismo, Tuto Quiroga y J.P. Velasco encarnan un habitus burgués que se distingue nítidamente del habitus popular, no solo por su color de piel o riqueza, sino a través de una performatividad que incluye el lenguaje, la vestimenta y los modales. La caricatura que hace Pablo Osorio en uno de sus videos, sobre el ‘chico del colegio privado’ versus el ‘chico del colegio fiscal’ es una ilustración perfecta de cómo este habitus opera como un marcador performático de legitimidad en el campo político. La estrategia hegemónica de Alianza Libre consiste, precisamente, en presentar este habitus burgués -el ‘chico correctito’-como el modelo de conducta legítima y deseable, mientras estigmatiza las expresiones populares -el ‘bravucón’-como ilegítimas y vulgares.

En ese sentido, es necesario enfatizar que no se trata de una simple persuasión, sino de la construcción de un ‘sentido común’ donde lo deseable es una Bolivia ‘moderna’ y ‘sexy’ que es, en los hechos, la negación de la Bolivia indígena, chola y popular. Este ideal se encarna en ‘cuerpos blancos’ e ilustrados, los ‘hijos predilectos de Washington’, cuyo capital cultural (p. ej. conocimientos del inglés) y el capital económico les garantiza un lugar privilegiado. Es crucial entender que este modelo no promueve una movilidad genuina, sino que refuerza las barreras de clase: la burguesía ‘old money’ no busca incorporar ‘new rich’, sino restaurar un orden social jerárquico donde su posición de privilegio sea incuestionable.

Cabe recalcar que la burguesía tiene motivaciones económicas muy claras por las cuales empujar el proyecto de Alianza Libre, ya que desea retornar a esa Bolivia en la que tenían todo el poder, tanto político como económico, en espacios higienizados y exclusivos, lejos de aquellos que pertenecen a la clase popular, que bajo su perspectiva solamente deberían ser la servidumbre y la mano de obra barata. Sin embargo, es exactamente a través del fomento del aspiracionismo que la clase burguesa puede empujar sus intereses e intentar captar el voto de personas que sólo van a verse perjudicadas ante el proyecto de austeridad imperial y neoliberalización de choque de Tuto. Lejos de ser simple discurso, Oxfam Bolivia en colaboración con la UPB acaba de publicar su último informe sobre el “Costo social del ajuste”, en el que detallan que si Bolivia asumiera el préstamo del FMI: “La devaluación reduciría el ingreso consumible promedio de los hogares en 33%. Y que en términos relativos, los hogares más pobres perderían una proporción mayor de su ingreso que los más ricos, incluso si su consumo directo de combustibles es bajo”.

Así, la contradicción fundamental del proyecto de Alianza Libre estalla cuando se contrasta su retórica, que pretende construir hegemonía, con las condiciones materiales para llevar a cabo su objetivo. Mientras su discurso promete oportunidades, su programa avalado por el FMI beneficiará al gran capital. La figura de Juan Pablo Velasco es emblemática de esta contradicción: su capital económico heredado, vinculado al desfalco del Banco Fassil y a la explotación de trabajadores precarizados en plataformas como PedidosYa y Yango, es presentado como ejemplo de ‘innovación’.

Recientemente, se confirmó que Juan Pablo Velasco figuro como accionista directo del Banco Fassil hasta el año 2024, a través de carátulas notariales y cheques. Además, cabe resaltar que la complicidad de medios como Unitel, Red Uno o El Deber, omiten estos vínculos, cumpliendo su función dentro del aparato ideológico de la burguesía.

Alianza libre es el matrimonio entre tecnócratas y la vieja guardia patrimonalista de Santa Cruz, esa es su verdadera naturaleza. Hablamos de una coalición que, pese a su retórica renovadora, apuesta por la restauración del poder de las oligarquías regionales y el capital transnacional, utilizando como carnada el lenguaje de la innovación para ocultar su compromiso con un modelo que ya gobernó Bolivia en tiempos de Banzer y que hoy promete “atar los cordones de los zapatos” del Estado, como irónicamente declaró Quiroga al despreciar servicios públicos esenciales y pretender eliminar la propiedad comunitaria. Velasco, en este esquema, no es un agente de cambio, sino el rostro fresco de un proyecto que busca reflotar el mismo ideario que en 2001 llevó a Quiroga a suceder a Banzer. Velasco sintetiza la reconfiguración neoliberal del capital en la era digital, donde la explotación laboral se enmascara bajo retóricas de “emprendimiento” y “flexibilidad”. El reporte del CEDLA sobre repartidores y conductores en plataformas digitales en Bolivia revela cómo sus empresas (PedidosYa, Yango) y su fintech Presto operan como dispositivos de acumulación capitalista basados en la precarización laboral estructural.

Los repartidores y conductores usan sus propias herramientas de trabajo que debería darles la empresa que requiere sus servicios (automóviles, motos, celulares, seguros) para generar ganancias para las plataformas donde J.P. Velasco es gerente. Trabajan 74 horas semanales sin derechos laborales, mientras Yango externalizan costos y riesgos. Esto genera plusvalía absoluta: el valor creado por el trabajador ($6,000 Bs/mes) es apropiado por la empresa que solo invierte en algoritmos de control.

Mientras el padre de Velasco, Álvaro Velasco Bruno, desfalcaba el Banco Fassil (condenado por organización criminal en 2023), su hijo construyó un imperio basado en eludir obligaciones laborales. Plataformas como Presto y Yango operan bajo contratos civiles atípicos, evadiendo seguridad social, aguinaldo y jornadas de 8 horas, fomentando la informalidad.

El “éxito” de Velasco como “emprendedor estrella” (Netcomidas vendida a PedidosYa) se sustenta en la explotación de migrantes y jóvenes.

Velasco promueve una “democracia participativa digital” en su campaña, incluso llegó a quejarse, en un video promocional de la campaña, de no poder pagar el parqueo en el extranjero con sus cinco tarjetas, sin embargo sus empresas usan algoritmos para Intensificar la explotación con turnos basados en scoring que obligan a aceptar pedidos no rentables. Además de buscar fragmentar la lucha de clases, pues los repartidores compiten entre sí por calificaciones, anulando la solidaridad de clase. Promueve la tecnología como fetiche al asegurar que van a “generar 50.000 empleos”, lo que no dicen es que estos “empleos” son trabajo precarizado sin derechos. El CEDLA demuestra que el 87 % de los repartidores no superan el salario mínimo tras descontar gastos (gasolina, mantenimiento, impuestos).

La estrategia de Alianza Libre no solo usa los grandes medios de comunicación, sino también una red de influencers con una llegada importante en redes sociales, destacando TikTok e Instagram.

La estética y política de los Techbros de MAGA a la boliviana

Cuando Donald Trump tomó el poder en Estados Unidos a inicios de este año, mejor conocido como Inauguration Day, lo acompañaron los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas más poderosas en occidente: el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai. Todos ellos ocuparon los asientos de honor en la iglesia de St John’s. En ese momento, el mensaje que se estaba dando al mundo era que la tecnología estaba del lado del nuevo líder.

Desde que Tuto Quiroga presentó a J.P. Velasco como su candidato vicepresidencial, lo presentó como un emprendedor tecnológico exitoso, aplaudiendo sus logros, resaltando su juventud y ejemplificando “lo que va a poder hacer como el primer vicepresidente tecnológico y digital de la historia de Bolivia”. Lo importante, como mencionamos anteriormente, es hacernos creer que todxs podríamos llegar a ser como él, pero la necesidad de situar la tecnología como la herramienta que nos puede “salvar” y a dicho sujeto como ese “emprendedor” que nos guiará para ello, es preocupante. Esta puesta en escena de J.P. Velasco no está aislada, sino que responde a una estética global alineada con una derecha conservadora caracterizada no solamente por los fundamentalismos religiosos, sino por ese control de los medios de producción a nombre de la innovación.

Pensar en J.P. Velasco nos lleva a retomar esa estética trumpista. No es necesario imaginar tanto, ni llenarnos de explicaciones, cuando este nos hace el favor de ejemplificar todo esto usando una frase que quiso “capitalizar” cuando, en una entrevista en el canal de streaming de Unitel “POV”, afirmó que quería que la política boliviana volviera a ser “sexy”; lema que se viralizó posteriormente por las críticas. ¿A qué se refería con volver a lo sexy? ¿Sexy era cuando el Legislativo estaba encabezado por hombres blancos burgueses? Podemos dar muchos ejemplos para imaginarnos a lo que J.P. Velasco se podría referir con regresar a esa política, pero volvemos a lo “sexy”. Poco después de ese salto a la fama, dicho personaje apareció en el ojo público con una gorra roja, la cual tenía las letras en blanco con la frase “Make Bolivia Sexy Again”. Ese lema y estilo fueron directamente copiados del lema “Make America Great Again” que usa Donald Trump, el cual, sabemos, representa una ideología racista, homofóbica, machista y xenófoba.

A pesar de que Juan Pablo no se haya dado cuenta de que hoy en día la selfie ya no representa novedad para la Gen Z, más aún de la forma en la que lo toma, sabemos que, en ese intento de juventud, pretende hacernos creer que es cercano y, sobre todo, que sabe usar la tecnología. Él mismo lo dijo en el debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral cuando se tomó una selfie afirmando que: “ya nos regimos bajo las mismas reglas; yo no estoy aquí como candidato a vicepresidente, estoy como representante de una nueva generación”. Desde ese momento, hemos podido “apreciar” sus selfies infinitas en cada acto y cierres de campaña.

Según Meta Library Ads, la cuenta de Facebook de J.P. Velasco destinó un total de Bs. 240.319 en anuncios de su campaña. En términos de alcance e interacción, esto permite que él pueda llegar a mayores cantidades de personas, aunque no necesariamente implique que su éxito en las ánforas sea proporcional a ese alcance. Esto se ha visto en la primera vuelta, ya que el estudio de Oxfam reveló que Tuto Quiroga fue quien más gastó en su campaña, comparado con los demás candidatos. Sin embargo, apenas alcanzó un 26,7 % del voto total. Más allá de dichos resultados fatídicos, queda claro que el aparato comunicativo de Alianza Libre tiene un mayor poder económico para utilizar a su favor la propaganda digital.

Los dispositivos ideológicos de la opresión de clase.

El discurso de J.P. Velasco puede entenderse, siguiendo a Foucault y Laclau, como un espacio donde se definen las fronteras de lo decible y lo indecible, de lo legítimo y lo excluido. A través de su retórica, el candidato estructura una visión dual del país: de un lado, el orden y la modernización; del otro, el caos y el atraso representados por el socialismo y la política “tradicional”. Así, la dicotomía ‘orden/modernización’ versus ‘caos/atraso’ no es meramente discursiva; es la expresión en el plano ideológico de la lucha de clases en la Bolivia contemporánea, donde la burguesía tecnocrática busca restaurar su hegemonía cuestionada. Si bien esta dicotomía no es nueva, en su versión digital adquiere una fuerza particular gracias a una estética comunicacional propia de las redes sociales: frases cortas, oposiciones morales y estética de “marca personal”. J.P. Velasco no habla como político, sino como influencer. Su figura se moldea para conectar emocionalmente con un público cansado de los discursos ideológicos, pero paradójicamente más expuesto a nuevas formas de manipulación simbólica.

J.P. Velasco, como figura de la derecha tecnocrática, busca representar a los sectores que se sienten marginados del discurso estatal, pero termina excluyendo a otros que han sido históricamente silenciados. Su candidatura puede leerse como un intento de restaurar una representación monocultural: aquella que asocia el poder con la supremacía de la blanquitud, la modernidad y el éxito económico. La contradicción es evidente: su estética de modernización promete apertura, pero su discurso y pasado evidencian cierres simbólicos. En consecuencia, la figura de Velasco no amplía la representatividad democrática, sino que la restringe a una minoría identificada con su propio reflejo de clase y de capital cultural.

La figura de Juan Pablo Velasco revela una mutación dentro de las derechas bolivianas: el intento de articular un proyecto hegemónico que, bajo la apariencia de modernidad y eficiencia, reedita viejas estructuras de exclusión. Su discurso tecnocrático y su estética empresarial no constituyen una ruptura con el pasado, sino una actualización digital del conservadurismo tradicional, envuelta en los lenguajes del emprendimiento y la innovación. Además, permite observar cómo la representatividad, la hegemonía cultural, el discurso y la estética convergen para disputar el sentido mismo de lo nacional. Sin embargo, esa disputa no apunta a ampliar la democracia ni la diversidad, sino a reimponer una visión monocultural del poder del capital. Velasco encarna lo que Gramsci caracterizó como el ‘transformismo’ en la política: la capacidad de las clases dominantes para absorber elementos aparentemente innovadores manteniendo su dominación. Su ‘mutación’ digital es la forma contemporánea que adopta la lucha de la burguesía por reconstituir su hegemonía tras su crisis orgánica. En ese claroscuro entre lo viejo y lo nuevo del que hablaba Gramsci, figuras como Velasco no anuncian el amanecer de un nuevo orden, sino el retorno de los viejos monstruos bajo una luz más brillante y engañosa.

Este domingo 17 de agosto, lxs bolivianxs asistiremos a las urnas para elegir a quienes gobernarán el país durante los próximos cinco años. Muy lejos de representar una fiesta democrática, estas elecciones constituyen un peligro inminente para la estabilidad social del país, ya que gran parte de los candidatos que aparecerán en las papeletas electorales no son signo de renovación ni de conciliación entre las distintas fuerzas que conforman el tejido social boliviano. Por el contrario, se trata de figuras que, en las décadas de 1980 y 1990, se aliaron con personajes nefastos de nuestra historia, como los dictadores Luis García Meza y Hugo Banzer Suárez. A través de reformas antipopulares y masacres, ellos fueron actores activos de la privatización del Estado y del escandaloso aumento de la desigualdad social y el empobrecimiento de las clases subalternas durante la época del neoliberalismo en Bolivia.

En ese contexto, desde Revuelta Malcriada nos dimos a la tarea de recopilar información que permita mostrar el pasado oscuro de candidatos como Manfred Reyes Villa, Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina, para refrescar la memoria de nuestrxs lectorxs. A través de las publicaciones realizadas, hicimos hincapié en el hecho de que Reyes Villa encarna el poder local autoritario ligado a la violencia y la privatización de servicios esenciales, como se evidenció en la Guerra del Agua y el referéndum de autonomías en Cochabamba, donde sus decisiones derivaron en muertes y represión. Quiroga, con formación tecnocrática y vínculos directos con think tanks estadounidenses y el Departamento de Estado, ha funcionado como puente entre la oligarquía nacional y los intereses internacionales, consolidando la privatización de recursos estratégicos y la militarización de la protesta social. Por su parte, Doria Medina articula la influencia del capital empresarial nacional, movilizando recursos y apoyos para mantener la hegemonía de la derecha en escenarios electorales y económicos. De esta manera dejamos en evidencia que, lejos de ser opciones que retomen el proceso de cambio en el país, dichos actores son la viva imagen de regímenes represores y de crisis económicas que enriquecieron a los de su estirpe en detrimento de las clases históricamente marginadas.

Además, recopilamos información sobre Marcelo Claure y la iniciativa Cuidemos el Voto 2025, que muestran cómo las redes de poder de la derecha buscan intervenir en el proceso electoral desde fuera del país. Claure, desde Estados Unidos, coordina operaciones estratégicas y financieras que apuntan a influir en decisiones políticas y a fortalecer candidaturas afines a sus intereses empresariales y geopolíticos. Iniciativas como Cuidemos el Voto 2025, presentadas como observación ciudadana, funcionan en la práctica como mecanismos de control digital y generación de narrativas de fraude a través de la exclusión de comunidades indígenas y rurales en el conteo de votos. La interconexión entre candidatos como Reyes Villa, Quiroga y Doria Medina con Claure y estas plataformas evidencia un entramado político y económico que prioriza la acumulación privada y la influencia de potencias imperialistas externas, perpetuando la desigualdad y la exclusión social, mientras se presenta al electorado una fachada de modernización y renovación política. Con propuestas para salir de la crisis de antaño como el regreso al neoliberalismo y las recetas de austeridad que impone el FMI, el índice de desigualdad incrementará.

En ese marco, las encuestas presidenciales de los últimos días muestran que, en caso de concretarse una coalición de partidos, estas fuerzas de derecha obtendrían más de dos tercios en las cámaras del poder legislativo. Esto, de ser real, nos enfrenta a la posibilidad de que se produzca no solo la privatización de empresas estatales, préstamos descomunales por parte de entes internacionales, la introducción de transgénicos y la expansión de la frontera agrícola, la privatización de tierras comunitarias y la anulación del Estado Plurinacional; sino también a la militarización de distintas regiones del país para evitar resistencias a estos cambios. Por lo tanto, esperamos que las publicaciones realizadas sobre todos los actores mencionados puedan servir a la población en su conjunto para tomar decisiones informadas y con conciencia crítica, que permitan hacer frente —mediante la lucha popular desde las calles, pero también, dentro del Estado— a las propuestas demenciales e intenciones oscuras que se ciernen en el campo electoral.

Comprendemos que en esta coyuntura existan organizaciones y colectividades políticas que ven un agotamiento de la legitimidad de la disputa dentro del Estado y no ven sus voluntades representadas en las papeletas, por lo que optarán por anular su voto. Esto nos parece una postura válida mientras haya un horizonte organizativo militante como respuesta. Sin embargo, recordamos también lo que dijo Althusser: “Toda la lucha política de las clases gira alrededor de la toma y conservación del poder del Estado”. La avanzada de la derecha burguesa en estas elecciones con una capacidad inédita de generar mayorías en la asamblea, lo demuestra. También, queda claro que el movimiento popular y sindical necesita subsanar su agotamiento, su falta de horizontes y sus divisiones internas para poder hacerle frente a una derecha neoliberal que será despiadada en la represión, persecución y en su política económica. Llamamos a la conciencia de cada unx para poder escoger sus herramientas de resistencia teniendo muy en cuenta que las personas empobrecidas, precarizadas y racializadas serán las más desventajadas si la derecha asume el poder político con poca resistencia. Invitamos a todas las colectividades y organizaciones sociales de izquierda y con conciencia social a organizarnos y encontrarnos en los frentes, a pesar de las diferencias. Desde dentro de Bolivia y afuera, nos urge rearticular las alternativas existentes desde las bases sociales para proponer ese país justo y digno para todxs.

Sabemos que el neoliberalismo no es únicamente un modelo económico, sino una maquinaria política e ideológica que, bajo el disfraz de “modernización” y “progreso”, despoja a los pueblos de su soberanía, mercantiliza sus territorios, precariza la vida y arrasa con derechos conquistados tras décadas de organización y sacrificio. Frente a ello, la resistencia popular en Bolivia ha demostrado, una y otra vez, que la dignidad no se vende ni se privatiza. Esa historia viva nos recuerda que la defensa de la justicia social y la soberanía no se limita a las urnas, sino que se forja en las calles, en las comunidades y en cada espacio donde se disputa el sentido del país. Por ello, sin importar los resultados electorales, en Revuelta Malcriada estaremos presentes, desde nuestra trinchera, para hacer frente a las fuerzas fascistas y neoliberales que amenazan con destruir las conquistas populares. No duden, compañerxs, que acompañaremos las luchas del pueblo, convencidxs de que solo la acción colectiva y consciente podrá frenar a quienes buscan devolvernos a un pasado de saqueo, desigualdad y represión.

Cuidemos el Voto se presenta como una iniciativa “desde la ciudadanía” para garantizar transparencia electoral, por sus financiadores, vínculos políticos y metodología, revela un proyecto alineado con la estrategia de injerencia de EEUU en Bolivia.

Propone sistemas de monitoreo electoral en tiempo real, basados en tecnología digital (apps, redes sociales, conteo rápido). Sin embargo, estas metodologías excluyen a gran parte de la población boliviana, especialmente en zonas rurales, indígenas y de extrema pobreza. La brecha digital, la pobreza y la dispersión geográfica hacen inviable el sistema de monitoreo propuesto por Cuidemos el Voto. Reproduce patrones de exclusión ignorando las profundas brechas estructurales del país, por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (2023), el 40% de la población rural carece de acceso estable a internet, mientras que la CEPAL (2022) reporta que el analfabetismo digital alcanza al 68% en comunidades indígenas. Esta realidad es particularmente crítica en regiones como Potosí y Oruro, donde la dispersión geográfica y la pobreza limitan cualquier sistema de monitoreo en tiempo real.

La exclusión sistémica del voto campesino facilita las narrativas de "fraude electoral" cuando ya se sabe que los resultados rurales tienden a cambiar la tendencia del cómputo de los centros urbanos. Esta estrategia de llamarle fraude a ese voto no captado previamente por las encuestadoras serviles, ya fue utilizada en procesos anteriores, como durante el 2019, para deslegitimar victorias contrarias a los intereses de la derecha en zonas históricamente marginadas.

El proyecto Cuidemos el Voto 2025 forma parte de operaciones de desestabilización que combinan tácticas convencionales con ciberguerra, donde el Comando Cibernético (CYBERCOM) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) podrían desempeñan roles clave. Estas agencias, históricamente vinculadas a escándalos de espionaje global, focalizan ahora sus recursos en Bolivia mediante ataques DDoS (ciberataques que buscan interrumpir el funcionamiento de un servicio en línea) y operaciones de influencia diseñadas para debilitar infraestructuras estatales y viralizar narrativas de “fraude electoral”.

Esta arquitectura de injerencia se sostiene mediante financiamiento encubierto a think tanks como el Growth Lab de Harvard, dirigido por Ricardo Hausmann. Este laboratorio promueve agendas neoliberales mediante eventos como Bolivia 360°, donde se cooptan élites locales para alinearlas con políticas extractivistas, particularmente sobre el litio boliviano, que concentra el 33% de reservas mundiales. Bolivia 360° figura como organización fundadora y aliada oficial de Cuidemos el Voto en todos los actos de lanzamiento.

La tecnología que se usará en el recojo y procesamiento de las actas de votación será ‘blockchain’, herramienta “que permite que las imágenes que sean procesadas se transformen en códigos de información y entren en la cadena sobre la que se construyen los bitcoins y no pueden ser alteradas”, explicó Vaca Daza en el lanzamiento. El uso de blockchain en sistemas electorales como el propuesto por Cuidemos el Voto 2025 presenta graves problemas que trascienden lo técnico y se enmarcan en luchas geopolíticas y de clase.

El 92% de las redes blockchain públicas (Ethereum, Solana) están dominadas por empresas estadounidenses (Coinbase, ConsenSys) o capitales europeos. Al externalizar datos electorales (fotos de actas, geolocalización), Bolivia entrega información estratégica a corporaciones sujetas a la CLOUD Act (ley que permite al gobierno de EEUU acceder a datos en servidores globales). En último caso, el uso de Blockchain garantiza que los datos no se alteren, tampoco evita que se ingresen información falsa desde el origen.

Sugerimos nuevamente que Cuidemos el Voto operará como arma de deslegitimación, explotando tres vulnerabilidades:

1- La brecha digital (que impide verificar sus datos en zonas rurales)
2- La asimetría mediática (para viralizar denuncias y fake news)
3- Ell hecho de que históricamente las encuestas de las elecciones bolivianas han errado con por lo menos un 10% de diferencia para las candidaturas que representan a la voluntad de las áreas rurales, indígenas y campesinas del país.

Lxs voceros de Cuidemos el Voto - siendo una de ellas Jhanisse Vaca Daza - afirman movilizar a más de 30.000 voluntarios. Nos preguntamos, ¿en cuántos recintos? No se sabe. ¿En cuántas mesas? Tampoco. Su página web no publica datos desagregados por territorio sobre la ubicación real de estos voluntarios, violando principios de transparencia que tanto les gusta demandar. Esta omisión es estratégica, claro está. Saben que sus voluntarios se concentran en las áreas urbanas del eje central del país y aunque prometen incluir áreas de “difícil acceso”, delegaron esa tarea a “gente local ya organizada” sin mecanismos de verificación, lo que invisibiliza a municipios indígenas con baja conectividad y con bajos vínculos con las asociaciones de derecha, que son las que empujan esta iniciativa en el país.

Exigen a lxs voluntarixs enviar fotografías de actas electorales con metadatos de ubicación (GPS), número de mesa y hora exacta, para almacenarlos en servidores con blockchain gestionado por empresas extranjeras no identificadas. Además, este proyecto se ampara en ambigüedades normativas que deben urgentemente modificarse: Precisamente la Ley 026 del Régimen Electoral (Art. 28). Esta permite la “observación electoral” sin regular tecnologías de recolección masiva de datos. Lo que le da paso a que Cuidemos el Voto pueda crear sistemas paralelos de escrutinio no auditables por el TSE, pero que pueden crear convulsión en el país, siguiendo el libreto de lo sucedido durante el golpe de 2019.

De igual manera, Cuidemos el Voto anunció en su política de privacidad que se hará “transferencias internacionales de datos”: “En caso de que transfiramos información personal fuera de Bolivia, nos aseguraremos de que existan garantías adecuadas (...)”. En esta cláusula no especifican qué países ni qué garantías aplican. El 92% de proveedores cloud (AWS, Azure) están sujetos a la CLOUD Act estadounidense, que permite acceso gubernamental a nuestros datos, sin ningún tipo de transparencia sobre sus fines.

Finalmente, queremos dejar constancia de las organizaciones aliadas a esta iniciativa, para recalcar que la derecha conservadora más recalcitrante está detrás de la misma. Algunas “plataformas ciudadanas” les serán conocidas por su participación como herramienta de legitimación del golpe de estado durante 2019 y 2020. Reiteramos, que el hecho de que se embanderen las causas de “derechos humanos”, de la “democracia”, de las “mujeres” y/o las causas “ecológicas”, no las hacen ser menos reaccionarias. Fueron y seguirán siendo parte del ecosistema que intentó reemplazar las estructuras de los movimientos sociales de base, tergiversando sus causas, cooptando y vaciando su vocabulario y su contenido para que sean serviles a la vuelta autoritaria de la derecha. Denunciamos que este es otro intento de lo mismo.

Organizaciones Aliadas (Información obtenida de su página oficial)

1. Bolivia 360° (Iniciativa neoliberal de injerencia impulsada por Marcelo Claure)

2. Alianza Unidad (Partido de Doria Medina)

3. Alianza Libre (Partido de Tuto Quiroga)

4. INTERCIENCIAS. Inteligencia Productiva. (Think tank neoliberal)

5. Ríos de Pie (ONG de injerencia estadounidense y de greenwashing)

6. Búnker. Tercera República (Medio de comunicación de ultraderecha)

7. Renovación (Organización ultraconservadora y libertaria cuyo lema es “Dios-Patria-Libertad-Propiedad Privada”)

8. Católicos en Política (Iniciativa conservadora y religiosa)

9. Consejo Boliviano de Laicos (Asociación conservadora y religiosa)

10. Por ti Mujer, Tarija (Asociación conservadora antifeminista)

11. Abogados somos todos, Santa Cruz (Asociación profesional conservadora)

12. CONADE (Asociación liberal)

13. Asociación Departamental de Derechos Humanos - Santa Cruz (Asociación liberal)

14. Hijos de la Patria (Iniciativa de derecha contra el Estado Plurinacional)

15. Defiende tu voto (Grupo de Facebook para promover la iniciativa que ya instaló la narrativa del fraude electoral)

16. Chuquisaca libertaria (Grupo de facebook libertario y neoliberal)

17. Action Center Bolivia (Fundación evangélica, ultraconservadora y antiderechos)

18. Universidad Cristiana de Bolivia - Santa Cruz (Universidad evangélica, ultraconservadora y antiderechos)

19. Coordinadora Patriótica Civil-Militar “Unidad democracia libertad” (El nombre lo dice todo)

20. Asociación Cristiana Evangélica (El nombre lo dice todo)

21. Culturadores (Medio libertario)

22. Fundación Innovación Democrática (FID Bolivia)

23. SOS Electoral (Asociación nueva, creada en marzo de este año con clara inclinación de derecha)

24. VOTARE (Iniciativa conservadora y de derecha financiada por Konrad Adenauer Stiftung)

25. Federación de profesionales de Santa Cruz (Federación conservadora)

26. Bolivia Verifica Elecciones (Organización sin fines de lucro)

27. Control Electoral Cochabamba (Asociación nueva, creada en marzo de este año con clara inclinación de derecha)

28. AMAR (Parece no ser una iniciativa pública, no encontramos información)

29. JUB-SIP Bolivia (No encontramos información)

30. Bloque Norte (Asociación de Santa Cruz creada en enero con clara inclinación de ultraderecha)

31. Movimiento Ana Barba (Iniciativa ultraconservadora de mujeres antifeministas de Santa Cruz)

No nos dejemos engañar ni agitar por este tipo de iniciativas. Ya sabemos que si es que la voluntad popular llegara a expresar un resultado contrario al que esperan, no dudarán en instalar la narrativa de fraude electoral, tal como lo hicieron durante el 2019.

Crea una narrativa de infalibilidad para deslegitimar al TSE cuando resultados rurales inclinen elecciones. La neutralidad de esta iniciativa es completamente falsa.

Tenemos memoria y sabemos quiénes son lxs que sostienen esas redes de complicidad.

¡No pasarán!

La trayectoria político-económica de Samuel Doria Medina constituye un arquetipo de la élite neoliberal boliviana, cuya praxis articula mecanismos de acumulación por desposesión entre ellos la “estrategia bonsái” con la transferencia de bienes públicos a capital privado durante las privatizaciones de los años noventa. Su narrativa de self-made man encubre un origen burgués intergeneracional y una participación directa en la reconfiguración regresiva del Estado, proyecto que ha buscado legitimar mediante sucesivas candidaturas presidenciales. En la actual contienda electoral, su propuesta de “resolver la crisis en 100 días” opera como dispositivo discursivo para reinstaurar un shock neoliberal: ajuste estructural, desmantelamiento de subsidios populares y realineamiento geopolítico con países imperialistas extranjeros, en sintonía con el Consenso de Washington. Dicha agenda, respaldada por sectores de la burguesía transnacionalizada (ejemplificada en Marcelo Claure), evidencia la continuidad programática de un modelo extractivista que subordina la soberanía nacional a los intereses del capital financiero.

Los 100 días de shock es un caballo de Troya neoliberal ¿Por qué? Promete "resolver la crisis" mientras planea eliminar subsidios, regalar el litio a transnacionales y cerrar empresas públicas. ¿La receta? La misma que aplicó con SOBOCE: evasión fiscal masiva mediante empresas offshore en Panamá (caso Akapana), defraudando 280 millones de bolivianos al pueblo boliviano. Ahora baila en TikTok para vender su shock económico, pero documentos judiciales y su alianza con el golpe de 2019 delatan su verdadero proyecto: restaurar la dictadura del capital.

¿Quién es Samuel?

Nació en La Paz el 4 de diciembre de 1958 en el epicentro de la burguesía paceña, es hijo del empresario Samuel Doria Medina Arana. Su acceso a capital económico y social desde la cuna desmiente el mito del self-made man que posteriormente intentaría construir.

Su formación en instituciones privadas, Colegio Alemán de Oruro, la Universidad Católica Boliviana, Arizona State University y la elitista London School of Economics (Reino Unido) no fue producto del mérito individual, sino de la reproducción intergeneracional de privilegios de clase. Doria Medina intenta venderse como producto final de la ‘’cultura del esfuerzo’’, un absurdo. ¿Qué lo delata? Su trayectoria educativa, financiada por el capital familiar que lo integró a redes transnacionales de poder donde moldea el ideario neoliberal que luego implementa. Como documentan registros biográficos y revistas económicas bolivianas, Doria Medina encarna la paradoja de una élite que simula ascenso por esfuerzo mientras consolida estructuras heredadas de dominación.

La biografía de Samuel Doria Medina desnuda los mecanismos de reproducción intergeneracional del poder. Su infancia en Oruro (1964-1976) encapsula la contradicción fundamental de su clase: creció en el corazón del proletariado minero, pero tras los muros del Colegio Alemán, institución que Silvia Rivera Cusicanqui (Cusicanqui, 2010) define como "dispositivo colonial de alienación burguesa". Mientras la Federación Sindical de Trabajadores Mineros libraba batallas históricas en las calles, el currículo germanizado de este colegio (financiado por capitales mineros privados) le enseñaba a naturalizar la explotación como orden natural. Esta formación dual (proximidad física al pueblo, distancia ontológica de sus luchas) forjó su posterior habilidad para instrumentalizar técnicas retóricas. Como documentan registros educativos y análisis de Rivera, aquí se gestó el capital relacional con hijos de gerentes de COMIBOL (al igual que en el caso de Marcelo Claure) que luego articularían redes de saqueo estatal.

Su ascenso a Ministro de Planeamiento (1991-1993) bajo Jaime Paz Zamora (MIR) fue el punto de inflexión donde su formación pasaría a concretizarse en medidas arrasadoras. El K’encha asumió en aquel entonces la jefatura del gabinete económico y la dirección de las políticas de privatización que desmontaron sectores estratégicos como la industria cementera y ferroviaria, lo que marcó la conversión de su formación en praxis depredadora. Desde este puesto, perfeccionó la estrategia bonsái (inspirada en manuales de Harvard) que documentos de UDAPE revelan como sabotaje institucionalizado. Se trata de una asfixia calculada a empresas públicas. La receta era clara: limitar deliberadamente los recursos de las compañías estatales, restringiendo inversiones, mantenimiento y modernización, para impedir su crecimiento y hacerlas parecer inviables. Una vez reducidas a su mínima capacidad operativa, eran rematadas a precios muy por debajo de su valor real, muchas veces a empresas privadas vinculadas con el propio círculo de poder. Este método fue el “plan B” de Doria Medina cuando la privatización directa encontraba resistencias, y terminó siendo una herramienta eficaz para acelerar el desmantelamiento de más de 45 fábricas estatales en todo el país. El resultado fue un grave retroceso industrial, pérdidas millonarias para el Estado, incremento del desempleo y migración forzada del área rural, mientras el sector privado ligado al poder político ampliaba su dominio sobre sectores clave de la economía boliviana.

Durante su gestión ministerial impulsó el proyecto FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), un préstamo otorgado por Estados Unidos a Bolivia tras el cual Doria Medina fue imputado por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, junto con otras ex-autoridades, por haber desviado fondos estatales con condiciones beneficiosas para Funda‑Pro. En esta misma época se encargó también de la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), en sintonía con el recetario del Consenso de Washington. Este proceso, además de transferir activos estratégicos al capital privado, sentó las bases de su propio emporio empresarial: El caso SOBOCE (1992). Este último sintetiza la fusión de poder político y económico. Un año después de debilitarla como ministro, Doria Medina adquirió la cementera estatal a precios irrisorios, convirtiéndose en el “rey del cemento” durante 27 años, materializando lo que David Harvey teoriza como acumulación por desposesión: transferencia de bienes colectivos a manos privadas mediante simulación de legalidad. Es decir, Doria Medina fue juez y parte: diseñó la política de privatizaciones y se benefició directamente de ellas, apropiándose de recursos públicos bajo el disfraz de “modernización”. Su emporio se erigió sobre este despojo primigenio. Como evidencia su expansión hacia mineras privatizadas que reemplazaron a COMIBOL, su fortuna jamás surgió de la innovación productiva, sino de convertir órganos del estado en maquinarias de expropiación para su propio beneficio.

Su diversificación lo llevó a controlar franquicias como Bolivian Foods, que administran lo que son Burger King y Subway; hoteles de lujo como Los Tajibos; y megaproyectos inmobiliarios como la Green Tower en La Paz y Santa Cruz, símbolo de la ostentación empresarial construida sobre la base de un Estado desmantelado.

Su trayectoria política refleja la deriva autoritaria de la burguesía neoliberal. Su militancia inicial en el MIR (ya en fase neoliberal) fue puro oportunismo táctico en los 90s. Más adelante, en 2003 rompió con el MIR y fundó Unidad Nacional adoptando el ropaje de “derecha moderna” con la que ha postulado a la presidencia en 2005 (7,8%) y en 2009 (5,6%); pero su techo electoral del 24% (2014), número que hoy apenas se acerca, solo se logró mediante alianza con la oligarquía cruceña a través de Rubén Costas y el Movimiento Demócrata Social, grupo documentado por APDHB/CERD por violencia racista contra sectores indígenas y campesinos. El desenlace fue su salto al abismo autoritario: en 2020 aceptó la vicepresidencia con Jeanine Áñez, validando el gobierno de facto surgido del golpe de 2019. Su apoyo a un gobierno autoritario de facto y su posterior retiro por marginalidad electoral reveló que la defensa de sus privilegios de clase prevalece sobre cualquier principio democrático.

Su figura, como analiza James Dunkerley, simboliza la paradoja de una burguesía que utiliza el Estado para desmantelar la soberanía nacional. Su legado no es el del emprendedor visionario, sino el del depredador que convirtió la política en herramienta de acumulación propia y que, ante la crisis orgánica de su modelo, abrazó sin ambages el autoritarismo. En esta historia se condensa el fracaso histórico del neoliberalismo en Bolivia: un proyecto de desindustrialización, dependencia y concentración de riqueza que sólo pudo sostenerse mediante la violencia de clase.

Vínculos con el narcotráfico, la DEA y la geopolítica de la coca

El nombre de Samuel Doria Medina aparece también en la historia del narcotráfico y la injerencia estadounidense en Bolivia como un operador clave de la dependencia económica y la represión al sindicalismo cocalero durante los años 90. Como Ministro de Planeamiento y Coordinación del gobierno de Jaime Paz Zamora, su firma institucionalizó la subordinación de Bolivia a los designios geopolíticos de Washington.

En junio de 1992, fue el ejecutor clave de la política de chantaje institucionalizado que vinculó la ayuda estadounidense a la erradicación forzosa de coca, firmó junto al director de USAID-Bolivia, Carl H. Leonard, la Enmienda N° 2 al Convenio de Donación para el Programa de Recuperación Económica por 15,8 millones de dólares. La letra pequeña era clara: parte de esos fondos dependía de que Bolivia excediera la erradicación de 6.400 hectáreas de coca en once meses. Este acuerdo no era técnico: era un instrumento de presión para avalar la ocupación militar estadounidense en curso. Fue cuando 250 efectivos del Ejército estadounidense, junto a agentes de la DEA, ocuparon el aeropuerto de Viru Viru y operaron en las selvas amazónicas bolivianas, ejecutando el operativo “Largo Aliento” en el Chapare con helicópteros artillados y allanamientos masivos. La “ayuda” era, en realidad, pago por servicios represivos coordinados con Washington, quien imponía su agenda de erradicación a cambio de condonaciones de deuda y asistencia económica. Ese mismo año, Doria Medina firmó en Washington un acuerdo con el Departamento del Tesoro y la AID para condonar a los Estados Unidos 372 millones de dólares de deuda, otro gesto de sumisión diplomática que amarraba la política boliviana a las prioridades antidroga de EE.UU. Mientras en Bolivia aproximadamente el 74% de la población boliviana vivía en situación de pobreza, con un 42.5% considerada en pobreza extrema, según datos de la CEPAL.

Los acuerdos firmados por Doria Medina en 1992-1993 legalizaron la presencia militar extranjera. Tras su Enmienda N° 2, el gobierno boliviano aceptó el ingreso de “asesores” estadounidenses para entrenar a la FELCN (p. 29), allanando el camino para que en agosto de 1993, el Congreso -bajo presión de la embajada de EEUU- aprobara la llegada de tropas “para adiestramiento antidroga” (p. 28). Mientras tanto, la DEA y UMOPAR cometían atrocidades documentadas:

● Bombardeo de caminos vecinales en San José (Chapare) con helicópteros

● Intervención violenta del mercado legal de coca en Villa 14 de Septiembre.

● Asesinato del ciudadano Ángel Rojas por el agente Bryan Donaldson, quien fue evacuado a EE.UU. sin consecuencias

Doria Medina, al avalar esta ocupación, fue cómplice de la transformación de Bolivia en un protectorado “antidroga’’.

Paralelamente, impulsó la Ley 1330 de Privatización (24 de abril de 1992), que desmanteló empresas estatales siguiendo el mandato del Consenso de Washington. Este marco legal permitió que transnacionales como la estadounidense Lithco (hoy FMC Lithium Corporation) explotaran el litio del Salar de Uyuni mediante un contrato leonino, mientras la DEA encubría redes de narcotráfico de alto nivel. En este tablero, la DEA ha jugado siempre un papel ambiguo: por un lado, persigue y extradita a algunos narcotraficantes; por otro, tolera o incluso protege a quienes le resultan funcionales a su estrategia geopolítica. El episodio de Huanchaca en los 80 lo demuestra: una megafábrica de cocaína operó con conocimiento de la DEA y la CIA para financiar a los contrarrevolucionarios tras la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua. Documentos oficiales[1] admiten que ambas agencias sabían de su existencia antes del asesinato del científico Noel Kempff y sus acompañantes durante una expedición, pero bloquearon investigaciones para proteger estas operaciones, incluyendo el asesinato del diputado del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Edmundo Salazar, quien indagaba el caso. Posteriormente, su esposa, María Elena Oroza, al señalar al MNR y a la DEA como cómplices de la muerte de Kempff y de su esposo, también fue asesinada. Así, Doria Medina, al facilitar el saqueo de recursos, operaba dentro de la misma red de impunidad que beneficiaba a corporaciones y agencias de EE.UU (Quintana Taborga, J. R.2016), recordándonos que la llamada “guerra contra las drogas” nunca ha sido una cruzada moral, sino un instrumento de control político y económico.

Pero los vínculos de Samuel con la sombra del narcotráfico no quedaron solo en el plano institucional. Durante el llamado “Acuerdo Patriótico” (alianza ADN-MIR), el gobierno de Paz Zamora -del cual Doria Medina fue operador central- enfrentó escándalos de narcovínculos que culminaron con la renuncia forzada del presidente de la vida política en 1993. No se debe olvidar tampoco, que en 1994, el fiscal de la FELCN, Fernando Mita, ordenó investigar a Samuel junto a Rosario y Edith Paz Zamora (hermanas del expresidente Jaime Paz), a Susana Seleme y a Carlos Valverde, por supuestos nexos con redes de narcotráfico. Estas indagaciones formaban parte del escándalo de los “narco-vínculos” del MIR, donde también figuraba Isaac “Oso” Chavarría, acusado formalmente como narcotraficante en 1993 y señalado como financista de campañas políticas del MIR. Aunque las investigaciones no prosperaron judicialmente, como es habitual cuando el poder político está involucrado, dejaron un rastro documentado de la cercanía de Doria Medina a círculos permeados por el narco en una época en que el Estado boliviano y el crimen organizado se nutrían mutuamente. Esta trama se enmarcó en una era donde el narcotráfico operó como lubricante del proyecto neoliberal: financió campañas, cooptó instituciones y aseguró lealtades políticas a cambio de impunidad.

Nos queda claro que el MIR usó recursos del narco para financiar su maquinaria política, mientras Doria Medina gestionaba el préstamo de USD 560 millones en París a cambio de privatizar el Estado. De esa forma, Doria Medina, devino en un eslabón funcional al entramado narco-empresarial que utilizó la privatización como fachada para lavar activos y transferir recursos públicos a grupos criminales.

Tres décadas más tarde, las conexiones con el narcotráfico volvieron a tocar al entorno de Doria Medina. En su actual lista al Senado incluyó a Karla Robledo, hija de Carlos Arturo Robledo Áñez, alias “Gafas” o “Chichito”, detenido en 2021 en Estados Unidos y condenado por conspirar para importar cocaína a gran escala. La justicia estadounidense probó que Robledo podía organizar envíos de hasta 1.700 kilos usando conexiones familiares con una aerolínea boliviana. El caso provocó la renuncia de Karla Robledo, pero evidenció que las redes de influencia entre la política de derecha y el narcotráfico permanecen intactas, y que las élites de poder siguen compartiendo listas y mesas con operadores de este negocio ilícito.

La acusación que hace Doria Medina contra el MAS como “narco-gobierno”, coreada en su campaña 2025 bajo consignas como “se acabó la fiesta”, constituye una paradoja histórica cargada de cinismo. Quien fuera ministro de un régimen cuestionado por vínculos narcos y promotor de un modelo económico que desmanteló el Estado (facilitando el control territorial del crimen organizado), ahora se erige como paladín anticorrupción. Esta operación discursiva es un ejercicio de hipocresía estructurada: desplaza su propia complicidad histórica con redes ilícitas hacia un gobierno surgido de movimientos sociales que, pese a sus contradicciones, enfrentó abiertamente a élites tradicionales vinculadas al narcotráfico.

El lema “se acabó la fiesta” revela su doble moral: alude festivamente al fin de un ciclo populista, pero omite que la “fiesta” original fue el saqueo neoliberal de 1985-2005, donde él mismo participó en privatizaciones fraudulentas (como la venta de empresas estatales a precios irrisorios) que beneficiaron a testaferros del narcotráfico.

Entonces Samuel es un producto orgánico de un sistema donde narcotráfico y neoliberalismo son caras de la misma moneda. Su giro discursivo de cara a las elecciones presidenciales de este año (2025) que viene evolucionando desde hace ya 4 intentos (2005, 2009, 2014, 2020), expresa la crisis terminal de una burguesía que, ante su fracaso en restaurar hegemonía (fracaso del golpe 2019), recurre a fetichizar la corrupción y convertirla en espectáculo acusatorio contra el gobierno nacional-popular para ocultar que el narco-poder es constitutivo de su acumulación originaria. Pretenden reescribir la historia acusando al gobierno del MAS de haberlo hecho, una estrategia discursiva de la burguesía como mecanismo central de dominación ideológica, a esto Dunkerley lo llama “inversión acusatoria”, un proceso donde la élite proyecta sobre sus adversarios los crímenes que ella misma comete con el fin de borrar su rastro en 40 años de infiltración narco-estatal (desde Bánzer hasta Mesa), mientras se presenta como “víctima” de un MAS que, paradójicamente, recibió un país con 34% del territorio controlado por narcos (Informe OEA 2005).

La verdadera “fiesta” que debe terminar es la de una élite que confunde Estado con botín y democracia con impunidad.

Tuto y Samuel, un solo corazón

La relación entre Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga no es coyuntural ni electoral: se remonta a un pacto sellado en Washington en julio de 1997. Su relación es un eje fundamental en la política boliviana contemporánea, caracterizada por alianzas estratégicas, tensiones competitivas y una base ideológica neoliberal compartida. Ronald MacLean en un artículo reciente reveló que en julio de 1997, Doria Medina (entonces figura clave del MIR) y Quiroga (vicepresidente electo de Hugo Banzer) viajaron a Washington para negociar la incorporación del MIR al gobierno de Bánzer. La moneda de cambio fue el plan Coca Cero: la erradicación total de los cocales en el Chapare, no como imposición de Washington, sino como oferta voluntaria de ambos para que el Departamento de Estado levantara el veto al
MIR y devolviera las visas a sus dirigentes.

En Boston, el propio Jeffrey Sachs, al escuchar la propuesta, advirtió: “Van a convertir a miles de campesinos pobres en criminales”. La advertencia fue ignorada. La implementación de esa política, combinada con la ofensiva contra la economía informal y la institucionalización represiva de la Aduana, detonó la resistencia cocalera y potenció el liderazgo de Evo Morales, que en 2002 pasó de ser un actor marginal a quedar segundo en las elecciones, muy cerca de Sánchez de Lozada.

El pacto de 1997 no solo abrió la puerta a la represión en el Chapare; selló una alianza estructural entre dos operadores del neoliberalismo que compartían la misma hoja de ruta: ajuste fiscal, privatización, apertura al capital transnacional y subordinación geopolítica a EEUU. Esa sintonía se reactivó en 2019, cuando ambos respaldaron el golpe contra el gobierno del MAS-IPSP apostando por un gobierno alineado con la agenda de Washington.

Tras la muerte de Bánzer (2002), Quiroga asfixió al ADN para fundar Podemos (2005), mientras Doria Medina creó Unidad Nacional (2003). Aunque ambos buscaban capitalizar el vacío opositor, sus proyectos compitieron por el mismo electorado empresarial

En diciembre de 2024, ambos integraron una coalición opositora para enfrentar al MAS. Sin embargo, Quiroga acusó a Doria Medina de “maniobras arteras” al autoproclamarse candidato único sin consenso. La alianza se disolvió en abril de 2025, con Quiroga declarando: “Estamos condenados a entendernos, pero no bajo trampas”.
Doria Medina ha intentado posicionarse como un gran empresario, impulsor de proyectos de “responsabilidad social” como Estación Central y programas de capacitación para microempresarios. Sin embargo, su historial de procesos judiciales por contratos lesivos al Estado, malversación de fondos y daño económico, incluyendo el caso SOBOCE en Sucre, deja claro que es un gran industrial, claro que sí, uno con grandes intereses para engrosar la billetera familiar y de sus allegados.

Samuel, el gran evasor de impuestos

En septiembre de 2005, Samuel Doria Medina utilizó la empresa offshore Akapana S.A., creada un mes antes en Panamá, para triangular la venta del 46,57% de SOBOCE al Grupo Cementos de Chihuahua: transfirió las acciones a sus hermanas por Bs 160 millones, quienes el mismo día las revendieron mediante Akapana por Bs 528 millones, ocultando una ganancia real de Bs 368 millones y evitando pagar Bs 54 millones en impuestos (deuda que en 2017 superaba Bs 280 millones); aunque la familia alegó persecución política, documentos y testimonios de la cementera mexicana confirmaron que Doria Medina solicitó usar la offshore para reducir cargas fiscales, invalidando su defensa.

El artículo de La Izquierda Diario titulado "Elecciones 2025. Samuel Doria Medina y las mentiras de Claure", señala que Doria Medina se enriqueció a costa de los trabajadores durante la privatización de la Fábrica de Cemento El Puente (Tarija, 1996). "La Prefectura del Departamento de Tarija le entregó 743.750 USD, que correspondía a los beneficios sociales adeudados a los trabajadores. Este dinero debía representar el 4,73% de las acciones [...] pero jamás fueron entregadas" (La Izquierda Diario, 2025) . Esta práctica contrasta con su imagen pública como generador de empleo, reforzada tras vender Soboce en 2014 con una cláusula de "estabilidad laboral" para 10,000 empleados. El artículo añade que, como ministro de Planeamiento (1991-1993), Doria Medina amenazó con "hacer volar puestos de empleados" ante protestas obreras, evidenciando un patrón de precarización.

Es importante señalar su rol en el consorcio Aguas del Tunari, que intentó privatizar el agua en Cochabamba (2000), y el caso FOCAS, donde "Doria Medina, Gonzalo Sánchez de Lozada y otros fueron acusados de desviar 21 millones de USD de fondos públicos" a cuentas privadas. Estas operaciones se alinean con su estrategia de elusión fiscal: en 2014, tras vender Soboce a Holding Cementero (Perú) por $us 300 millones, canalizó los fondos al exterior sin pagar impuestos en Bolivia.

Los vínculos de Samuel Doria Medina con la burguesía transnacional

La trayectoria empresarial de Samuel Doria Medina y su familia, especialmente a través de Soboce y luego de la Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA), revela las modalidades de integración de la burguesía nacional al capital transnacional y las contradicciones de ese proceso en un país dependiente de la exportación de materias primas.

La venta del 30%, en 1995, de Soboce al grupo cementero chileno Bio Bio por 15 millones de dólares evidenció la transformación de la empresa familiar en un proyecto de escala continental. Este aporte de capital extranjero no sólo reforzó la capacidad productiva, sino que también señaló la dependencia de la industria boliviana de inversiones foráneas (Molina, 2016). Esa transacción consolidó la elevación de parte del excedente hacia el capital internacional y subrayó la subordinación del pequeño capital local al gran capital transnacional.

El ingreso de socios internacionales, como Bio Bio, CDC (Commonwealth Development Corporation) y más tarde el grupo mexicano Chihuahua, refleja el proceso de financiarización y transnacionalización del capital boliviano. Fernando Molina en su libro relata: ’’Cuando un socio salía (…) se le permitía que se llevara una parte del patrimonio común”(Molina, 2016), como mecanismo para fracturas solucionadoras internas. Esta dinámica evidencia las tensiones de la burguesía nacional por mantener la autonomía frente al capital global y sus agentes.

La compra de empresas estatales o en crisis (El Puente, Fancesa, Emisa) fue parte de la estrategia para consolidar la presencia de Doria Medina en el mercado nacional e incrementar la acumulación capitalista, enfrentando resistencias políticas y sociales. Nótese algo importante respecto a algo que menciona el texto: “La consigna de Soboce no solo fue usar el 10% de sus utilidades, sino también el 10% del tiempo de sus ejecutivos en la “misión de mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde se encuentran sus operaciones productivas y proveedores’’. La responsabilidad social de las empresas de Samuel, lejos de ser un altruismo puro, funciona como un instrumento ideológico para sostener la legitimidad del capital bajo la acumulación y explotación propias del sistema capitalista en Bolivia.

Los 100 días de shock

Su cínico plan de “100 días” promocionado como solución mágica a la crisis es un manual de terapia de shock neoliberal, plantea eliminar los subsidios a los combustibles y cerrar empresas públicas “ineficientes”, medidas que históricamente han provocado estallidos sociales en Bolivia. Como el gasolinazo de 2010, que por cierto fue el mismo Doria Medina quien acusó al gobierno de aumentar los precios de la gasolina, y esta denuncia se replicó en 2014. Su programa plantea un giro geopolítico estratégico: romper alianzas con China, Irán y Rusia para ‘normalizar’ relaciones con EE.UU. y la UE. Esta reorientación no es inocente; abre las compuertas para que corporaciones occidentales controlen el litio y otros recursos estratégicos. Como magnate, Doria Medina comprende que su acumulación futura depende de la entrega de sectores clave al capital transnacional, replicando el modelo que aplicó con la privatización de su cementera SOBOCE en los años 90.

Esta estrategia opera bajo la lógica de la doctrina del shock: aprovecha la crisis para imponer medidas regresivas que, en condiciones normales, desatarían revueltas populares. Lejos de ser original, este shock replica los paquetes de ajuste del FMI que devastaron América Latina en los 80-90. No es casual su admiración por Javier Milei, cuyos 'logros' en Argentina exhibe como modelo: como todo shock neoliberal, su objetivo real no es resolver la crisis, sino reconfigurar la economía para beneficio del capital transnacional. En Bolivia, esto significa abrir el litio y minerales estratégicos a inversores extranjeros, mientras la clase trabajadora asume el costo del ajuste.

La candidatura 2025 de Samuel Doria Medina sé envuelve en la retórica de “renovación”, un placebo discursivo recurrente en la derecha boliviana que, recicla viejos operadores políticos bajo formatos de marketing digital y un barniz empresarial. En la fórmula de Tuto Quiroga, se vende al empresario tecnológico Juan Pablo Velasco, rostro ‘innovador’ para un proyecto neoliberal caduco. En el caso de Samuel Doria Medina ejecuta su más audaz rebranding político: abandona su imagen de magnate del cemento y hamburguesas para fabricar un perfil de ‘emprendedor exitoso’ mediante un discurso de autoayuda neoliberal. Su estrategia comunicacional mezcla populismo empresarial con marketing digital: bailes en TikTok, financiamiento de influencers y slogans cortos para seducir a un electorado urbano de clase media desencantado con el MAS pero teme a la ultraderecha explícita. A pesar de no tener ni un gramo de carisma, ha entrado al universo de Tiktok como un influencer que baila canciones virales, se suma al trend otaku y realiza Trends virales, poco a poco ha generado alianzas con los influencers jóvenes, que tienen mayor alcance mediático. Por ejemplo, en 2023, a través de su programa EMPRENDE IDEAS, que pertenece a su fundación - oh, sorpresa -, se ha vinculado con una de las Tiktokers con más de nueve millones de seguidores en el país, Albertina Sacaca. A través de estas estrategias intenta lavarse la imagen del político de antaño a emprendedor que casualmente construye edificios y es amigo de influencers y streamers.

No es casual que en las últimas semanas Nidia Monje, esposa de Samuel Doria Medina, haya intensificado su presencia en platós televisivos y canales de streamers en YouTube. Este despliegue mediático no responde a un interés espontáneo por el debate público, sino a una calculada estrategia de blanqueo de imagen y reposicionamiento político. Bajo el barniz de una supuesta “conciencia social”, se construye una narrativa donde la figura femenina se instrumentaliza como pieza de marketing: un rostro amable que suaviza el perfil del candidato y legitima su proyecto. Este guión responde a la lógica patriarcal del capitalismo neoliberal, que asigna a la mujer un papel decorativo y conciliador - el de mediadora entre el empresario y “el pueblo”-, perpetuando la subordinación de su imagen y voz a la agenda de poder del hombre proveedor.

Doria Medina representa la actualización del manual neoliberal para la era de las redes sociales: un mismo proyecto de transferencia de riqueza al capital privado, envuelto en hashtags y videos virales para disimular el viejo olor a privatización. En este sentido, la fórmula que encabeza no es una propuesta de cambio real, sino un relevo generacional dentro de la misma clase dominante que ha gobernado, de forma directa o por intermediarios, desde la implantación del modelo neoliberal en 1985. El “k’encha” no viene a abrir un nuevo ciclo, sino a cerrar el círculo: devolver el Estado a las élites, con el aplauso de un público adormecido por la estética del emprendedor exitoso que baila en Tiktok.

El programa de Doria Medina, bajo una crítica superficial al MAS, promueve un capitalismo salvaje disfrazado de renovación: al centrar su modelo en el emprendimiento, mercantiliza la supervivencia forzando a la clase trabajadora a convertirse en microempresarios precarizados, mientras desmantela el Estado con un ajuste neoliberal que incluye despidos masivos (20% de recorte fiscal) y privatización encubierta de empresas públicas financiada por el FMI. Aunque anuncia una "transición energética", profundiza el extractivismo depredador (litio y minería privatizados, greenwashing con ONGs cómplices como Ríos de Pie) contradiciendo su propia promesa de "Deforestación Cero 2030" al impulsar carreteras en el TIPNIS y ampliar la frontera agrícola para exportación. Su "Pacto Fiscal" y Zonas Económicas Especiales fracturan la lucha social mediante competencia territorial, creando enclaves para transnacionales y descentralizando la pobreza, mientras su "Reforma de Justicia" aniquila la justicia comunitaria indígena. Todo esto consolida a Bolivia como colonia de recursos al servicio de oligarquías y capital extranjero, saqueando el país bajo el hashtag del progreso.

Conclusiones

Samuel Doria Medina, como operador político y empresarial, perfeccionó mecanismos de saqueo, como la "estrategia bonsái" usada para transferir bienes públicos a élites transnacionales, mientras su retórica de "emprendedor exitoso" oculta un origen burgués privilegiado y una historia de fraudes fiscales (caso Akapana). Su alianza con el golpe de 2019 y su programa para 2025 centrados en privatizaciones, ajuste estructural y realineamiento geopolítico con EE.UU.confirman que su objetivo es restaurar la hegemonía del capital financiero, profundizando un modelo extractivista que ya devastó Bolivia en los 90.

La falacia del "capitalismo para todos", eje de su campaña, reproduce la primera ilusión peligrosa identificada por Juan Pablo Neri en su artículo reciente sobre las elecciones, Samuel y su ‘’equipo’’ venden la fantasía de una Bolivia donde todos pueden ser "emprendedores". Su promesa de "700.000 emprendimientos" es una trampa porque capitalismo requiere excluidos para funcionar, pues la acumulación en pocos presupone la explotación de muchos. Como advierte Neri, ni siquiera los grandes capitalistas creen este relato; su verdadero fin es naturalizar la desigualdad mediante un wishful thinking neoliberal. Cuando estas élites repriman las protestas contra el ajuste, como lo hicieron antes (1985-2005), lo harán convencidas de castigar a los"desviados" que no encajan en su ficción meritocrática.

La democracia corporativa bajo amenaza se evidencia en su segundo mito: el "ciudadano individual informado". Al demonizar la organización colectiva (sindicatos, movimientos indígenas) como "anomalías tenebrosas", Doria Medina prepara el terreno para criminalizar la protesta social, tal como reprimió sindicalizaciones en Burger King. Su retórica de "desideologización" y "gobernanza" es la coartada para restaurar un orden donde las élites deciden sin mediaciones populares. Esto implica un retroceso histórico: desconocer que en Bolivia la democracia real se construye desde lo comunitario-organizativo, no desde el individuo abstracto del liberalismo. Su "fiesta democrática" será, en verdad, un funeral para las conquistas populares.

Podemos concluir entonces que el proyecto de Doria Medina encarna la crisis terminal de una burguesía incapaz de renovar su hegemonía sin recurrir al shock neoliberal, la impunidad narco-empresarial y la simulación mediática. Frente a esto, la defensa de la soberanía boliviana exige develar su doble moral: mientras acusa al MAS de "narco-gobierno", su propia trayectoria lo vincula a redes de saqueo y violencia estatal que hundieron al país en la pobreza. La contradicción de Samuel Doria Medina sintetiza la crisis. En esta batalla semiótica, el desafío popular es develar que tras su retórica purificadora se esconde la continuidad de un pacto de impunidad disfrazado de renovación democrática.

Bibliografía

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11. Neri, J. P. (2024). Algunas advertencias finales sobre las elecciones en Bolivia. Substack. https://juanpabloneri.substack.com/

La figura de Jorge “Tuto” Quiroga encarna la consolidación de una burguesía tecnocrática boliviana formada en las entrañas del imperialismo norteamericano, alineada con los intereses del capital transnacional y las élites tradicionales durante el auge del neoliberalismo en los años 90 y principios de los 2000. El claro hijito predilecto de la burguesía al servicio de Washington, usado como arma contra su propio pueblo.

En este análisis abordamos un Tuto funcional entre la oligarquía boliviana y el complejo injerencista estadounidense. También explicamos a profundidad sus conexiones con otros líderes de la derecha latinoamericana, incluyendo al Samuelito Doria Medina; su rol en la guerra del agua; y hablaremos, por qué no, de su no-tan-joven y no-tan-innovador candidato a la vicepresidencia Juan Pablo Velasco. Si quieres más contenido como este, suscríbete a nuestro Substack, donde publicaremos boletines detallados directamente en tu correo. ¡Es gratis!

¿Quién es Tuto Quiroga?

Jorge Quiroga, el mejor conocido por Tuto, nació el 5 de mayo de 1960, en Cochabamba. Salió bachiller del colegio La Salle en Santa Cruz y fue enviado por su familia a Estados Unidos para cursar estudios superiores, como buen hijito de papis pudientes. Allí obtuvo el título de Ingeniería Industrial en la Universidad de Texas A&M y, en 1986, una maestría en Administración de Empresas en la Universidad St. Edward's de Austin. Desde 1981 trabajó para el gigante informático IBM en Texas, su formación lo vinculó tempranamente al capitalismo anglosajón y a la cultura corporativa al ser acogido en el Programa de Entrenamiento de Mercado. En 1988 retornó a Bolivia para incorporarse al sector privado, trabajando en econometría para la empresa minera Mintec y como vicepresidente de Proyectos e Inversión en el Banco Mercantil de Bolivia donde ejerció de vicepresidente de Proyectos e Inversión, antes de entrar en la política y en el servicio público.

Tuto ingresó al partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1989, facilitado por Carlos Iturralde Ballivián. Cabe recordar que ADN era el partido del General Banzer Suárez, ex dictador responsable de masacres como la de Tolata (1974) y fue un partido de extrema derecha. En 1990, con 30 años, Jorge “Tuto” Quiroga fue nombrado subsecretario de Inversión Pública en el Ministerio de Planeamiento bajo el gobierno de megacoalición entre el ADN y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En 1992 ascendió a ministro de Finanzas durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (MIR–ADN). Desde ese cargo, representó a Bolivia como gobernador ante el Banco Mundial y el FMI, lideró negociaciones con Estados Unidos para la reducción de la deuda externa y asumió funciones clave como gobernador ante la entonces Corporación Andina de Fomento (CAF) y secretario nacional de Política Social. Todas estas posiciones formaron parte de una arquitectura de subordinación neocolonial diseñada para institucionalizar el ajuste estructural en Bolivia. Durante este periodo, Tuto se casó con la estadounidense Virginia Gillum, quien también trabajaba para IBM y con quien tendría cuatro hijos que, hasta el día de hoy, portan la nacionalidad estadounidense.

Mientras desde la Secretaría de Política Social hablaba de pobreza, que afectaba al 59% de la población en 1992, desde el FMI promovía las mismas políticas que la profundizaban. Esa esquizofrenia institucional fue funcional al capital transnacional, pues ofrecía contención social superficial para evitar la revuelta, mientras se saqueaban los recursos del país mediante privatizaciones, recortes sociales y desregulación. Como director de la CAF, canalizó créditos hacia megaproyectos extractivistas (gas y minería) que beneficiaron a empresas como Enron y Shell, además de favorecer a la burguesía cruceña (CAINCO y la Cámara de Industria), consolidando una alianza entre capital extranjero y élites locales.

La Guerra del Agua, tema que desarrollamos más adelante, fue la prueba definitiva de esto: En 1999, mientras Tuto Quiroga, como vicepresidente, imponía tarifas que consumían el 35% del ingreso de familias pobres (SEMAPA aumentó precios 20% en 1998 y Aguas del Tunari hasta 175%), su Secretaría de Política Social simulaba combatir la pobreza. El modelo, dictado por el Banco Mundial, exigió traspasar USD 100 millones en deudas públicas a la Alcaldía de Cochabamba para hacer 'atractiva' la privatización. Así, el agua dejó de ser un derecho para convertirse en mercancía controlada por un consorcio opaco.

Durante sus gestiones en BM, FMI y CAF se aplicó al pie de la letra el manual del Consenso de Washington: recortes a subsidios en alimentos y combustibles, beneficios fiscales para transnacionales, desarticulación de redes comunitarias de supervivencia y criminalización de la protesta social. En paralelo, lideró la privatización a través de la CAF, incrementando la deuda externa y reforzando la dependencia estructural del país frente al capital financiero internacional. Todo esto en coordinación con la embajada de EE.UU., garantizando la primacía de los intereses de las transnacionales por encima de la soberanía del pueblo boliviano.

Tras la victoria electoral del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1993, Quiroga retornó al sector privado, pero consolidó su influencia dentro del ADN, siendo designado subjefe nacional del partido y miembro de su Comité Político en 1995.

Para las elecciones generales del 1997, Bánzer lo seleccionó como compañero de fórmula para las elecciones presidenciales del 1 de junio. Tras la victoria con el 22.8% de los votos, Quiroga asumió como vicepresidente el 6 de agosto de 1997. Además, Tuto fue el arquitecto del “Plan Dignidad”, una ofensiva contra el movimiento campesino cocalero que militarizó el Chapare para beneficiar a las petroleras estadounidenses. Este plan no fue una imposición de Washington, sino una oferta voluntaria de Quiroga para congraciarse con el Departamento de Estado. En julio de 1997, Quiroga viajó a Washington junto a Samuel Doria Medina (en ese entonces aliado) para solicitar la participación del MIR en el gobierno de Bánzer, algo que se reveló en el reciente artículo de Ronald McLean (exministro de Bánzer y docente de Harvard). Fue en ese viaje que se presentó el ‘Plan Coca Cero’ para la eliminación total de cocales en el Chapare, como moneda de cambio para que EE.UU. levantara el veto al MIR y devolviera las visas a sus dirigentes. MacLean revela que el mismo Jeffery Sachs (famoso economista neoliberal) advirtió en Boston que el plan ‘convertiría a miles de campesinos en criminales’ y era una ‘pésima idea’ algo que Quiroga y Doria Medina, ignoraron sabiendo perfectamente las consecuencias de la advertencia.

La Guerra del Agua, los fracasos y las alianzas

Su ascenso a la presidencia en 2001 (tras la renuncia de Bánzer, quien enfermó de cáncer) profundizó el saqueo de los recursos naturales, pero su compromiso con el capital transnacional ya estaba grabado en la memoria boliviana tras la Guerra del Agua. Como vicepresidente de Bánzer, Tuto Quiroga avaló la privatización del agua en Cochabamba mediante la Ley 2029 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (octubre de 1999), un marco jurídico calculado para el saqueo. Esta ley otorgó a Aguas del Tunari (consorcio fantasma con capital de apenas USD 6,700) el monopolio sobre pozos comunitarios y sistemas de riego ancestrales. Bajo el disfraz de eficiencia (palabra que evoluciona hoy en día con la promesa de innovación), criminalizó a los regantes (Art. 76) mientras blindaba cláusulas leoninas: tarifas indexadas al dólar, cobro de alcantarillado hasta el 90% del recibo, y facultad para expropiar fuentes de agua bajo el criterio de 'ineficiencia' (Art. 38). Mientras la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida liderada por Oscar Olivera y Omar Fernández exigía diálogo, el gobierno respondió con el Plan Correcaminos (8 de abril), desplegando francotiradores de la FRIE que asesinaron al joven Víctor Hugo Daza (17 años) e hirieron a 31 personas, incluidos niños. Tuto Quiroga autorizó personalmente el estado de sitio y la cacería de dirigentes como Evo Morales, cuyas Seis Federaciones del Trópico reforzaron los bloqueos.

La victoria popular en la Guerra del Agua fue un revés al proyecto neoliberal y reveló la esencia de su gestión: la privatización como dogma.

Ese 'revés' fue escrito con sangre el 7 de abril de 2000, cuando Tuto Quiroga avaló el 'Gran Engaño' donde el prefecto Hugo Galindo y Monseñor Tito Solari anunciaron falsamente la salida de Aguas del Tunari para desmovilizar las protestas. Horas después, el gobierno desmintió el acuerdo y decretó estado de sitio, allanando viviendas y persiguiendo dirigentes. Este doblez, típica de los manuales contrainsurgentes que Quiroga aprendió en sus vínculos con think tanks estadounidenses, fracasó ante la insurrección del 8 de abril, cuando la quema del cuartel del GES y las barricadas masivas forzaron la huida de Bechtel. La Ley 2066 que derogó la privatización (10 de abril) no fue una concesión, sino una victoria arrancada por el pueblo tras dos muertos y 55 heridos.

Tras la muerte impune del Bánzer en mayo de 2002, Tuto, como incluso McLean menciona en su revelador artículo, asfixió al ADN con el fin de pavimentar su propio camino a la presidencia, fundando Podemos para las elecciones de 2005, un total fracaso al perder estrepitosamente ante Evo Morales.

Su gobierno, marcado por la herencia de una economía en recesión, lanzó el “Plan Tuto”, un paquete de austeridad fiscal, flexibilización laboral y subsidios a la gran burguesía cruceña. Combinado con la promoción de inversiones extranjeras y el desarrollo de gasoductos para exportar energía a Brasil, EE.UU. y México. Su obsesión con el gasoducto al Pacífico revelaba su sometimiento a los intereses de las multinacionales energéticas. Mientras el 59% de la población vivía en pobreza (ONU, 2002), su gobierno priorizó el pago de la deuda externa sobre la soberanía alimentaria.

En el ámbito internacional, Quiroga defendió en la II Cumbre UE-América Latina (Madrid, 2002) la necesidad de que los países ricos apoyaran la erradicación de cultivos ilegalizados abriendo sus mercados a exportaciones bolivianas, pero no para incentivar la economía y eliminar la desigualdad, sino para incrementar la militarización del país, sobre todo del Trópico de Cochabamba. Además, durante la misma demostró no ser el lacayo ejemplar de los gringos, ya que su cipayaje fue sometido a fuertes críticas de EE.UU. por la lentitud en la eliminación de cocales en Cochabamba. Tras ser elegido jefe nacional del ADN el 3 de marzo de 2002, Quiroga impuso un discurso de "tercera vía" blairista no para modernizar el partido, sino como cortina de humo de su estrategia de desmantelamiento. Este maquillaje retórico no podía ocultar la esencia del ADN: un partido fundado por un ex dictador responsable de masacres, con políticas de extrema derecha incrustadas en su ADN.

El fracaso fue inmediato: en las elecciones de ese mismo año, el ADN con Ronald McLean Abaroa como candidato obtuvo sólo el 3.4% de los votos. Pese a la debacle, Quiroga usó su control sobre las ruinas del partido para ordenar el apoyo a Gonzalo Sánchez de Lozada en la investidura congresual del 4 de agosto de 2002, bloqueando el ascenso de Evo Morales.

Su complicidad con el modelo de saqueo se profundizó en 2003: junto a Samuel Doria Medina, respaldó el gasolinazo de Sánchez de Lozada que desató la Guerra del Gas. La disputa entre ambos jamás fue ideológica, como revela el pacto secreto de 1997, sino la pugna de dos operadores por administrar el mismo proyecto neoliberal.

¿Cuáles son sus vínculos con EE.UU. y Think Tanks de imperialistas y de derecha?

Por si aún no quedaba claro, Jorge ‘’Tuto’’ Quiroga funciona como puente entre la oligarquía boliviana y el complejo injerencista estadounidense. Sus vínculos con redes internacionales de derecha se articulan principalmente a través de dos ejes estratégicos. Fue vicepresidente de la New Direction Foundation del 2014 al 2019; se trata de un think tank con sede en Bruselas alineado al Partido Republicano de EE.UU. y la Atlas Network.

Tuto Quiroga participó en el diseño de programas de entrenamiento para líderes opositores de derecha en Venezuela y Nicaragua, disfrazados bajo la retórica de “resistencia democrática”. Estas operaciones, financiadas por lobbies energéticos como Koch Industries, buscaban desestabilizar gobiernos antioligárquicos mediante tácticas de guerra híbrida, combinando movilizaciones callejeras y operaciones psicológicas.

Paralelamente, su rol como miembro ejecutivo de la International Democrat Union (IDU) lo insertó en una red global cofundada por Margaret Thatcher y financiada por la NED a través del International Republican Institute (IRI). Desde esta plataforma, Quiroga coordinó apoyo logístico a Vente Venezuela de María Corina Machado durante las protestas violentas de 2014 y 2017 en Venezuela, canalizando recursos para inflamar el conflicto interno bajo el pretexto de “defensa de los derechos humanos”.

Apoyo sistemático a María Corina Machado en Venezuela

La colaboración de Quiroga con la oposición venezolana se estructura en dos niveles: coordinación política y financiamiento encubierto. Como delegado boliviano en el Grupo de Lima (2017-2019), alianza promovida por EE.UU. para aislar diplomáticamente a gobiernos progresistas, Quiroga facilitó reuniones estratégicas con María Corina Machado en foros como la Asamblea de la OEA 2019 en Medellín y el CPAC 2023 en Hungría, este último patrocinado por sectores ultraderechistas europeos. Estas cimas sirvieron para alinear estrategias desestabilizadoras en la región.

La eficacia de Quiroga como nodo contrarrevolucionario tiene que ver con sus redes transatlánticas coordinadas por think tanks intervencionistas. Un ejemplo es su vínculo con Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy, con financiamiento de la NED para producir informes que acusaban a los gobiernos de Evo Morales y Nicolás Maduro de “narcogobiernos”.

Operador continental en la guerra híbrida

Jorge Quiroga trasciende su rol de político boliviano para erigirse como un asset estratégico del Departamento de Estado en la coordinación de la ofensiva contrarrevolucionaria en América Latina. Su eficacia reside en articular tres niveles: think tanks (New Direction, IDU) como fachadas legitimadoras, plataformas de desestabilización local (“Ríos de Pie”) y flujos financieros encubiertos canalizados vía NED y USAID. Esta tríada opera bajo el paradigma de la “guerra híbrida”, donde la retórica democrática enmascara acciones de desintegración sociopolítica. Su trayectoria –desde el gobierno de Bánzer hasta el respaldo al golpe de 2019– refleja una coherencia funcional a los intereses geopolíticos estadounidenses, confirmando que la “oposición democrática” es en realidad un proyecto imperial reciclado para anular la soberanía de los pueblos.

Quiroga sintetiza la podredumbre de la burguesía nacional: su “tecnicismo” es la máscara de un verdugo que convierte países en feudos de corporaciones. Su defensa por ONGs “verdes” y la oligarquía confirma que el imperialismo muta (greenwashing, golpes “suaves”) pero no retrocede.

Hoy, bajo la insultante imagen de renovación, se presenta como candidato a la presidencia por quinta vez para las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto de este año. Quiroga busca limpiar su nombre distorsionando la historia, pero las cicatrices de la Guerra del Agua lo desenmascaran: mientras él coordinaba la represión en abril de 2000, SEMAPA renació bajo control social, modelo que democratizó el agua y redujo tarifas, demostrando que la autogestión popular funciona donde el neoliberalismo saquea. Su vicepresidente, Juan Pablo Velasco cuyos negocios precarizan trabajadores, confirma que su proyecto es restaurar esa doctrina del shock.

Juan Pablo Velasco como vice: La representación “joven” de la patronal del capitalismo de plataforma

Juan Pablo Velasco, el candidato a vicepresidente que acompaña a Tuto en la Alianza Libre encarna la contradicción fundamental del proyecto opositor: una fachada de innovación tecnológica que oculta un núcleo ideológico profundamente alineado con el neoliberalismo más ortodoxo. Velasco, un empresario cruceño de 37 años sin trayectoria política previa, fue presentado como el “primer vicepresidente tecnológico y digital de la historia de Bolivia” en un acto cargado de simbolismos futuristas, donde Quiroga interactuó con un avatar digital de su yo joven.

Velasco es fundador de Netcomidas.com (adquirida por PedidosYa) y gerente general de la multinacional Yango. Algo que Alianza Libre usa como garantía de modernidad, pero revela su adscripción al modelo de capitalismo desregulado y economía de plataforma que precariza el empleo. Su discurso, centrado en “traer el mundo a Bolivia”, evoca la misma retórica de apertura comercial que caracterizó a Quiroga en los 90, cuando como ministro de Finanzas de Jaime Paz Zamora impulsó las negociaciones con el FMI y el Banco Mundial para la reducción de la deuda externa a cambio de ajustes estructurales.

La elección de este perfil para vicepresidente no es casual, responde a la necesidad de Quiroga de oxigenar su imagen sin alterar su programa económico, que promete un “acuerdo con el FMI”, “tipo de cambio flexible” y la privatización de empresas estatales bajo el eufemismo de “concesiones”.

Este mismo patrón de engaño se usó en la Guerra del Agua: en 1999, el gobierno de Bánzer-Quiroga vendió el proyecto Misicuni como ‘solución técnica’ al desabastecimiento, ocultando que su túnel, adjudicado sin licitación a la italiana ICE-ASTALDI que encubría el negocio de Aguas del Tunari. Hoy, Velasco repite el libreto: promete ‘empleos digitales’ como coartada para privatizar recursos estratégicos, igual que en 1999 cuando el ‘tecnócrata’ Quiroga entregó el agua a Bechtel. La diferencia es que ahora usan apps en lugar de leyes: la precarización laboral de repartidores (CEDLA, 2025) es el nuevo Art. 29 de la Ley 2029.

Velasco, como figura apolítica, opera como cortina de humo para un proyecto que revive la esencia del PODEMOS de 2005, recordemos que era la agrupación de Quiroga y que defendió contratos petroleros favorables a multinacionales, la designación de Velasco consolida una alianza con la élite empresarial cruceña.

Este matrimonio entre tecnócratas y la vieja guardia patrimonalista de Santa Cruz expresa la verdadera naturaleza de Libre: una coalición que, pese a su retórica renovadora, apuesta por la restauración del poder de las oligarquías regionales y el capital transnacional, utilizando como carnada el lenguaje de la innovación para ocultar su compromiso con un modelo que ya gobernó Bolivia en tiempos de Banzer y que hoy promete “atar los cordones de los zapatos” del Estado, como irónicamente declaró Quiroga al despreciar servicios públicos esenciales. Velasco, en este esquema, no es un agente de cambio, sino el rostro fresco, que provoca más cringe que tendencias virales, con un proyecto que busca reflotar el mismo ideario que en 2001 llevó a Quiroga a suceder a Banzer entre acusaciones de conspiración con Washington y los “dinosaurios” del ADN. Velasco sintetiza la reconfiguración neoliberal del capital en la era digital, donde la explotación laboral se enmascara bajo retóricas de “emprendimiento” y “flexibilidad”. El reporte del CEDLA sobre repartidores y conductores en plataformas digitales en Bolivia revela cómo sus empresas (PedidosYa, Yango) y su fintech Presto operan como dispositivos de acumulación capitalista basados en la precarización laboral estructural.

Los repartidores y conductores usan sus propios medios de producción (automóviles, motos, celulares, seguros) para generar ganancias a plataformas de Velasco. Trabajan 74 horas semanales sin derechos laborales, mientras empresas como Yango externalizan costos y riesgos. Esto genera plusvalía absoluta: el valor creado por el trabajador ($6,000 Bs/mes) es apropiado por el capital, que solo invierte en algoritmos de control.

Mientras el padre de Velasco, Álvaro Velasco Bruno, desfalcaba el Banco Fassil (condenado por organización criminal en 2023), su hijo construyó un imperio basado en eludir obligaciones laborales. Plataformas como Presto y Yango operan bajo contratos civiles atípicos, evadiendo seguridad social, aguinaldo y jornadas de 8 horas, fomentando la informalidad.

El “éxito” de Velasco como “emprendedor estrella” (Netcomidas vendida a PedidosYa) se sustenta en la explotación de migrantes y jóvenes. Por ejemplo, Javier (venezolano) y Gerardo (ingeniero subempleado) son parte de mano de obra barata sin alternativas, obligada a aceptar condiciones inhumanas.

Velasco promueve una “democracia participativa digital” en su campaña, pero no solo declaró no saber qué es la AGETIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación), sino que sus empresas usan algoritmos para Intensificar la explotación con turnos basados en scoring que obligan a aceptar pedidos no rentables. Además de buscar fragmentar la lucha de clases, pues los repartidores compiten entre sí por calificaciones, anulando la solidaridad de clase. Promueve la tecnología como fetiche al asegurar que van a "generar 50,000 empleos" lo que no dicen es que estos “empleos” son trabajo precarizado sin derechos. El CEDLA demuestra que 87% de repartidores no superan el salario mínimo tras descontar gastos (gasolina, mantenimiento, impuestos).

Su promesa de “cambiarlo todo” busca restaurar la hegemonía oligárquica. En pocas palabras Velasco asegura la precarización del trabajo vía apps y Quiroga garantiza impunidad al gran capital donde la “innovación” es un eufemismo para la sobre explotación.

Tuto disfraza el slogan político de ser el candidato mejor preparado. La única credibilidad que le da la gente es gracias al borrado colectivo de la memoria histórica y a sus supuestas salidas “fáciles” a las crisis. El país no puede estar a la mano de un títere de la oligarquía boliviana y de Washington. Asimismo, Juan Pablo Velasco, la joven promesa que reconoce no saber de política, no va a innovar la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino que va a proyectar el modelo de precarización de sus empresas al estado. Es así como los dos ven a Bolivia, como una empresa a la cual se le puede seguir sacando rédito mientras venden promesas que solo van a cumplir para ese porcentaje tan pequeño de burgueses. La fórmula Quiroga–Velasco no propone un nuevo país: propone pintar con apps el mismo modelo de saqueo, precariedad y sumisión. En su campaña, Tuto promete un “país de propietarios”, y así será, solo que no será para nosotrxs; sino a costa de nosotrxs. El viejo régimen quiere volver, con cara de tecnócrata y fondo de saqueo. Que no te engañen con el disfraz digital y “renovador”: Tuto ya gobernó, y lo hizo contra el pueblo.

Bibliografía

1. Centro de Investigaciones de Relaciones Internacionales y Desarrollo (CIDOB). (s.f.). Jorge Quiroga Ramírez. En R. Ortiz de Zárate Arce (Ed.), Líderes políticos. Recuperado el 29 de julio de 2025, de https://www.cidob.org/lider-politico/jorge-quiroga-ramirez

2. Ruiz, J. (2024, 22 de febrero). Atlas Network, organización internacional de la derecha injerencista. Libera Radio. https://liberaradio.com/atlas-network-organizacion-internacional-de-la-derecha-injerencista

3. Villa Laura, M. (2025, julio). Reportaje: Repartidores en Bolivia: trabajo precario en un mundo digital creciente. [Coordinado por Unidades de Investigación y de Comunicación CEDLA]. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). https://cedla.org/reportaje-repartidores-en-bolivia-trabajo-precario-en-un-mundo-digital-creciente/

4. MacLean-Abaroa, R. (2025, 29 de julio). El pacto secreto de Tuto y Samuel. Brújula Digital. https://brujuladigital.net/opinion/el-pacto-secreto-de-tuto-y-sam

5. Salazar Ortuño, F. B. (2011). Movimientos sociales en torno al agua en Bolivia: Privatización e insurrección social en la guerra del agua en Cochabamba. ASDI; Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Manfred Reyes Villa ha ocupado durante décadas espacios clave de poder en Bolivia, tanto como alcalde de Cochabamba, prefecto departamental, militar activo y candidato presidencial. Sin embargo, su trayectoria política no puede entenderse sin un examen crítico de su responsabilidad en algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente del país. Su figura encarna la impunidad de quienes han manejado el poder desde una lógica autoritaria, desligada del respeto a la voluntad popular y los derechos humanos.

¿Quién es Manfred Reyes Villa?

Manfred Reyes Villa B. nació en la ciudad de La Paz, el 19 de abril de 1955. Sus padres son el Gral. Armando Reyes Villa, quien fue exministro de defensa del dictador Luis García Meza, y Rosario Bacigalupi de origen chuquisaqueño. Estudió en el colegio Israelita de la ciudad de La Paz; en el año 1973 ingresó al Colegio Militar de Ejército, en 1976 asistió a la Escuela de las Américas y en 1977 obtuvo el grado de subteniente. Fue oficial de la Policía Militar en la residencia presidencial entre 1979 y 1981 fungió como edecán de Arce Gómez entre los años 1980 y 1981. Se debe tomar en cuenta que desde 1981 a 1986 no residió en Bolivia, fue enviado como agregado militar de la Embajada de Bolivia en Brasil y Estados Unidos y ocupó la Secretaría General de la Agrupación de Agregados Militares de Sudamérica en Washington D. C. (Estados Unidos). En ese país estudió Administración de Empresas en la universidad George Washington University y trabajó en una empresa comercial norteamericana. En 1986 retorna a Bolivia después de varios años viviendo y formándose en Estados Unidos y desde entonces comienza a integrarse a círculos empresariales, sociales y cívicos cochabambinos, utilizando tanto su red familiar como los contactos laborales y empresariales desarrollados en el extranjero.

Reyes Villa se integra a Acción Democrática Nacionalista por el dictador Hugo Banzer, donde capitaliza su red familiar (su padre fue ministro de García Meza) y su formación militar-empresarial. El ADN era el núcleo de la Alianza Patriótica (1989), coalición reaccionaria que aglutinaba a militares, oligarquías y partidos conservadores (ADN, FSB, MNR derecha (ADN), para frenar el avance de movimientos obreros, campesinos e indígenas. Esta alianza operó como un bloque histórico (en términos gramscianos) para mantener la hegemonía de las clases dominantes, mediante represión selectiva: Exterminio de líderes sindicales y de izquierda (ej. Masacre de Villa Tunari, 1988). Se llevan adelante contrarreformas neoliberales como la privatización y desmantelamiento de derechos laborales bajo el gobierno de Paz Zamora (1989-1993), donde ADN fue socio clave.

La crisis de legitimidad de los partidos tradicionales tras el “paquetazo neoliberal” de 1992 (decreto 21060) fracturó la Alianza Patriótica. Reyes Villa, buscando autonomía, y valiéndose de la construcción de un liderazgo carismático, se alía con el MBL (Movimiento Bolivia Libre, una escisión “renovadora” del MIR), que le ofrece una plataforma “técnica” y antipartidista para candidatear a la alcaldía de Cochabamba en 1993. Esta movida refleja su pragmatismo político porque abandona de forma conveniente a un ADN en declive para posicionarse como “gestor moderno”.

Entre 1997-2001 se dio el eje crítico en la reconfiguración del poder neoliberal y autoritario en Bolivia que se representa en la alianza política entre Manfred Reyes Villa (entonces líder de Nueva Fuerza Republicana, NFR) y el expresidente-dictador Hugo Banzer Suárez (ADN)

Tras fundar NFR en 1995 como un proyecto “autónomo” y “antipolítico”, Reyes Villa buscaba proyectarse nacionalmente. Sin embargo, ante la imposibilidad de competir solo, pactó con Banzer, quien necesitaba apoyo regional para ganar las elecciones. Esta coalición permitió a Banzer retornar al poder (esta vez por vía electoral) y a Reyes Villa obtener cuotas de poder en Cochabamba y cargos nacionales para sus aliados (como Carlos Sánchez Berzaín).

El NFR se presentaba como una “renovación” frente a los partidos tradicionales, pero su alianza con Banzer —símbolo del autoritarismo de los años 70— expuso su oportunismo político. Reyes Villa capitalizaba su imagen de “gestor moderno” mientras se vinculaba a un proyecto de restauración conservadora.

Como alcalde, Reyes Villa firmó en 1999 el contrato con Aguas del Tunari (consorcio liderado por Bechtel), ejecutando el decreto 2029 del gobierno de Banzer que privatizó el agua. Este acuerdo garantizaba a la empresa un 15% de retorno anual sobre inversiones, financiado con tarifazos.

El aumento promedio del 35% en las tarifas (algunos usuarios pagaban hasta $20 mensuales en un país con salarios mínimos de $100) desencadenó protestas masivas organizadas por la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida. Reyes Villa defendió el modelo, argumentando que cubría deudas y ampliaría la red, pero ignoró el impacto en la población, generando represión y muertes.

Esta concesión, ampliamente rechazada por la población, detonó una ola de movilizaciones que culminó con la intervención de fuerzas militares y policiales. En esos días de resistencia popular, el joven Víctor Hugo Daza, de apenas 17 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza. Aunque Reyes Villa ha intentado desvincularse de este crimen, su rol como autoridad firmante del contrato y su respaldo político al régimen de Banzer lo comprometen ética y políticamente.

Uno de los episodios más reveladores de su gestión como prefecto se remonta al referéndum nacional de autonomías del año 2006. En aquella consulta, el 63% del electorado cochabambino votó en contra de las autonomías departamentales. A pesar de este mandato popular, Reyes Villa impulsó un nuevo referéndum departamental, desoyendo la voluntad ciudadana y generando un ambiente de tensión política y social. Esta decisión provocó una serie de protestas masivas que fueron brutalmente reprimidas, en un contexto marcado por el accionar violento de grupos afines a la prefectura —como los llamados “Jóvenes por la Democracia”— quienes contaban con armas de fuego y objetos contundentes. La consecuencia de esta escalada fue trágica: al menos cuatro personas fueron asesinadas durante los enfrentamientos, entre ellas Nicomedes Gutiérrez, Juan Tica Colque, Luciano Colque y Christian Urresti. Lejos de asumir responsabilidad, Reyes Villa negó su implicación directa y buscó distanciarse de los hechos, a pesar de las evidencias que lo vinculan con la cadena de decisiones que derivaron en la violencia.

El 2009, apoyado por la coalición PPB-CN, perdió contra Evo Morales (26% vs. 64%). En diciembre del mismo año, un fiscal emitió orden de captura por el desvío de $2.4 millones de fondos públicos durante su prefectura y su vinculación con los episodios trágicos de la “Guerra del Gas” (2003), donde murieron 80 manifestantes y la venta fraudulenta de bienes. Manfred Reyes Villa huyó a Miami vía Perú, donde solicitó asilo político alegando “persecución” del gobierno de Morales. Volvió a Bolivia en 2020 durante el gobierno de facto de Jeanine Añez.

Pese a todos estos antecedentes, Reyes Villa ha logrado mantenerse en la vida política boliviana, reapareciendo en distintos periodos como candidato o autoridad electa, incluso siendo nuevamente electo en 2021 como alcalde de Cochabamba. Esta permanencia refleja no solo la fragilidad de la memoria histórica, sino también los vacíos institucionales que han permitido la continuidad de actores ligados a la represión y el autoritarismo. La sangre derramada durante los conflictos sociales de Cochabamba no ha recibido justicia plena, y la impunidad con la que han actuado ciertos sectores del poder, entre ellos Reyes Villa, sigue siendo una herida abierta para la democracia boliviana.

Es urgente, por tanto, una revisión crítica y honesta del pasado político reciente, que no oculte ni romantice las trayectorias de figuras públicas implicadas en actos de violencia o pactos con regímenes dictatoriales. Manfred Reyes Villa no puede ser simplemente recordado como un líder carismático o un gestor exitoso. Su legado está marcado por decisiones que costaron vidas humanas, por su cercanía con estructuras represivas y por su persistente desprecio por la voluntad popular. Bolivia merece una clase política que no solo rinda cuentas, sino que esté a la altura del dolor histórico que cargan las víctimas del autoritarismo y la exclusión.

Marcelo Claure es el único personaje de la coyuntura política boliviana que no es candidato, porque de facto no lo necesita (y legalmente no puede serlo porque vive en los EEUU), ya que sabe que la derecha patrimonialista responderá a los intereses económicos que representa. Mientras otros ponen la cara, Marcelito pone el capital y mueve los hilos para entregarle el país en bandeja a los gringos por detrás. Está clarísimo que Marcelo opera como un puente entre la oposición boliviana y lobbies de Miami, donde se coordinan campañas de presión internacional contra gobiernos progresistas junto con las diásporas más reaccionaria de todo América Latina.

Es sobre todo, muy cercano a los operadores que responden a Washington que se encargaron de despedazar a la clase obrera boliviana en la época neoliberal.

Pero, ¿quién es este sujeto?

Marcelo es hijo de un geólogo paceño del mismo nombre. Marcelo Claure padre inició su carrera en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), una empresa estatal creada tras la Revolución del ‘52. Irónicamente, la familia Claure fue beneficiada por un Estado robusto y por la nacionalización de las minas. Posteriormente, la Comibol fue desmantelada por las reformas neoliberales introducidas en 1985. A raíz de ello, Claure padre buscó otros rumbos y encontró pega en las Naciones Unidas, siendo parte de proyectos de exploración geológica en países de Centroamérica como Guatemala, donde nació Marcelo hijo.

Durante su niñez, Marcelito se relocalizó en La Paz, donde cursó gran parte de su infancia en el colegio más elitista y burgués de la ciudad: el American Cooperative School, del cual se graduó en 1989. Si quedaban dudas sobre su acervo burgués y privilegiado, ese mismo año partió a Estados Unidos para estudiar en Massachusetts. Se graduó en 1993 con una Licenciatura en Ciencias en Economía y Finanzas, financiado completamente por su familia, sin becas, en uno de los períodos de mayor austeridad en la historia de Bolivia.

Desde 1995, Marcelo Claure reside en Estados Unidos, donde ha realizado inversiones de capital enormes. Sí, porque —según cierta lógica— cualquier bolivianx puede hacer eso: sólo hay que dejar de gastar en café, levantarse a las 5:00 am y dejar de poner excusas. Claro.

Actualmente se estima que Marcelo Claure posee activos por valor de aproximadamente 4.000 millones de dólares a través de su empresa privada, Claure Group. Sus inversiones abarcan más de 200 empresas en sectores como bienes raíces, tecnología y moda, ¡incluyendo una participación significativa en Shein! ¿Qué pensará papi Trump? Además, esta última explota principalmente a mujeres en países empobrecidos, generando plusvalía a costa de sus condiciones laborales precarias, mientras fomenta un modelo de consumo masivo y desechable que destruye el medio ambiente.

En Bolivia, su inversión principal es el Club Bolívar (al que no le ha podido terminar de construir un Estadio en 15 años), ya que ha expresado que las condiciones actuales del país no son propicias para inversiones privadas debido a la falta de condiciones para el capital de rapiña para extenderse y lucrar como lo hace en los Estados Unidos.

Marcelito es férreo fanático del oligarca más rico del mundo, cuyos pasatiempos son ser el mayor incel del internet, consumir una cantidad enorme de drogas, comprarse redes sociales para destruirlas, intervenir en elecciones apoyando a la extrema derecha y despedazar toda inversión social en el estado yankee:

Entregar el país en bandeja de plata a los gringos

Por el momento, Claure ha seguido de cerca las estrategias de Elon Musk para inmiscuirse en las elecciones bolivianas. Por ejemplo, ha realizado sus propias —y cuestionables— encuestas. También organizó una juntucha de la politiquería de derecha en Harvard (universidad en EEUU) llamada Bolivia 360°, intentando empujar con fuerza el discurso de la austeridad neoliberal. Todo esto, aunque las personas “token” que buscan legitimar estas reuniones insistan en que se trató de debates “inocentes” de un nivel digno de un “diplomado”.

La reunión fue un evento centrado en promover una agenda de ajuste neoliberal. Es una práctica común con múltiples precedentes, sabemos de la afición de muchos por ir a Estados Unidos con todo pagado.

Un importante antecedente se dio en abril de 2024, durante una reunión en Washington con los principales líderes de la derecha para intentar consolidar un binomio electoral. Fue Ronald MacLean, ex-asesor de Fernando Camacho quien develó que acordaron en la capital estadounidense “un pacto político secreto”, dolido porque seguramente no lo invitaron. Por otro lado, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi aseguró que fueron invitados por la Fundación Jucumari por ser la organizadora de tal encuentro. Jucumari es la nueva fundación de Jhanisse Vaca Daza, en la que ella ocupa el puesto de presidenta, ya ese nombrecito huele a rancio. Bajo el título seminario-taller “Democracia y Derechos Humanos en la región y en Bolivia”, este evento reunió a las principales líderes de la derecha con el objetivo de consolidar una agenda y un binomio de unificación bajo la tutela de los EEUU. Muy a pesar de Jhanisse Vaca Daza, su reunión fracasó, ya que el mismo Enrique Urquidi reconoció que la construcción de “un bloque de unidad serio” sería resultado de un trabajo de “largo plazo, no es una cuestión, de una reunión, de dos o de tres, es un proceso”.

Por lo tanto, Claure trata de retomar la batuta e invita a Bolivia 360° a los aspirantes a candidatos presidenciales de la derecha, incluyendo esta vez también a periodistas y “líderes de opinión” claro, considerando la cuota de diversidad para ser instrumentalizada. Personajes como Toribia Lero, Sayuri Loza, Eva Copa son una cuota étnica y de género, que lejos de significar presencia de peso y a favor de reivindicaciones sociales, es una estrategia de legitimación que oculta las estructuras racistas, patriarcales y elitistas del poder real. Ninguna de estas mujeres definen la agenda económica de Bolivia 360°, son figuras decorativas, sin capacidad de veto ni voz sobre decisiones que se tomen en el norte sobre el devenir de un país al sur.

Tal es la miopía de estas mujeres que, una de ellas planteó que su presencia era un esfuerzo por “construir puentes”, para otra fue un “diplomado” que debían replicar las universidades en Bolivia y la última sólo fue a tomar café y sacarse fotos en los intermedios.

Este evento estuvo liderado por Ricardo Hausmann, director del Growth Lab (Laboratorio de Crecimiento) del Center for International Development (CID), recibe fondos de USAID y el Banco Mundial.

Ricardo Hausmann fue asesor de la oposición venezolana y es uno de los economistas detrás del “Plan País” de Juan Guaidó, que proponía privatizaciones y dolarización, siguiendo el modelo de shock neoliberal. Ha sido uno de los arquitectos intelectuales del bloqueo financiero contra Venezuela, justificando sanciones y asesorando a actores opositores. Asesoró a gobiernos aliados como el caso argentino con Milei y Ecuador con Lasso, refuerza la imposición de modelos extractivistas y de dependencia. Tiene vínculos con el complejo industrial-financiero, es decir, el Atlantic Council y el Peterson Institute, think tanks alineados con la política exterior estadounidense, aquella que no podría haberse vuelto más clara con el ejemplo de Palestina e Irán hoy en día.

El Growth Lab se inserta en un ecosistema de think tanks y programas financiados por estas agencias, que buscan moldear políticas económicas en línea con los intereses de Washington. Su enfoque en “complejidad económica” suele traducirse en recetas de apertura comercial, privatizaciones y atracción de capital extranjero, coincidiendo con el manual de injerencia económica de EE.UU. Nada nuevo en la viña del señor, es una receta añeja que inició con las dictaduras militares del cono sur en los 70s.

Hausmann y el Growth Lab operan como instrumentos del poder blando de Estados Unidos, disfraza intervención económica bajo un discurso técnico y académico. Su rol en América Latina refuerza la dominación imperialista mediante la cooptación de élites locales y la imposición de políticas que profundizan la dependencia.

“Cuidemos el Voto 2025”- el primer embrión de Bolivia 360°

La iniciativa “ciudadana” nombrada Cuidemos el Voto no es solo “observación electoral”, sino un mecanismo de deslegitimación anticipada y peligrosa. Esto no es sobre “elecciones limpias”, sino sobre control y direccionamiento político. No es un debate técnico, la oposición quiere controlar el relato donde tiene ventaja (ciudades), mientras invisibiliza el voto campesino.

Se presenta como una iniciativa “desde la ciudadanía” para garantizar transparencia electoral, por sus financiadores, vínculos políticos y metodología revela un proyecto alineado con la estrategia de injerencia de EE.UU. en Bolivia.

Propone sistemas de monitoreo electoral en tiempo real, basados en tecnología digital (apps, redes sociales, conteo rápido). Sin embargo, estas metodologías excluyen a gran parte de la población boliviana, especialmente en zonas rurales, indígenas y de extrema pobreza. La brecha digital, la pobreza y la dispersión geográfica hacen inviable el sistema de monitoreo propuesto por “Cuidemos el Voto”.

¿Quiénes están detrás del proyecto? Para que estén al tanto, la alianza “Cuidemos el Voto” está conformada por:

ONGs:

• Ríos de Pie (fundada por Jhanisse Vaca Daza, vinculada a la NED, Freedom House y Oslo Freedom Forum, y muy conocida por ser el intento de hacer greenwashing el intervencionismo gringo en Bolivia desde antes del golpe de 2019).

• CONADE (también extremadamente conocida por su participación durante el golpe de 2019).

• Bolivia 360° (creada por Marcelo Claure)

Partidos políticos:

• Alianza Unidad (Samuel Doria Medina, derecha tradicional).

• Alianza Libre (Jorge Tuto Quiroga, derecha tradicional).
  

La doctrina del “shock” como bandera política de Claure

Para terminar de entender qué está detrás de la ideología política de Claure, no tenemos que investigar muy a fondo, él es bastante claro. En este Tweet devela, no sólo sus perspectivas ideológicas, sino también sobre sus vínculos con los gringos que introdujeron el neoliberalismo para despedazar Bolivia:

¿A qué se refiere con la “terapia de choque”? Naomi Klein nos lo explica en su libro La Doctrina del Shock: La “terapia de choque” es una táctica mediante la cual gobiernos o corporaciones imponen reformas neoliberales —como privatizaciones, recortes sociales— aprovechando momentos de crisis o conmoción social. Durante estos periodos, la población está demasiado desorganizada o traumatizada para resistir. Inspirada en experimentos de shock psicológico y en la doctrina económica de Milton Friedman, esta estrategia ha sido usada tras golpes de Estado, desastres naturales y guerras, favoreciendo intereses empresariales y debilitando la democracia.

En Bolivia el Decreto 21060 (1985) fue el ingreso formal del neoliberalismo en el país, se considera un ejemplo claro de terapia de choque porque, en medio de una crisis extrema e hiperinflación, el gobierno impuso abruptamente reformas neoliberales dictadas por organismos internacionales. Privatizó empresas estatales, recortó el gasto público y despidió miles de trabajadores al mismo tiempo, aprovechando la desorganización social. Estas medidas beneficiaron a élites económicas mientras empobrecieron a las mayorías de la clase trabajadora.

Este es el tipo de política económica “resiliente” que Marcelo Claure admira y quisiera volver a replicar en Bolivia, más de la misma basura neoliberal que empobrece y siempre castiga a las personas menos privilegiadas, pero ¿eso que le va a importar a un Whitelivian millonario que jamás conoció la precariedad?

Con todos estos antecedentes podemos comprobar que un millonario que proviene de una familia burguesa, que jamás tuvo que pasar por ninguna necesidad y que no representa la realidad de la mayoría de lxs bolivianxs, no debería tener para nada que decir al respecto de qué le conviene a Bolivia. Además, su presencia en la política electoral en este momento no es una cuestión de “altruismo”, sino que tiene que ver con intereses económicos particulares. Por lo tanto, en contraposición con lecturas miopes de la realidad que piensan que Bolivia 360° es una organización inocente, nosotrxs lo llamamos por lo que es: un intento de injerencia política financiada para representar los intereses de los capitalistas y los imperialistas. Por último, les queremos recordar que los millonarios no entran a la política porque sí, lo hacen porque buscan un beneficio propio, en el caso de Claure, volver a la época más precaria e inestable de Bolivia, para sacar provecho.